Un juez británico, del país monárquico por excelencia, acaba de decir una obviedad que los jueces y fiscales españoles, con su humillante servilismo, se empeñan en negar: el rey de España no tiene inmunidad para robar, delinquir o acosar a una mujer impunemente. El magistrado británico sostiene que esos no son actos oficiales y que sería descabellado permitirle romper la ley tan alegremente. Ha tenido que decirlo un juez británico, porque, en lo que afecta al rey, nuestro aparato judicial se pasa el sometimiento a la ley y el Estado de derecho por el forro.

El caso tiene enjundia. El rey puso cien millones de dólares a nombre de su amante. Ella dice que fue un regalo, él que sólo quería que se los guardase. En cualquier caso, el asunto acaba mal: nadie es capaz de explicar por qué motivo lícito el sátrapa saudí le pagaría tal cantidad de millones a nuestro rey. Si encima los puso a nombre de ella para evadir al fisco y blanquear su origen ilícito, peor aún. La cuestión es que, como la señora no quería devolver los millones, nuestro monarca le mandó a lo más siniestro de las cloacas del Estado y al mismísimo servicio secreto. La acosaron, la amenazaron veladamente con un accidente y hasta dispararon contra su casa. Todo, para que devolviera el dinero y dejara de contar cosas del rey, que ha demostrado ser un elemento. 

La idea de que no puede ser juzgado por actos privados realizados cuando era rey no está en la Constitución, y es contradictoria con la idea del sometimiento a la ley

La antigua amante ha interpuesto una demanda civil. El rey emérito no tendrá que sentarse en ningún banquillo; no se arriesga a acabar en ninguna cárcel ni a ningún tipo de orden de arresto internacional. De hecho, incluso es posible que el caso acabe con un acuerdo extrajudicial: el antiguo jefe de Estado puede aflojar algunos millones de esos que tiene aún escondidos a Hacienda y dar algunas garantías a cambio de que su amiga especial retire la demanda. Sin embargo, es posible que el honrado juez británico tenga que investigar los asuntos y decidir si hay efectivamente prueba de todo ello. Si así sucede, la corrupción y los delitos de Juan Carlos, que nuestro jueces y fiscales han tratado insistentemente de tapar, saldrán a la luz. Y el rey, la monarquía y nuestro sistema judicial quedarán expuestos en público con toda la vergüenza de su desfachatez.

Seguramente Juan Carlos jugó hace cuarenta años un papel relevante en el diseño de nuestro sistema democrático actual. Sin embargo, eso no quita para que ese señor sea un elemento de cuidado, con pocos escrúpulos que durante décadas se ha saltado la ley ante la complacencia de nuestras instituciones.

La Constitución no dice en ningún momento que el rey pueda actuar con impunidad. Dice que es inviolable, lo que efectivamente supone que mientras ejerce el cargo no puede ser juzgado. También dice que es irresponsable, pero sólo por los actos sometidos a refrendo del Gobierno, porque de ellos responde quien autoriza la firma real. La idea de que, tras dejar de ser jefe del Estado, no puede ser juzgado por actos privados realizados cuando lo era no sólo no está en la Constitución, sino que es contradictoria con la idea del sometimiento a la ley. Sin embargo, juristas cortesanos y Fiscalía se han inventado esa interpretación evidentemente contraria al espíritu constitucional para amparar, como mínimo, los delitos de Juan Carlos. No está en la ley. Es un invento para no sentar al rey en el banquillo.

La impunidad del rey es una apuesta de la estructura profunda del Estado español. En este tema está demostrando tal suciedad y complacencia con la corrupción que sólo pueden provocar náuseas en cualquier demócrata. Todo el aparato de un Estado democrático se ha comprometido para amparar las terribles ilegalidades de ese señor y, de paso, las que pueda traernos su sucesor. Empezando por la Hacienda pública. Juan Carlos no pagaba un duro a Hacienda pero esta, saltándose la ley, le notificó varias veces que lo estaban investigando para permitirle que regularizara su situación. Luego, la Fiscalía, ante las clarísimas evidencias de una serie de delitos, se limitó a pedir a los fiscales de otros países que le enviasen sus investigaciones, sin realizar ni una mínima indagación propia. Por último, con la complacencia de numerosos juristas falderos y la colaboración entusiasta del Tribunal Supremo, se inventaron una interpretación de la inviolabilidad que no tiene ni pies ni cabeza, y que les llevó a decir que si el rey cometió delitos no se le puede castigar. 

Apenas empezamos a conocer el desenfrenado apetito del rey por el lujo, los coches caros comprados y mantenidos a cargo del erario público (hasta 70), los viajes extravagantemente caros, y las amantes igualmente caras. Cuando accedió al trono, su fortuna personal era prácticamente inexistente. Hoy algunos medios hablan de que tiene miles de millones de euros, todos conseguidos siendo jefe del Estado, y no precisamente de su sueldo. A esa pasión por el dinero parece que se le suma cierta afición al chantaje a sus antiguas amantes. Una joyita de hombre.

Que Juan Carlos es un sinvergüenza que se aprovechó de su cargo de jefe de Estado para robar a manos llenas parece fuera de toda duda. El problema es defender en público que no podemos hacer nada con eso, más que aguantarnos y esperar a que su hijo sea más honesto. Lo que gran parte de la judicatura y la fiscalía defiende es que el Estado no persiga las tropelías que cometa el rey. Cuando hablan de la conducta ejemplar de Felipe VI, nos vienen a decir a todos que el hecho de que delinca o no impunemente depende de cómo sea el monarca, un tipo honesto o no. Al renunciar a perseguir a Juan Carlos, están dejando claro a su sucesor que si roba, si atropella a una persona, si acosa a una mujer o se salta la ley de cualquier otro modo, no debe temer ninguna consecuencia.

El riesgo de lo que está pasando no es ya que Juan Carlos vaya a morirse sin pagar por sus ilegalidades. Eso lo tenemos todos asumido. El riesgo es que Felipe puede volver a hacer lo mismo. Y quién sabe si no lo está haciendo ya.

Para redondear la impunidad, el Tribunal Constitucional ha prohibido terminantemente que se discutan siquiera, en sede parlamentaria, los excesos del rey. Hace una semana, incluso ha considerado inconstitucional que un parlamento discuta la abolición de la monarquía y que algún día llegue la república. 

Nuestra monarquía sigue pagando el pecado de la herencia franquista bajo la forma de la corrupción

El Estado profundo y la oligarquía española, que ven en la monarquía el candado que les permite seguir ininterrumpidamente guiando el país desde 1978, no se dan cuenta de que tanta devoción es contraproducente. Han retorcido la ley para afirmar la impunidad real, silencian las críticas políticas y esconden las miserias sin ser conscientes de que el mundo ha cambiado y de que, en la actual sociedad interconectada, todo eso se puede volver en su contra. Al afirmar públicamente que Felipe VI tiene impunidad absoluta para robar o delinquir si le apetece, hacen muy difícil para ningún demócrata –de izquierdas o de derechas– aceptar la monarquía.

Hay monarquías democráticas pero se basan en que el rey o la reina no interfieran en la política ni se salten las leyes. Nuestra monarquía sigue pagando el pecado de la herencia franquista bajo la forma de la corrupción. Las oligarquías franquistas y aznarianas se empeñan en vendernos que la monarquía parlamentaria lleva necesariamente implícito un cierto grado de corrupción. Y eso, sencillamente, es inaceptable.