Un monstruo terrible se abalanza sobre la ciudad. Orejas tensas de gato nocturno, manazas humanas y pesado cuerpo de dragón. Su mirada, vacía, es la de un autómata que no atiende a razones. De su boca, llena de caries, surge la descomunal lengua con la que lanza sus bulos. El cañón de su cola representa la continuación, por otros medios, de los mismos objetivos que persigue cuando extiende por el cielo sus globos sonda.

La guerra se juega en diferentes frentes y uno de ellos es el de la información. Hay que cerrarle las puertas de Europa al bulista

La guerra en Ucrania ha movido a la Unión Europea a adoptar una serie de sanciones sin precedentes, entre las que se encuentra la suspensión de las actividades de radiodifusión en la Unión Europea de los canales de comunicación estatales Sputnik y Russia Today. El objetivo es evitar la manipulación de la información dirigida contra la Unión y sus Estados miembros. “En este momento de guerra, las palabras son importantes. Estamos siendo testigos de la propaganda y la desinformación masivas sobre este salvaje ataque a un país libre e independiente. No permitiremos que los apologistas del Kremlin viertan sus mentiras tóxicas para justificar la guerra de Putin o para sembrar las semillas de división en nuestra Unión”, ha declarado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Su portavoz jefe, Eric Mamer, ha justificado la medida afirmando que las plataformas censuradas “son parte de la maquinaria de guerra de Rusia”. El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha añadido que “la manipulación sistemática de la información y la desinformación que lleva a cabo el Kremlin se utilizan como herramienta operativa en su agresión contra Ucrania”, lo cual “constituye también una amenaza importante y directa contra el orden público y la seguridad de la Unión”. La guerra se juega en diferentes frentes y uno de ellos es el de la información, ese es el mensaje. Hay que cerrarle las puertas de Europa al bulista.

Es imposible no estar de acuerdo con los dirigentes europeos en que la desinformación es parte de la maquinaria de guerra de Rusia. Cabe dudar, sin embargo, de que censurar estos canales sea una forma efectiva de luchar contra la misma. El pasado 4 de marzo, la Duma aprobó por unanimidad una enmienda al Código Penal que sanciona con fuertes multas y penas de hasta 15 años de cárcel la difusión de información falsa sobre las operaciones de las Fuerzas Armadas (artículo 207.3). En la misma sesión se adoptaron otras dos enmiendas, que sancionan las acciones públicas destinadas a desacreditar las operaciones de las Fuerzas Armadas (artículo 280.3), así como los llamamientos a adoptar sanciones contra el país (artículo 284.2). Como resultado, al día siguiente, importantes medios internacionales suspendieron temporalmente su cobertura informativa en el país. La reforma ha supuesto un duro golpe, además, para la ya muy castigada prensa independiente rusa.

Con ello no pretendo insinuar, conviene aclararlo, que la Unión Europea sea responsable, en modo alguno, de la infame reforma legislativa en Rusia, que no hace más que continuar una larga senda de represión de la protesta y la disidencia. Mi única pretensión es señalar que tal vez no haya sido muy inteligente dar excusas a un régimen totalitario para hacer aquello que mejor sabe hacer. Las autoridades rusas están más interesadas que nunca en atacar la libertad de prensa. No conviene que su actuación pueda ser interpretada como una respuesta a medidas en la misma dirección por parte de las autoridades europeas. Intentar evitar la creación de espacios de impunidad en Rusia, en la medida en que esto sea posible, es mucho más importante que combatir la propaganda rusa en la Unión Europea, donde puede ser contrastada por un abanico muy amplio de fuentes informativas y donde cuenta con una influencia muy escasa entre la opinión pública. No se combate al bulista cerrándole las puertas de Europa, sino haciendo todo lo posible por que haya luz y taquígrafos en cada país y en cada ciudad. Ahora habrá más dificultades para que la población rusa pueda acceder a información veraz sobre lo que su Gobierno está haciendo en Ucrania. Eso hace más difícil que pueda crearse un clima de opinión contrario a la guerra en Rusia, lo cual debería estar entre los objetivos de los dirigentes europeos.

Por supuesto, la decisión no es criticable solo desde un punto de vista estratégico. Censurando los medios rusos, la Unión Europea ha socavado el derecho fundamental a la libertad de expresión e información. Se ha sentado un peligroso precedente, que debería preocupar a todos aquellos comprometidos con el ideal de la democracia y el Estado de Derecho. Es posible argumentar que, incluso valores tan importantes, pueden decaer cuando se encuentra en peligro la más básica seguridad. Pero es difícil ver en qué sentido los medios de comunicación rusos suponen una amenaza de este calibre para la seguridad de la Unión. Las autoridades europeas no lo han explicado, al menos no de forma suficiente. La misma debilidad se aprecia en el Reglamento (UE) 2022/350 del Consejo, que es la norma que ha dado forma jurídica a la decisión. En los considerandos que preceden al articulado, se invoca el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para justificar la medida. Censura en nombre de la libertad de expresión.

Los bulos no se expanden solo por ignorancia o credulidad, sino por esa comodidad consistente en poner nuestros intereses particulares por encima de la verdad

Medidas como la adoptada por las autoridades europeas son difíciles de entender si no se presupone que la ciudadanía carece de la autonomía intelectual suficiente para separar el grano de la paja, y que esta incapacidad es la causa fundamental de la propagación de la desinformación. Creo que es un presupuesto, no solo elitista y potencialmente antidemocrático, sino equivocado. El verdadero fermento de los bulos no es la ignorancia, sino la tendencia natural a creer aquello que nos conviene. Porque un bulo no es simplemente una noticia falsa, sino una que es difundida con alguna intención específica, generalmente la de perjudicar a alguien. El problema, pues, no reside únicamente en distinguir una noticia falsa de la que es veraz, sino en identificar a qué intereses responde aquello que se dice en la noticia; y en tener la altura suficiente, además, para no dejarse llevar por los mismos, sobre todo si coinciden con los propios. Los bulos no se expanden solo (ni principalmente) por ignorancia o credulidad, sino por esa comodidad consistente en poner nuestros intereses particulares por encima de la verdad. Es muy fácil, para un ciudadano europeo, detectar lo que hay de propaganda en una agencia de noticias como Sputnik. Hay mucha propaganda. Es más difícil, pero también más necesario, aproximarse con el mismo espíritu a los medios más serios, más cercanos y más afines a la propia ideología.

Junto con la censura a los medios rusos se ha aprobado un ambicioso paquete de medidas y sanciones económicas. La rapidez, unidad y amplitud de la respuesta permiten afirmar que se ha producido una transformación importante en la Unión Europea. Es una buena noticia que se haya avanzado por esta vía económica y europea. Pero las decisiones adoptadas suscitan algunos interrogantes. ¿Podía la diplomacia europea haber hecho algo más para evitar la guerra? ¿El trato dado a los refugiados ucranianos es coherente con el proporcionado a las víctimas de otras guerras? ¿Se podían haber llevado más lejos las sanciones económicas? ¿Tiene algo que ver el envío de armas por parte de la Unión y los distintos Estados con el hecho de que no se haya querido (o podido) abrir el melón del gas y el petróleo rusos? También es problemática la forma en la que se ha decidido hacer frente al bulista: trazando una línea divisoria entre los medios de comunicación respetables y la propaganda, y censurando la segunda. Es una respuesta equivocada, las cosas no son tan sencillas. Nadie está libre de esa hipócrita comodidad consistente en creer aquello que le conviene. Como ciudadanos de una democracia es nuestra obligación recordárnoslo, y recordárselo también a nuestros representantes.

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Pablo Scotto es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona.