Servidora tuvo la suerte de poder estudiar y formarse. Y digo suerte, porque en los tiempos que corren y tal como se va a comentar a renglón seguido, la formación más allá de la enseñanza obligatoria va camino de convertirse en un lujo al alcance de unos pocos.

En mis tiempos de vida estudiantil había patrones que se repetían y que ahora, desde la distancia temporal, recuerdo con cariño.

Algunos de esos patrones se daban al comienzo del curso, con la compra de los libros de texto y las ojeadas a las primeras páginas, especialmente en mi época universitaria, en la que todos los manuales de Derecho empezaban con el imprescindible capítulo de Conceptos Generales, Nociones Básicas o Definiciones; unido a esto, recuerdo escuchar a los que fueron mis profesores repetir hasta la saciedad la importancia del único curso de Derecho Romano para entender los siguientes cuatro años de Derecho Civil, y lo necesario de comprender los conceptos jurídicos acuñados por los clásicos como base para todo el Derecho Común, posterior y contemporáneo.

Mucho tiempo después comprendí el alcance de aquella insistencia: tener un criterio de base claro y definido te permite desarrollar tu carácter con solidez y, no solo saber quién eres, sino también qué es lo que te corresponde.

Desde siempre, quien parte y reparte se lleva la mejor parte y en el escenario que nos brinda esta España nuestra, esto es más verdad que nunca. Nada como tener el poder para difuminar conceptos que están nítidos sobre el papel, pero que se interpretan como mejor convenga; así, nos cuentan que lo que nos corresponde por ley (derecho) es en realidad un privilegio y, ya puestos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el privilegiado se cree con más derechos que nadie, hasta el punto de considerarse también por encima de la ley. 

Veamos ejemplos: llevamos años presenciando el deterioro de la sanidad pública o el despropósito del acceso a la vivienda y acabamos por asimilar, sin más, que adquirir un piso en propiedad, o incluso alquilar en solitario, ya es un lujo solo al alcance de bolsillos privilegiados; o que como bien puedes estirar la pata esperando una cirugía, no queda otra que exprimir el bolsillo (quien pueda) y costearte la sanidad privada. 

Nadie nos cuenta que, tanto la sanidad como la vivienda, son derechos fundamentales, acuñados como tales en la Constitución Española y protegidos especialmente por su importancia y repercusión en la vida de los ciudadanos. 

Ni que decir tiene que se me eriza la piel cuando escucho de manera recurrente la expresión “y este, va y vota”, cuestionando el derecho al voto de personas con las que se está en desacuerdo o simplemente resultan desagradables. No hay derecho fundamental más sagrado que el del sufragio universal, ni camino más corto para convertirlo en privilegio que hacer apología de la creencia de que solo corresponde a unos cuantos iluminados, que parecen elevarse y flotar por encima del pueblo llano y soberano.

También somos testigos de la criminalización de los extranjeros per se, y de la negación de los derechos que les corresponden; de vuelta, nadie explica que el no disponer de residencia legal no es un delito, sino una situación administrativa irregular, y que los derechos y libertades de los extranjeros se regulan en nuestro país por ley orgánica, precisamente por contener el ejercicio y atribución de derechos fundamentales.

Los delitos tienen por costumbre encontrarse recogidos en el Código Penal, mismo lugar donde se define como delincuentes a quienes los cometen y se estipulan las sanciones correspondientes. En ninguna parte del Código aparece tipificado como delito ni ser extranjero, ni ser migrante, ni encontrarse en situación irregular.

Por ir centrando las cositas.

Y mientras el desconocimiento crea prejuicio, quienes sí tienen claro, diría que hasta demasiado claro, cuáles son sus derechos y acumulan privilegios “por ser vos quienes sois”, se creen también adjudicatarios del derecho de campar a sus anchas en el coto de la ley, y hasta creo que entienden como cierto y normal comportamientos que quizá no lo son, como el cobro ilegal de comisiones, la adjudicación irregular de contratos públicos o el tráfico de influencias, por mencionar algo. 

E incluso van más allá, mostrando indignación o acusando de conspiración, cuando se les requiere por entender que se pueda haber infringido la ley.

Y aquí y así, igual sí que se infringe, sí.

Así las cosas, quien escribe estas líneas cree que información y conocimiento es poder, y habida cuenta de cómo se manipula la primera, y cómo el segundo se encarece cada vez más, parece que no ando muy equivocada.

Esto no quiere decir que emplear tiempo en formarse e informarse y cultivar el conocimiento vaya a salvaguardar nuestros derechos, o a protegerlos contra la injusticia, pero quizá podría hacer ver a quien corresponda que no somos tontos y, al menos, igual se pensaban las cosas dos veces. Que no sería poco.