La Iglesia ha admitido que posee casi un millar de inmuebles que no le pertenecen, algo menos del 3% de los 34.961 bienes que consiguió inmatricular entre 1998 y 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar. La historia de apropiación por parte de la Iglesia venía de lejos, cuando otra ley hipotecaria, la franquista de 1946, le permitió inscribir como suyo cualquier bien, a excepción de los lugares destinados al culto, con el único requisito de la firma de un obispo. Con Aznar, la Iglesia también pudo inscribir los templos y así, por ejemplo, en 2006 la Diócesis de Córdoba realizó la inmatriculación de la mezquita-catedral de Córdoba por 30 euros, es decir, el coste del procedimiento. Según el portal de transparencia de la institución que gestiona la mezquita, en 2018 el Cabildo Catedral de Córdoba obtuvo unos ingresos de 15,8 millones de euros por la venta de entradas al monumento.

A principios de enero de 2020, en el primer día del debate de investidura, el aún candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, aseguró que se facilitaría “la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente” por la Iglesia. Y añadió:  “En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la Ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad”. Las afirmaciones de Sánchez estaban recogidas en el acuerdo de Gobierno de coalición con Unidas Podemos, y seguían la senda abierta por los socialistas en el Congreso, que ya en 2017 habían conseguido que se aprobara una proposición no de ley en este sentido. 

Dos años después de aquel debate de investidura, y once meses después de que el Consejo de Ministros remitiese al Congreso el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015  –20.014 son templos o dependencias complementarias a los mismos y 14.947 son terrenos, solares, cementerios, viviendas, locales…– la Iglesia ha asumido públicamente que 965 bienes no le corresponden. Y acepta devolverlos. Fuera quedan los grandes templos, como la catedral de Sevilla o la mezquita de Córdoba. El acuerdo, el primero entre este Gobierno y la Iglesia, se dio a conocer tras la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno y la máxima autoridad de los obispos españoles, Juan José Omella. Hasta ahora, Sánchez no había visitado la sede de la Conferencia Episcopal. Quizá pudo aprovechar la cita para preguntar cómo tributa el dinero de los cepillos, o por qué la Iglesia dispone a voluntad de monumentos nacionales cuyos ingresos deberían revertir en las arcas públicas. 

Ahora sabemos que como poco la Iglesia se apropió de casi mil inmuebles que no le pertenecían gracias a que Aznar reforzó un privilegio franquista y se lo puso en bandeja. Conocemos las inmatriculaciones que realizaron los jerarcas católicos durante los 17 años que estuvo vigente la norma. Pero seguimos teniendo un vacío de 52 años, los que van desde la ley hipotecaria de Franco hasta la del Gobierno del PP en 1998. ¿A ustedes les han contado la historia del cura que iba a dar la extremaunción y salía con un documento de donación bajo el brazo? Si Sánchez considera que un expolio de décadas se resuelve con esta graciosa concesión de la Conferencia Episcopal, el Gobierno progresista no será artífice de un acuerdo justo ni de la necesaria reparación de un daño inmenso, sino mero cómplice electoralista de un atropello histórico.