Hace apenas unas semanas hemos despedido el año en que Naciones Unidas ha consagrado a la Eliminación del Trabajo Infantil, con el objetivo de acelerar la acción y de acabar con todas las vertientes de este trabajo forzoso antes de 2025.

Sin embargo, 2021 ha sido también el primer año del siglo XXI en que se ha producido un retroceso en la materia. Algunas consecuencias de la pandemia, como los cierres de escuelas o el aumento de la pobreza y la vulnerabilidad, han empujado a miles de niñas, niños y adolescentes a buscar fuentes de ingresos para sus familias. En 2022, el trabajo infantil podría aumentar en hasta 9 millones de personas.

La pregunta es: ¿dónde trabajan todas esas criaturas? Podríamos pensar que lo hacen en sitios muy recónditos del mundo, que se limitan a vender periódicos o helados en alguna esquina, que es mejor eso que no comer, o que la responsabilidad la tienen sus gobernantes. Pero al hacerlo, estaríamos cayendo en el egoísmo a la par que en el error: 79 millones de menores de 17 años trabajan en condiciones consideradas peligrosas por la OIT, y muchos de sus empleadores son empresas a las que hemos comprado algo en más de una ocasión, seguro.

Ciento sesenta millones de niñas y niños trabajan en el campo o en la mina, pero también en fábricas y talleres de empresas que, en muchas ocasiones, están más próximas de lo que creemos

A día de hoy, la cifra oficial de trabajo infantil asciende a 160 millones. Ciento sesenta millones de niñas y niños que trabajan en el campo o en la mina, pero también en fábricas y talleres de empresas que, en muchas ocasiones, están más próximas de lo que creemos.

El caso más habitual suele ser de este estilo: una empresa multinacional con sede en el norte global subcontrata a otra, con sede en un país empobrecido, para fabricar los productos que luego compramos en las rebajas o en el Black Friday. La mano de obra corre de la cuenta de esta segunda empresa, lo que permite a la primera no sólo ahorrar unos buenos euros en costes laborales, sino tener unas responsabilidades legales mucho más difusas.

El sector textil es el que más a menudo protagoniza tragedias derivadas de este tipo de prácticas. La más reciente, la muerte de 28 personas el 8 de febrero de 2021 en la inundación de un taller clandestino en Tánger donde se fabricaban prendas para empresas como Inditex o Mango. La más sonada, la catástrofe que acabó con la vida de 1.127 personas y dejó en orfandad a 200 niñas y niños: el derrumbamiento en 2013 de Rana Plaza, un bloque de cinco fábricas de ropa en Bangladesh donde Inditex o El Corte Inglés, entre otras multinacionales, tenían parte de su producción.

Otro protagonista habitual es el sector de las infraestructuras. Proyectos como la construcción del complejo hidroeléctrico Renace, del Grupo Cobra (propiedad de ACS), o Integral Morelos, el macroproyecto energético de Abengoa, Elecnor y Enagas, provocan enormes impactos negativos tanto en el medio ambiente como en la vida de las comunidades locales afectadas.

Concretamente, estos dos ejemplos han causado importantes pérdidas de territorio para las comunidades afectadas, que no han sido informadas con anterioridad ni implicadas en un proceso de consultas que les permitiese evaluar las consecuencias de los proyectos. Por si esto fuera poco, las personas que se han atrevido a denunciar o se han movilizado para defender sus tierras y sus derechos han sido criminalizadas, torturadas, e incluso asesinadas. El próximo 20 de febrero se cumplirán dos años del asesinato en México de Samir Flores, líder indígena nahua y opositor al Proyecto Integral Morelos.

Quienes representan a estas (y otras) empresas y defienden su deslocalización lo hacen alegando que crean empleo y generan riqueza allá donde se instalan, pero  la realidad es bien distinta: el proyecto Renace, por ejemplo, apenas creó directamente cien puestos de trabajo sin contrato, sin Seguridad Social, y con una duración de quince días cada uno.

Eso ocurre porque el mandato capitalista reduce las obligaciones de una empresa a la maximización de beneficios, creación de empleo y generación de riqueza. ¿A quién le importa cómo se haya generado esa riqueza, las características de esos puestos de trabajo, o a costa de qué derechos se haya labrado ese beneficio?

Pues bien: todas las empresas mencionadas, al tener nacionalidad española, deben respetar las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Pero, ¿qué significa ese deben? ¿Tienen obligación moral o legal de respetar dichas normas? En realidad, ninguna de las dos.

