El Ferrerasgate –el escándalo de la guerra mediática que Antonio Ferreras y las cloacas policiales desplegaron contra (Unidas)Podemos– se solapó con el Debate del Estado de la Nación. Este último –uno de los momentos clave del parlamentarismo y del debate social– y la cobertura mediática que recibió revelan una cultura periodística hostil al cambio. El supuesto periodismo de izquierdas y la (ultra)derecha comparten líneas editoriales sobre la jefatura y la forma del Estado.

Los ejes ideológicos desaparecen en un consenso implícito; basado en silencios (auto)impuestos, las mordazas y la guerra sucia aplicada a quienes cuestionan las estructuras básicas y los poderes político-económicos más asentados. En concreto, la unidad territorial y la monarquía blindadas en 1978. El PP y Vox agendaron el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Los efectos están a la vista. Las encuestas señalan que, por primera vez, el PP aventaja al PSOE en intención directa de voto y absorbe el voto de Vox.

PP y Vox compartían estrategia al debatir sobre el “Estado” y la nación”. Querían imputar la Ley de Memoria a Bildu y criminalizar al PSOE por pactar con los independentistas. Intentan patrimonializar una memoria histórica que es unilateral y, por tanto, guerracivilista. Tamaño despropósito encontró un apoyo mediático masivo. El recuerdo de la repulsa a la barbarie, que el asesinato de M.A. Blanco provocó en su momento, volvió a servir de ariete a la derecha.

No se trataba de reivindicar y celebrar las movilizaciones habidas contra ETA como corresponde en democracia. Si así fuera, se habría subrayado que el repudio transversal a ETA fue antes social que institucional. Ni partidario ni partidista. Que las multitudes rompieron silencios y amenazas e invocaron la paz antes que las consignas. Que la paz social en el País Vasco ha avanzado más con el reconocimiento de errores que con la imputación de culpas. Anteponiendo el perdón al castigo. Reclamando que este último fuese proporcional y acorde a la ley. Priorizando esta última y abominando de la tortura. En vez de eso, se impuso un silencio sepulcral.

El Debate del Estado de la Nación arrancó con un minuto de vacío parlamentario. Todo un signo de quién domina el debate sobre la violencia y el terrorismo. Quien calla manda y otorga. Y, dueño del marco, intenta retratar a los batasunos como portavoces de una ETA imperecedera, omnipresente y atemporal. Olvidando que algunos de esos parlamentarios fueron objetivos a batir de la banda. Aunque esta se disolviese y no mate desde hace más de una década. Aunque todos hayan pedido perdón. Y, además, ofrecido reparación.

Para eludir esa realidad, el PP impuso mutis en el foro, un mutismo funerario. Sin abrir la boca, al estilo Feijóo.

Amordazando y cebando antes a la prensa, a la diestra y la siniestra, destinando dinero público a mayor gloria y autobombo del nuevo líder. A la chita callando y con el mazo de billetes dando, enmudecieron al Gobierno y a sus socios. Invisibilizaron el lanzamiento de Yolanda Díaz. Les pusieron a la defensiva. En contradicción interna –real, magnificada o inventada– y entre sí. Y desdibujaron las políticas públicas en marcha tachándolas de “giro a la izquierda”.

El velatorio sustituye a la celebración democrática, la parálisis a la movilización cívica. Y el espectáculo reemplaza la acción política en un terreno de juego que se reconoce “inclinado” a favor de la derecha. En realidad, conduce a las izquierdas al abismo. El sistema político-informativo reproduce en términos discursivos las correlación de fuerzas de la economía y la política.

La Cultura de la Transición ha evolucionado en “periodismo de ocultación”. Y en un parlamentarismo que programa coros fúnebres y marchas patrióticas, hoy llamadas “constitucionales”

La Cultura de la Transición –término acuñado por Guillem Martínez, tan oportuno como impreciso cuando se formuló y poco operativo después– ha evolucionado en “periodismo de ocultación”. Y en un parlamentarismo que programa coros fúnebres y marchas patrióticas, hoy llamadas “constitucionales”.

El patriotismo constitucional, por cierto, tal como lo formuló Jürgen Habermas, reclama la potestad de que cada generación relea y reescriba los principios constitucionales básicos. En cambio, para el PP sigue sin haber vida más allá del 78… ¿o del 39? Con ocasión del aniversario de M. A. Blanco, se celebró la memoria selectiva del bando vencedor con un impagable cameo de Felipe VI. Revelador mensaje real: “Todos queríamos parar el reloj”. Aún bien que el monarca no pronunció esas palabras uniformado. En el parlamento, el PP continuó con el monocultivo de ETA, apoyándose en los latifundistas de Vox, en su afán compartido de convertir el hemiciclo en un erial.

