El United Nations Population Fund (UNFPA en adelante), organismo de las Naciones Unidas, ha publicado recientemente un informe demoledor en el que se pone de manifiesto que casi la mitad de todos los embarazos se producen de manera no intencional.

A su vez, más del 60% de los embarazos no intencionales terminan en aborto, y se estima que el 45% de todos los abortos son inseguros y producen el 13% por ciento de todas las muertes maternas. En todo el mundo, cerca de 7 millones de mujeres al año son hospitalizadas como consecuencia del aborto en condiciones de riesgo.

La evolución de los datos y las proyecciones para el futuro

Cada año, tienen lugar 121 millones de embarazos no intencionales o, lo que es lo mismo, un promedio diario de 331.000 embarazos. Esta cifra representa un fracaso a escala mundial a la hora de respetar un derecho humano básico. Además, se espera que el panorama empeore. La prestación de servicios de salud sexual y reproductiva que necesitan los individuos y las comunidades se tornará más difícil ante cambios de envergadura como el cambio climático, los conflictos, las emergencias de salud pública y las migraciones masivas.

A escala mundial, se calcula que 257 millones de mujeres que quieren evitar el embarazo no utilizan métodos anticonceptivos seguros y modernos y, entre ellas, 172 millones no utilizan ningún método.

La prestación de servicios de salud sexual y reproductiva se tornará más difícil ante el cambio climático, los conflictos, las emergencias de salud pública y las migraciones masivas

Autonomía corporal

Todo ser humano tiene derecho a la autonomía corporal, y tal vez no haya nada más fundamental para el ejercicio de ese derecho, por la enorme trascendencia sobre la trayectoria vital del individuo, que la capacidad de decidir si se quiere tener un embarazo, cuándo, cómo y con quién. El derecho humano básico de elegir si se quieren tener hijos, así como el número de ellos y con qué frecuencia tenerlos, está plasmado en muchos acuerdos mundiales (UNFPA, 1994; Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989; Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979).

La maternidad en la infancia

Una investigación reciente del UNFPA (UNFPA, 2022) que abarca al 96% de la población adolescente mundial (con exclusión de China y los países de ingreso alto) ha concluido que, en el conjunto de los países en desarrollo, casi 1 de cada 3 mujeres jóvenes ha dado a luz en la adolescencia –etapa comprendida entre los 10 y los 19 años–. Prácticamente la mitad de estas madres adolescentes eran niñas –17 años o menos– y, por lo general, habían seguido teniendo hijos durante el resto de su infancia Entre las madres adolescentes, los riesgos para la salud se intensifican. Las adolescentes embarazadas de 10 a 19 años se enfrentan a riesgos más altos de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas, en comparación con las mujeres de 20 a 24 años. En todo el mundo, las complicaciones derivadas del embarazo y el parto se encuentran entre las principales causas de muerte en chicas de 15 a 19 años.

Maternidad, desigualdad de género y posición socioeconómica

A escala mundial, los niveles más altos de desarrollo social y económico guardaron una estrecha relación con una menor incidencia de los embarazos no intencionales en el periodo 2015-2019. Una de las explicaciones es que los países con mayores índices de desarrollo probablemente sean aquellos en los que los servicios de anticoncepción resultan más accesibles, y en los que las mujeres se encuentran con menos obstáculos culturales para gestionar sus preferencias en materia de fecundidad.

Los territorios que registraron mayores cotas de desigualdad de género también alcanzaron tasas más elevadas de embarazos no intencionales

El Índice de Desigualdad de Género (IDG) valora tres aspectos de la equidad de género (la salud reproductiva, el empoderamiento y la situación económica). Los países (y territorios) que registraron mayores cotas de desigualdad de género de acuerdo con estas mediciones, también alcanzaron tasas más elevadas de embarazos no intencionales entre 2015 y 2019, independientemente de si se trataba de países de ingreso bajo y mediano o de ingreso alto. 

