“Nosotros no comemos batería: se llevan el agua se llevan la vida”, exclamaba una pancarta en una movilización de comunidades locales afectadas por la extracción de litio en Chile. “No a la mina”, exclaman las vecinas de Cáceres ante el proyecto de extracción de litio a cielo abierto en Valdeflores. La transición ecológica se ha convertido en un espacio de conflicto político a nivel global y local. Esto ocurre porque los sectores económicos vinculados a la descarbonización son nuevos nichos de acumulación capitalista y de geopolítica. En el caso del Estado español, hay dos pilares que van a canalizar una parte de esta disputa en los próximos años: el modelo territorial de expansión de las energías renovables y la minería de metales necesarios para la fabricación de las nuevas tecnologías. De esta forma, la transición ecológica se muestra como un conflicto encarnado en los territorios y la lucha de clases.

Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía estiman que la descarbonización de la economía mundial exige multiplicar por 3 la extracción de cobre, por 7 la de tierras raras, por 21 la de cobalto y por 42 la de litio, en 2040 con respecto a la de 2020. En términos globales, se habla de aumentar hasta seis veces la demanda de minerales. Un incremento de estas características acumularía unos enormes impactos ambientales y sociales. La minería es una de las actividades más contaminantes a escala planetaria, responsable de daños en la biodiversidad, en los recursos hídricos y en la salud humana. Esta reciente “fiebre de la tabla periódica” supone una grave amenaza sobre los ecosistemas y las comunidades locales de los territorios de extracción, principalmente concentrados en países del Sur Global, pero también presentes dentro de nuestras fronteras.

Sin embargo, los escenarios futuros de descarbonización podrían reducir de forma significativa su impacto gracias al impulso de la minería urbana. La mayor parte de los metales que han sido extraídos del suelo en el pasado están contenidos en productos y dispositivos presentes en nuestro día a día. Mientras están en funcionamiento son inaccesibles, pero cuando llegan al final de su vida útil se abre la posibilidad de recuperar parte de estos materiales. ¿Qué parte de la demanda de metales necesarios para las nuevas tecnologías de transición podríamos cubrir a partir de estas fuentes secundarias? Esta es la cuestión que hemos abordado en el informe Reciclaje de metales. La alternativa a la minería, del Área de Minería de Ecologistas en Acción.

Una aproximación a la minería urbana en el Estado español

En esta investigación hemos estimado la cantidad de minerales que demandaría la expansión de los vehículos eléctricos y de la producción eléctrica fotovoltaica y eólica hasta 2030 en el Estado español, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Concretamente, hablamos de fabricar tres millones de vehículos eléctricos y de aumentar la potencia eólica y fotovoltaica desde 27 y 11 GW hasta 50 y 39 GW. Por otro lado, estimamos a partir de las mejores fuentes de datos disponibles la cantidad de minerales actualmente presentes en el stock de vehículos, baterías y aparatos eléctricos y electrónicos presentes en la economía española. La gestión de residuos de estos tres tipos de productos está regulada, y anualmente se reportan las cantidades recogidas que entran a los canales oficiales. Lo que pasa ahí dentro lo desconocemos. Lo que sí conocemos es que las tasas de reciclaje en la Unión Europea de metales tan importantes para la transición como el indio, el disprosio, el litio o el neodimio se encuentran entre el 0 y el 2%. Mientras que en otros igual de fundamentales como son el cobre, el níquel o el cobalto, esta tasa apenas ronda el 20%.

Es decir, sabemos que continuamente se están gestionando de forma oficial miles de residuos que contienen materias primas críticas, pero que la mayor parte de ellas se pierden en la chatarra y los vertederos. Si en la próxima década todos estos productos actualmente presentes en la economía fueran aprovechados como fuente secundaria de minerales, según las tasas actuales de recogida, tendríamos disponible una cantidad considerable de los minerales necesarios para la fabricación de las tecnologías de descarbonización. Nuestra investigación representa un límite superior: los procesos de reciclaje son complejos y no se puede recuperar el 100% de los materiales. Pero nos da una base, nos dice cuál es el tamaño de la mina urbana que representa esa fracción de la economía española.

¿Qué porcentaje de la demanda podría cubrir esto? Pues aquí nos encontramos con tres casos diferentes. Obtenemos que se podría cubrir el conjunto de la demanda de oro y cobre; entre el 30 y el 60% de la de níquel, neodimio y disprosio; entre el 3 y el 9% de la de litio, indio, cobalto y plata. Este resultado nos indica que abordar la transición ecológica y minimizar los impactos de la extracción minera exige dos estrategias que deben ir de la mano: política industrial para impulsar la recuperación de metales críticos a partir de minería urbana, junto a transformaciones estructurales y planificación democrática que reduzca la demanda futura.

