421 días es la duración media que tienen que esperar las personas dependientes para ser atendidas por los servicios públicos en nuestro país. Según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), recopilados y publicados por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, hablamos de una lista de espera que actualmente cuenta con 392.690 personas.

A pesar de que 97.912 ciudadanos nuevos pudieron acceder al servicio, la lista de espera solo se pudo reducir en 38.807 personas. Muy lejos del objetivo del “plan de choque” de 60.000 que se había marcado el Ministerio de Derechos Sociales a principios del pasado año. Una tendencia por la cual, en el caso de que nadie más se sumase a la lista de espera, se tardaría un lustro en alcanzar la atención plena.  

Como consecuencia de la penosa situación del sistema de dependencia y la degradación de la salud de las personas que intentan acceder a él, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales calcula que, solo en 2021, cerca de 46.671 personas fallecieron antes de poder acceder a ellos: 28.192 en el “limbo de la dependencia” y 18.479 a la espera de ser valoradas. Durante el pasado año falleció una persona dependiente cada 11 minutos mientras esperaba a que la administración tramitase su petición de acceso o simplemente fuese evaluado su grado de dependencia.  

Sin embargo, el plan de choque sí consiguió el objetivo de reducir la lista de espera en hasta cinco comunidades: Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%). Un programa que a pesar de haber representado un incremento significativo en el presupuesto de este organismo se ha visto lastrado por el incremento de ciudadanos expectantes de ser atendidos en Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%). Las tres comunidades que actualmente muestran un mayor volumen de personas dependientes en el “limbo burocrático”, con un 27,08%, 31,53% y 32%, respectivamente.  

Estos datos parecen indicar que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha realizado un sobreesfuerzo para reactivar el servicio público; sin embargo, esto se ha dado en gran medida a base de empeorar los servicios que recibían las personas dependientes de Grado I, mediante una reducción de los costes, personal e intensidad de los tratamientos. Por citar un dato, tras casi dos años de pandemia, no se han logrado recuperar muchas de las plazas en residencias y centros de día cerradas en 2020, una pérdida de 1.129 y 4.732 plazas, respectivamente. Unos recortes que dejan muy lejos la idea que se tenía en 2019, con el incremento de 715 millones establecido en los Presupuestos Generales del Estado, de superar el tropiezo sufrido con los recortes de 2012 para así poder alcanzar la plena atención de los dependientes más vulnerables (Grados II y III). 

Un frenazo causado por la pandemia que, además, ha representado una degradación dramática de las condiciones en las que han vivido las personas que han podido acceder a una plaza residencial. La estimación, según los datos proporcionados por los ministerios de Derechos Sociales, Sanidad y Ciencia e Innovación a fecha de 28 de enero, de personas fallecidas a causa de la covid en residencias es de 31.300, de los cuales 6.000 se han dado en la Comunidad de Madrid, región “valorada” por tener los peores servicios sociales de toda España, según el índice DEC.

En diciembre, el Ministerio de Derechos Sociales publicó en el BOE un “acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad” en materia residencial. Un arreglo en el que no aparecía ningún tipo de memoria valorativa de las inversiones necesarias para la cobertura de los centros y los pacientes y que olvida por completo la recomendación de la OMS de alcanzar una ratio de 5 plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años. Para alcanzar esa proporción harían falta 75.699 plazas residenciales más en nuestro país. Recomendaciones y garantías para un periodo histórico en el cual una pandemia ha convertido la vida de miles de personas dependientes en algo que va más allá de una pesadilla.