Es muy frecuente que las mujeres y las niñas vean cómo, de manera constante, su poder de decisión se ve coartado o simplemente no existe. Es posible que una mujer no pueda negociar el uso del preservativo con su pareja o que no pueda negarse a mantener relaciones sexuales, como en el caso del 23% de todas las mujeres de lugares donde hay datos disponibles (Naciones Unidas, 2022). También puede ser víctima de la violación en casa o por parte de un desconocido. Aun cuando no se es víctima directa de violencia, si no reciben educación sexual integral en su escuela, probablemente carezcan de información precisa para evitar o planificar la gestación. O quizás el embarazo sea su opción por defecto, ya que la vida le ofrece pocas oportunidades y alternativas. Por ejemplo, si no tiene la posibilidad de terminar sus estudios, puede no tener motivos para posponer la maternidad. A lo mejor la mujer no desea tener hijos, una opción que puede ser inconcebible en su familia o comunidad. Cuanta más educación reglada se brinde a las mujeres y las niñas, más capacidad de actuación tendrán a lo largo de la vida.

Es posible que una mujer no pueda negociar el uso del preservativo con su pareja o que no pueda negarse a mantener relaciones sexuales, como en el caso del 23% de todas las mujeres

La violencia no es el único método para impedir que quienes tienen un embarazo no intencional ejerzan su autonomía corporal y tomen decisiones sobre la gestación. La coacción puede materializarse aunque no haya violencia. Puede que las mujeres dejen en manos de su pareja las decisiones sobre el sexo y el embarazo por miedo a sufrir violencia, o porque esta forme parte de lo que la sociedad acepta o espera. Si el embarazo tiene su origen en una violación o en una relación sexual bajo coacción, las violaciones de derechos y los perjuicios que acarrean se multiplican. En este punto debemos recordar que las personas discapacitadas son más vulnerables ante la violencia, incluida la violencia sexual.

Muy habitualmente, las cuestiones de poder y de toma de decisiones son temas de vida o muerte: una vez tiene lugar un embarazo no planeado, sus consecuencias pueden durar toda la vida y afectar a comunidades enteras. Por ejemplo, habrá un aumento de las tasas de mortalidad materna entre las jóvenes que todavía no se han desarrollado lo suficiente para tener un embarazo y parto seguros, o entre las mujeres que tienen problemas de salud.

Las niñas embarazadas pueden verse forzadas a casarse o a abandonar los estudios sin poder continuar con su educación, lo que normalmente las expone a una falta de ingresos a lo largo de la vida. Las mujeres pueden sufrir una pérdida inesperada de ingresos si se ven obligadas a interrumpir o incluso abandonar sus puestos de trabajo al haberse quedado embarazadas. También es más probable que sufran pobreza si llegan a tener el hijo y deben mantenerlo con los recursos del hogar ya de por sí escasos.

Estos factores alimentan el ciclo sin fin de la pobreza e imposibilitan romper con ese círculo vicioso a las siguientes generaciones.

El relato en torno a los embarazos no intencionales es un reflejo del valor que las sociedades dan o no a las mujeres y las niñas. Si no las empoderan lo suficiente como para que escojan si quieren quedarse embarazadas, las sociedades dan a entender que la maternidad es un destino inevitable y no un deseo. Por el contrario, si las sociedades empoderan a las mujeres y las niñas de forma que la reproducción se convierta en una decisión voluntaria, estarán reconociendo el valor intrínseco de la población femenina en cuanto que seres humanos, lo que incluye la maternidad, pero sin restringirse a ella. La estigmatización del embarazo no intencional entre las adolescentes y las mujeres solteras conlleva que, en muchas ocasiones, el acceso a los anticonceptivos sea un camino lleno de obstáculos. En el caso de las mujeres casadas, la expectativa generalizada de que han de tener hijos implica que, con frecuencia, sus vivencias en torno a los embarazos no intencionales no se reconocen ni se estudian lo suficiente. 

