Cuando estalla una guerra es difícil aplicar las leyes tal y como están. La urgencia de enfocarse en lo militar y la necesidad de eficacia extrema de la acción estatal hacen imposible el respeto escrupuloso de las normas y los procedimientos habituales. Por eso la propia Constitución incluye el llamado “derecho de excepción”, es decir, la posibilidad de usar provisionalmente un ordenamiento jurídico alternativo mucho menos garantista. Se articula a través de la declaración del estado de excepción o sitio y, durante su vigencia, se permite suspender algunos derechos fundamentales y operar jurídicamente de modo diverso. La inclusión en el texto constitucional de estas normas excepcionales es una forma de “limitar daños democráticos”; se establece qué es lo que puede limitarse y cómo, para evitar que sea el propio Gobierno el que lo decida sin límite alguno.

La existencia de este derecho de excepción es un intento de preservar la democracia, incluso bajo las circunstancias más duras. La fortaleza de un sistema democrático se pone así de manifiesto a través de su manera de afrontar las pruebas más duras.

España no está, sin embargo, en guerra. La invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, ha generado un rechazo extendido en nuestra sociedad, y el Gobierno español se ha alineado claramente con otros europeos y occidentales para apoyar a la nación invadida. Ese apoyo político, económico o militar no supone que hayamos entrado en guerra. Y, aunque hubiera quien interpretase que sí, es indiscutible que no se ha procedido a la declaración de estado de sitio ni de excepción. En estas condiciones, nuestra Constitución y todas sus normas de desarrollo son plenamente aplicables. Todas.

Y, sin embargo, parece que el Gobierno y una parte de la opinión pública cabalgan ya en una especie de furor bélico que les hace ignorar que viven en un Estado democrático de derecho en el que se respetan los derechos fundamentales de las personas.

El presidente del Gobierno español ha dicho en el Parlamento que prohíbe “las emisiones de varios medios de comunicación que entendemos propagandísticos del régimen ruso”. Diversos periodistas y políticos han pedido a través de las redes sociales la expropiación de las propiedades de los oligarcas rusos. Algunas voces empiezan a reclamar limitación de movimientos para esas mismas personas. 

A estas alturas es difícil distinguir si se trata de mera retórica o si estas declaraciones van a tomar alguna forma jurídica. Democráticamente no debería hacerse, puesto que lo que se está planteando es la limitación de derechos fundamentales a personas que se consideran enemigas.

Los derechos fundamentales existen para proteger a los grupos minoritarios o vulnerables frente al poder. Si alguien tiene derecho a invocarlos es precisamente cualquier persona a quien el poder establecido califique de ‘enemigo’.

La Constitución reconoce el derecho a emitir información veraz por cualquier medio de difusión. Ese derecho implica que el gobierno no puede decidir qué es veraz y qué no. La veracidad de una información no depende de que coincida o no con la ‘verdad oficial’ establecida en cada momento por el gobierno de turno, sino que es un requisito tasado jurídicamente que debe ser apreciado por un juez. La prohibición de la censura impide que este tipo de medidas se apliquen de manera preventiva, de forma que no cabe prohibir todo un medio de comunicación al que se considere falsario; en todo caso habrá que esperar a que publique noticias inveraces e ir sancionándolas una a una. Nadie entendería que se cerrara una revista del corazón o una publicación dedicada a lo paranormal porque su información no sea veraz. Y lo mismo sucede con RT o cualquier otra emisora rusa.

Respecto a restringir el derecho a la propiedad, baste decir que la expropiación no puede ser una medida sancionadora; lo de expropiar los bienes de los oponentes políticos se hacía durante el franquismo y otras dictaduras. Sólo cabe expropiar una propiedad por razones de utilidad pública. Algo parecido puede decirse de la libertad deambulatoria, que tampoco puede restringirse por motivos políticos.

Este tipo de reacciones pueden ser comprensibles en la exaltación del momento, pero totalmente inaceptables en democracia. Algún país de la Unión Europea se han apresurado a amenazar con penas de cárcel a quien defienda la invasión rusa. Evidentemente se trata de una quiebra democrática que no nos podemos permitir.

Es verdad que la descarnada agresión rusa contra Ucrania nos ha impactado. Pocos imaginaban un ataque tan extenso y brutal. El ejército de Putin asedia y bombardea las ciudades más pobladas de Ucrania sin respeto por la población civil. Ante esta absoluta ruptura de las reglas más básicas que regulan las relaciones entre países, e incluso el derecho humanitario, es esperable que una mayoría se posicione a favor del pueblo ucraniano y en contra la ocupación de su territorio y los ataques sangrientos.

Vladímir Putin es un sátrapa autoritario desde hace tiempo. Las vulneraciones de derechos humanos en Rusia  –incluidas la persecución física a todo oponente político y la supresión de la libertad de expresión– vienen de largo, aunque sólo ha desatado una clara repulsa internacional con la invasión de Ucrania.

Frente a esta injusticia sería inmoral colocarse simplemente en la posición de enemigos geopolíticos de Rusia y repetir en nuestros territorios las mismas vulneraciones de derechos que han llevado a ese país a la situación actual.

El apoyo al pueblo de Ucrania y las acciones contra la agresión militar y las tropelías del Gobierno ruso sólo pueden articularse desde la democracia. Mientras no se declare un estado excepcional nuestro régimen de libertades está incólume. Flaco favor hacen a la democracia y a la lucha por la libertad quienes en estos momentos reclaman que dejemos de respetar los derechos fundamentales y actuemos arbitrariamente contra quienes parezcan enemigos nuestros. Ese camino ya lo han recorrido antes muchos tiranos.

Frente a la dictadura, la falta de humanidad y los crímenes de guerra sólo se puede actuar con democracia. Habrá que usar toda la contundencia que haga falta, pero en este momento tenemos que estar más vigilantes que nunca en lo que respecta a los derechos fundamentales. Si los perdemos ahora, quizás nunca los recuperemos.