Aunque los Estados no son directamente responsables de las violaciones de DDHH cometidas por agentes privados, sí deben implementar medidas para prevenir, investigar, castigar y reparar

Las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales son recomendaciones que los gobiernos dirigen a las multinacionales que tienen sede en alguno de los países adherentes (y España es un país adherente), y que tienen como objetivo “promover una conducta empresarial responsable”. Concretamente, uno de sus capítulos aborda los Derechos Humanos desde la perspectiva de los Principios Rectores de Naciones Unidas: “Proteger, respetar y remediar”.  Estos tres pilares implican: la obligación de los Estados de proteger los Derechos Humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos dondequiera que operen, y su obligación de reparar o remediar aquellas situaciones en que no se hayan podido evitar las vulneraciones.

Aunque los Estados no son directamente responsables de las violaciones de DDHH cometidas por agentes privados, sí deben implementar medidas para prevenir, investigar, castigar y reparar las que lleguen a producirse.

La responsabilidad de la empresa consiste en “abstenerse de infringir los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos”, y en “prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los DDHH”. Para cumplir con esta responsabilidad, es necesario que dispongan de unas políticas y procedimientos apropiados a sus características y modelo de negocio y, en particular, un “protocolo de diligencia debida”. Este protocolo, cuya conversión en Ley está estudiando ahora mismo la Comisión Europea, permitiría identificar y prevenir riesgos en materia de DDHH, y reparar y rendir cuentas sobre las vulneraciones acaecidas.

Esta ley servirá para que las empresas multinacionales dejen de alegar que no pueden controlar todo lo que ocurre a lo largo de su cadena de valor

Las empresas estarán obligadas a “garantizar el acceso a remedio”, lo que implica colaborar con los mecanismos judiciales e implementar mecanismos extrajudiciales legítimos y accesibles a todos los grupos de interés para reparar los daños causados o contribuir a su reparación.

Tal vez si las empresas antes mencionadas hubiesen tenido y aplicado este protocolo, hoy no tendríamos que lamentar tantas muertes. Pero no lo tenían porque, sencillamente, no es obligatorio. Tanto las Líneas Directrices como los Principios Rectores son normas de soft law, es decir, no vinculantes. Y lo seguirán siendo hasta que la Comisión Europea apruebe el proyecto de Directiva que convierta en ley el enfoque de “diligencia debida”.

Esta ley servirá para que las empresas multinacionales dejen de alegar que no pueden controlar todo lo que ocurre a lo largo de su cadena de valor, o que es la empresa local la que debe rendir cuentas.

Pero no demos aún saltos de alegría: una vez aprobada la Directiva, los Estados miembros de la UE dispondrían de un plazo de dos años para incorporarla a su legislación nacional y, en caso de no hacerlo, será el país y no la empresa quien se enfrenta a las consecuencias: multa de 15 millones de euros más 89.000 euros diarios, la última vez que España se retrasó en la transposición de una Directiva.

Así, las empresas seguirían teniendo vía libre para hacer business as usual en tanto llega la ley nacional. ¿Y qué ocurriría entonces? Basándonos en el ejemplo de Francia, Alemania o Noruega, que ya tienen sus propias leyes de Diligencia Debida, las empresas infractoras se enfrentarían a multas variables en función de la gravedad de la infracción y de su volumen de negocios, y a la posible exclusión de los contratos públicos.

Ahora bien, la letra pequeña también ha de ser tenida en cuenta: las empresas afectadas serían solamente aquéllas con más de tres mil personas trabajadoras y no tendrían obligación alguna en materia ambiental. Aspecto este que no es nada desdeñable, máxime en estos días en que Repsol está echando balones fuera sobre sus vertidos en la costa limeña, alegando que el verdadero responsable de la tragedia es el Estado peruano.

Sólo la aprobación de una normativa internacional vinculante puede acabar con esta difuminación de responsabilidades derivada de la deslocalización de las multinacionales. Es a esto precisamente a lo que la Directiva europea sobre Diligencia Debida pretende poner fin.

Ya no hay cabida para la voluntariedad o la unilateralidad, y la repetitiva sucesión de estos casos lo demuestra: las multinacionales deben respetar las obligaciones internacionales sobre Derechos Humanos y medio ambiente, deben ser solidariamente responsables junto con sus filiales o subcontratistas, deben ser imputables por la triple vía –civil, penal y administrativa–, y deben reparar los daños causados. Es imprescindible e inaplazable.

La siguiente vez que algo así ocurra, ¿tendremos ya una ley con que enjuiciar a las empresas y personas implicadas? ¿O seguirán quedando impunes?

--------------

Silvia Organista es jurista especializada en Derechos Humanos, Agente de Igualdad y profesional de sostenibilidad y Cooperación Internacional.