¿Y los anticonceptivos?

El acceso a los anticonceptivos, si bien es imprescindible y deseable, no es de por sí una solución mágica capaz de evitar todos los embarazos no intencionales. Incluso si se utilizan correctamente y por sistema, todos los métodos modernos de anticoncepción tienen un cierto margen de error (los métodos tradicionales ofrecen todavía menos garantías). Esto implica que los métodos de que disponemos en la actualidad no pueden ni podrán erradicar los embarazos no intencionales.  

Aborto

Aunque la tasa de embarazos no intencionales ha disminuido, la tasa mundial de abortos prácticamente no ha cambiado y se calcula que fue de 39 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva en el periodo 2015-2019. En la actualidad, a nivel mundial, el 29% de todos los embarazos –una combinación tanto de los planeados como los no intencionales– terminan en aborto. Esto equivale a un promedio de 73 millones de abortos al año en el periodo 2015-2019. Cuando estos abortos se llevan a cabo en condiciones de riesgo, aumenta la probabilidad de morbilidad a corto y largo plazo de las mujeres, e incluso de muerte. 

En los países en los que hay leyes restrictivas en torno al aborto, no se han reducido la cantidad de procedimientos de este tipo que se llevan a cabo, si bien aumenta su peligrosidad. No obstante, en los países de ingreso alto con leyes más flexibles al respecto, la proporción de embarazos no intencionales que se interrumpieron fue mucho menor que la que se registró en países de ingreso alto con leyes más estrictas.  

En los países en los que hay leyes restrictivas en torno al aborto, no se han reducido la cantidad de procedimientos de este tipo que se llevan a cabo, si bien aumenta su peligrosidad

En el 96% de los 147 Estados Miembros de las Naciones Unidas que presentaron datos, el aborto es legal, bien en cualquier circunstancia o bien por algunos motivos, por ejemplo, para salvar la vida de una mujer, para preservar la salud de la mujer, en casos de violación y en casos de malformación fetal. Sin embargo, en el 28% de dichos países, las mujeres casadas necesitan el consentimiento de su marido para poder acceder a este servicio. De manera semejante, las mujeres deben obtener consentimiento judicial en el 36% de estos Estados. Además, las mujeres que abortan ilegalmente podrían ser objeto de acusaciones penales en casi el 63% de estos países.

Minorías sexuales. La realidad en torno a mujeres lesbianas y bisexuales, hombres trans y personas no binarias

Cuando se habla de embarazos no intencionales, las palabras que se eligen son importantes. No es lo mismo un embarazo no intencional que un embarazo no deseado, y no es lo mismo decir “personas embarazadas” que “madres”. No todas las personas que se quedan embarazadas son mujeres y niñas, también los hombres transgénero y las personas no binarias pueden quedarse embarazados. Además, en este caso se enfrentan a importantes obstáculos a la hora de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y anticoncepción que no ejerzan juicios de valor, lo cual aumenta su riesgo de tener un embarazo no intencional. 

No todas las personas que se quedan embarazadas son mujeres y niñas, también los hombres transgénero y las personas no binarias pueden quedarse embarazados

Todas las formas de marginalización perjudican la capacidad de actuación de las personas que pueden quedarse embarazadas. Aunque predomina la idea de que solo las mujeres en una relación heterosexual están expuestas a los embarazos no intencionales, los estudios señalan que las minorías sexuales también conviven con este riesgo, que puede llegar a ser incluso mayor para ellas. Los investigadores han descubierto que, de hecho, la suposición de que las mujeres pertenecientes a minorías sexuales –lesbianas y bisexuales, por ejemplo– no tienen de qué preocuparse contribuye a que su situación se vuelva más vulnerable. En comparación con las heterosexuales, estas mujeres son menos propensas a utilizar anticonceptivos y tienen menos acceso a servicios de salud reproductiva. Además, la tensión social y la estigmatización que sufren es más acusada.