Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la inseguridad alimentaria es “la falta de acceso regular a la cantidad necesaria de alimentos inocuos y nutritivos capaces de asegurar el crecimiento y desarrollo normal de las personas, para que estas puedan llevar una vida activa y saludable”. Con esto y las famosas “colas del hambre” en mente, la Universidad de Barcelona, junto a la Fundación Daniel y Nina Carasso, ha publicado el informe “Alimentando un futuro sostenible. Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles antes y durante la COVID-19”. En él, se pone el foco sobre un problema silencioso y mucho más presente en el Estado español de lo que podría parecer.

Esta investigación proporciona datos de lo que, según el informe, es “la primera encuesta representativa de hogares que sufren inseguridad alimentaria en España”. Los criterios a la hora de configurarla se ajustan a los que propone la ONU como experiencia de inseguridad alimentaria, con el añadido de variables socioeconómicas como el nivel de ingresos, el estado de salud o la recepción de ayudas. Además, las 1.350 entrevistas fueron distribuidas de forma equitativa entre cada comunidad autónoma y cada tipo de hogar.

Uno de los primeros resultados que hay que tener en mente antes de ir desgranando más detalles es que, entre julio de 2020 y julio de 2021, más de seis millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria, lo que supone un 13,3% de los hogares.

Tanto las fechas utilizadas como el subtítulo dejan muy claro que el principal propósito del informe es abordar la evolución de este problema a raíz de la llegada de la pandemia de la covid-19, y las conclusiones son bastante claras: si bien el coronavirus ha incrementado hasta el mencionado 13,3% la cantidad de hogares incapaces de acceder a una alimentación adecuada, la situación previa ya arrojaba cifras preocupantes, con casi un 12%. Es decir, la crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar una problemática preexistente sobre la que, advierten los investigadores e investigadoras del estudio, hay que poner atención.

Con el objetivo de ofrecer una imagen más nítida de la situación, el informe desglosa su objeto de análisis en tres categorías: inseguridad alimentaria leve, moderada y grave. El 5,2% de los hogares sufren una de las dos últimas modalidades, las más severas. La primera de ellas (moderada) hace referencia a la necesidad de reducir la ingesta de alimentos por falta de recursos. El caso de la inseguridad alimentaria grave es más llamativo. Se trata, según la FAO, de personas que “se han quedado sin alimentos y, en el peor de los casos, han pasado días sin comer”, y su incidencia en el Estado español se ha incrementado en el 240% tras la llegada de la covid-19, pasando del 0,8% a un 1,9%. De nuevo, los resultados de la investigación dibujan una sociedad en la que una gran cantidad de familias viven al borde del precipicio alimentario; así, una dificultad coyuntural como el virus no tiene un impacto demasiado espectacular en términos generales –de 11,9% a 13,3%–, puesto que ya había muchísimos hogares sin capacidad para alimentarse adecuadamente, pero sí supone un descalabro si se atiende a las cifras relativas a los casos más graves, aquellos que corresponden a quienes terminan de caer por el precipicio, que se multiplican por dos.

A pesar de que pueda parecer una obviedad, el informe explicita la relación directa entre niveles socioeconómicos bajos y situaciones de inseguridad alimentaria, algo que se repite con elementos como las enfermedades crónicas, el exceso de peso o la diversidad funcional. En definitiva, queda demostrado que “en España no se garantiza el derecho a la alimentación adecuada”, una disfuncionalidad que se ve agravada por dificultades como las recién enumeradas.

El equipo de la Universidad de Barcelona ha querido indagar también acerca de las ayudas disponibles para paliar el problema de la inseguridad alimentaria en España, con resultados muy alineados con las conclusiones que se han ido extrayendo hasta aquí. En un país en el que más de la mitad (57%) de los hogares reciben algún tipo de prestación por parte de la Administración Pública, la mayoría de las ayudas destinadas específicamente al acceso a alimentos proceden de familiares, amigos, bancos de alimentos y, en general, iniciativas personales o privadas. En total, un 22% de los hogares son receptores de este tipo de protección.

Pero la inacción de las instituciones públicas no tiene que ver únicamente con la falta de prestaciones, y es que el informe recrimina al Estado la ausencia de indicadores que evalúen el acceso a una alimentación adecuada. Con una cantidad estimada de 90.000 muertes al año en España asociadas a problemas con la dieta, parece una petición más que razonable.