Política industrial de minería urbana

Hemos comprobado cómo una parte sustancial de la demanda de neodimio y disprosio necesarios para la fabricación de aerogeneradores podría ser recuperada a partir de la minería urbana. Sin embargo, las actuales tasas de reciclaje de estos minerales en la Unión Europea son de 1,3 y 0% respectivamente. Esto se debe a que los procesos de reciclaje son muy complejos y costosos económicamente. La extracción primaria es más rentable, fundamentalmente porque externaliza todos sus enormes impactos y únicamente paga una pequeña parte de los costes. Mientras el reciclaje de metales esté en manos del mercado, su desarrollo dependerá de los beneficios disponibles para los dueños de la industria. Esto es especialmente crítico cuando nos adentramos en una década que va a estar marcada por una gran volatilidad de precios en las materias primas y el comercio internacional. Es también crítico porque penaliza procesos y avances que son positivos desde el punto de vista social y ambiental.

Por ejemplo, el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos actualmente está marcado por el contenido de cobalto, al ser este el metal con mayor valor económico. Avances recientes en la tecnología de baterías permiten reducir considerablemente la cantidad de cobalto necesario. Para las industrias de reciclaje esto supondría un riesgo y podrían elegir no aceptar ese tipo de baterías porque no obtienen suficientes beneficios. Así mismo, las mejores técnicas de recuperación de materiales exigen un trabajo muy intensivo en mano de obra que logre el máximo desensamblado posible de los productos. Sin embargo, en la mayoría de los casos se realiza un triturado del conjunto que dificulta enormemente una separación y recuperación efectiva de materias primas críticas. Esto es así porque los costes de mano de obra son superiores a los ingresos obtenidos por la venta de dichos minerales.

La minería urbana y la recuperación de metales son una cuestión demasiado importante como para dejarla en manos del mercado. No nos podemos llamar a engaño: no habrá solución posible que deje intactas las relaciones de propiedad. Si la empresa privada en busca de lucro no es capaz de asumir estos proyectos, deben ser asumidos por iniciativas públicas que asuman la creación y el desarrollo de esta industria en el futuro inmediato. Es urgente una política industrial decidida que establezca la creación de empresas públicas y planifique las capacidades de reciclaje futuras. Necesitamos desarrollar iniciativas desmercantilizadas que no dependan de la rentabilidad económica bajo el sistema de precios actual y pongan el foco en el valor social y ecológico que aporta su actividad de recuperación. Lograr esto nos permitiría, además, reconciliar la transición ecosocial y el empleo, con una oportunidad excelente para la creación de miles de puestos de trabajo dignos.

Planificación democrática y agenda común de luchas

Aumentar el reciclaje es necesario, pero no es suficiente. En ningún caso vamos a poder cubrir así la demanda de los escenarios de transición que nos plantean los pactos verdes del capital. Si asumimos que solo se puede cubrir entre el 3 y el 8% del litio y cobalto a partir de minería urbana, asumimos que el resto de la demanda para movilidad eléctrica lo obtendremos de extracción primaria. Pero esto no tiene por qué ser así. La demanda no está dada, sino determinada por procesos sociales, históricos y políticos. Está marcada por el modelo de sociedad y por la naturaleza de la transición ecosocial que logremos construir en la próxima década. No queremos coches eléctricos, queremos formas colectivas de satisfacer las necesidades sociales.

Necesitamos ir mucho más allá de aumentar la capacidad de reciclaje. Necesitamos transformaciones estructurales que reduzcan nuestra demanda material y energética. Y necesitamos que se lleven a cabo mediante procesos de planificación democrática. Es en este punto donde vemos cómo podemos lograr una agenda común de luchas. ¿Qué sentido tiene dejar a Extremadura sin agua para extraer el litio de los vehículos eléctricos mientras las infraestructuras ferroviarias se caen a pedazos? ¿Acaso no podríamos impulsar una lucha conjunta por la creación de empleos públicos en industrias de reciclaje de materias primas críticas y por la expansión del transporte público colectivo? Vislumbrar el fin de la minería en el futuro resulta costoso, pero puede servir como brújula con la que orientar los pasos que demos desde el presente. Debemos asumir una combinación de estrategias que conjugue la redistribución, la planificación democrática y el poder popular, tanto dentro de nuestras fronteras como a lo largo de todas las cadenas de suministro de la transición ecosocial.