“Hacen guerras culturales para ocultar la guerra de clases”, concluíamos hace nada las gentes de ALCES XXI –una tribu de hispanistas irredentas, (auto)exiliadas en EE.UU.– que nos reunieron en Oviedo. Aplicado a lo que venimos diciendo, la (ultra)derecha pretende invisibilizar y bloquear medidas sociales para paliar la crisis que viene. Y, junto con los corifeos progresistas, todos alertan y señalan un “giro a la izquierda”. 

Pero, a pesar de las medidas anticrisis, se siguen socializando los costes, mientras aumentan los beneficios de quienes van ganando la guerra de clases. Martínez –el periodista Guillem, que no “el facha”– hizo lo que casi nadie: números. El impuesto bolivariano, la expropiación comunista a los bancos ni siquiera recabará la mitad del dinero que nos deben por “rescatarlos” –hundiéndonos aún más– en 2008.

No se contemplan compensaciones a particulares. Ninguna víctima –a pesar de mencionarlas 142 veces en el texto legal– podrá reclamar nada

No habrá tampoco devolución ni reparación en cuestiones de memoria histórica. Los republicanos siguen cautivos y desarmados, ni siquiera identificados como el bando democrático. Fue también Martínez el único en señalar, entre otras cosas de gran enjundia, que “la ley de Memoria Histórica declara ilegales las sentencias franquistas pero no las ilegaliza”. No se contemplan compensaciones a particulares. Ninguna víctima –a pesar de mencionarlas 142 veces en el texto legal– podrá reclamar nada. Lógico, el “verdugo” solo se cita una vez. No se revertirán las incautaciones ni el expolio de los vencidos. No habrá compensación material alguna, concluye Martínez. Continúa, pues, el desarme unilateral de los derrotados.

Ladrones de mausoleos y juntacadáveres acusan y acosan al gobierno Frankenstein. ¿Cómo es posible cuando las parrillas de la televisión progre emiten “Al Rojo Vivo”, “Todo Es Verdad” –o “Mentira”, según la franja horaria– y nos declaran “Salvados”? No escasean programas y tribunas. ¿Será que el periodismo de izquierdas está metiendo goles en propia puerta? ¿Y, si además de jugar en campo contrario, compartiese y repartiese juego con sus supuestos competidores?

Lo peor de la CPT es que la P corresponde tanto a la cultura “Periodística” como a la “Política”. El paralelismo mediático-partidario se materializa en una tesis hegemónica pero insostenible en términos históricos. Las encuestas electorales, en cambio, le confieren validez. A saber, que un gobierno de coalición PP-Vox resulta ser más legítimo y democrático que la coalición del PSOE con los (pos)comunistas y los independentistas. Insostenible, este despropósito olvida quién aportó qué a la democracia. Y ni siquiera asume la equidistancia entre los extremos; incluso concediendo que (Unidas)Podemos lo sea por la izquierda.

Los 10 mandamientos

Los medios construyen agendas. Y emiten marcos y relatos; en principio, diferentes. No lo son tanto, sobre todo en lo tocante a la Jefatura y al modelo de Estado. Aquí se mezclan las churras y las merinas, lo más granado y lo más putrefacto de la Prensa diestra y siniestra, para lanzar encuadres y narrativas únicas. Sin entrar en distingos analíticos, tan manoseados y confundidos, cabe señalar algo sencillo de identificar: las trampas lingüísticas de la CPT –la Cultura Periodística de la Transición– que reproduce la prensa autodenominada progresista.

No se trata solo de la falta de oposición a los poderes políticos y económicos, que evidencian episodios como el Ferrerasgate, sino de que el consenso impuesto y que impera se basa en silencios forzosos. No en argumentos libres y veraces. Además, si el statu quo bipartidista y borbónico peligra, la oposición que se visibiliza da alas a la (ultra)derecha.

Los partidos “nacionalistas” son solo los vascos, catalanes y gallegos. Estos últimos dejan de ser “riquiños” cuando copian a los anteriores

Invocando espíritus aún en pena –como el de Ermua– se niegan evidencias palmarias y se erigen personajes públicos a costa de personas y víctimas. Se trata de identificar violencia política, izquierda e independentismo. Lo vimos en el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y la cobertura que recibió. Repasen y reparen, por favor, en estos diez mantras-mandamientos. Marcan el discurso periodístico sobre la forma y la jefatura de Estado. También del que se arroga un pedigrí “progresista” y se enciende “al rojo vivo”.

1 - Los partidos “nacionalistas” son solo los vascos, catalanes y gallegos. Estos últimos dejan de ser “riquiños” cuando copian a los anteriores. Pueden acompañar el resto del artículo con esta divertida tonadilla para hacer esto más pasable.

2 - Las banderas “constitucionalistas” son rojigualdas; como si la Constitución no reconociese la catalana y la ikurriña.

3 - El independentismo catalán resultó golpista; mientras que el 23-F de 1981 fue apenas una “intentona” que se puede obviar.

4 - El “a por ellos” –para jalear a la guardia civil– es igual de loable que el “a por ellas”: las urnas del 1 de octubre.

5 - Élites proto-nazis inventaron los nacionalismos catalán y vasco; pero el español, en cambio, es corolario natural de una grandeza consustancial a la piel de toro y cosa de patriotas. Traducidos estos últimos como abertzales en Euskadi, equivalen a terroristas en el Reino de España. Y, si se manifiestan en Cataluña a favor del Procés o contra la Corona, hacen kale borroka.

6 - Juan Carlos I es rey emérito –los delitos y la fuga no le acarrean demérito alguno– y sus errores no salpican a su heredero. Todo muy lógico: haber recuperado el trono de manos de Franco tampoco enfanga a los Borbones.

7 - La monarquía, sostiene el periodismo convencional, a diestra y siniestra, es garantía de unidad y concordia nacionales; Algo ilógico, porque las encuestas señalan la Corona como una de las instituciones más polarizantes.

8 - El “periodista” progre, gente de bien, señalará los crímenes del dictador y las tropelías del “campechano”. Pero justificará la violencia estatal por la presencia de “radicales” (siempre independentistas o de izquierdas). Y equiparará las corruptelas de palacio, con las de los súbditos y cortesanos. Nótese que estos argumentos son propios de dictaduras oligárquicas.

9 - La tarea que desempeña la monarquía es tan alta que le exime de rendir cuentas ante los tribunales de justicia y de la opinión pública –sí, los medios– españoles; siendo extranjeros los que ejercen de contrapoderes. Repárese en que esto nos define como monarquía - que no república - bananera.

10 - El décimo mandamiento, hunde sus raíces en una memoria anti-democrática: ni Felipe VI repudia a su padre, ni Juan Carlos I a Franco. Y la Ley de Memoria tampoco se lo exige. Nada a ninguno de ellos. Normal. Igual que lo es no saber cuánto nos cuesta mantener dos reyes desde el tándem Don Juan/Juancar. Y ahora al “emérito” y al “preparado”. El verdadero himno del Reino de España es Paquito el Chocolatero: no queríamos una taza, nos pusieron dos.

La tarea que desempeña la monarquía es tan alta que le exime de rendir cuentas ante los tribunales de justicia y de la opinión pública

Pero no crean que la artillería mediática, antes llamada Brunete mediática, y el fuego amigo de Ferreras y cía. se dirigen solo contra republicanos y nacionalistas periféricos. El centro liberal desapareció al ser representado por un partido llamado Unión, progreso y democracia. Fíjense que son los mismos campos semánticos e idéntico orden de prelación que Una, grande y libre. Su lideresa y principales tribunos señalaban, señalan, y vuelven a señalar, que el único fascismo que existe y a combatir es ETA-Bildu. Luego vinieron Ciudadanos, con un líder al que Ferreras y su claqué proclamaron vencedor de aaquel debate electoral en el que esgrimió un adoquín como argumento contra el procés.

El blanqueamiento de Vox corre en paralelo a la demonización de (Unidas)Podemos

Ninguna de esas marcas electorales planteó jamás problema alguno para los tertulianos y politólogos reunidos en torno al pactómetro de La Sexta. Ofrecían alianzas electorales inocuas, compatibles con el bipartidismo y que contaban con sobrado aval democrático. El posterior avance de Vox ha sido, es un subproducto –efecto más o menos deseado– de ese discurso. El blanqueamiento corre en paralelo a la demonización de (Unidas)Podemos. Y, cuando se critica a Vox, es para reclamar la gran coalición; es decir, el abrazo del oso del PP al PSOE.

Está por ver si Yolanda Díaz recibirá del periodismo “afín” el trato mediático conferido a Santiago Abascal o a Pablo Iglesias. Si tuviese o hubiera tenido carnet de falangista, como Aznar y tantos otros, no habría problema alguno. Pero, como sigue afiliada al PCE, recurrirán al estigma comunista para estigmatizarla. Eso seguro. Además. para Sumar deberá sopesar la resta que supone que la asocien a los talking heads podemitas. Esas cabezas parlantes han sido decapitadas para públicos no convencidos. Y las tribunas personales, tan personalistas, casan mal con un proyecto común.

Diferenciar, contraponer y contrapesar la cultura política y la periodística es un rasgo esencial de la democracia, que se basa en contrapoderes. Un proyecto en verdad progresista y emancipador debiera reconocer que su futuro depende de una prensa (que se quiere) libre de ataduras y militancias partidarias. Salvaguardar la unidad y la jefatura del estado o dictar el Gobierno de la nación son tareas que no corresponden a los periodistas. Menos aún cuando quienes se las arrogan normalizan la guerra sucia y el golpismo mediáticos como prácticas profesionales. 

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Víctor Sampedro es catedrático de Comunicación Política en la URJC.