Quizás uno de los mayores desafíos en que nos encontramos inmersos los pueblos en resistencia y en construcción de alternativas es cómo seguir pulsando por transformarlo todo, y dar paso más allá del neoliberalismo, y a su vez incidir en lo institucional. Y henos aquí, en Chile, ante un proceso constitucional que dará fin a la Constitución del ochenta, heredera de la dictadura empresarial-militar de Augusto Pinochet, y que edificó un Estado subsidiario quedando en manos privadas la gestión de todos los bienes comunes sociales y naturales.

Todo comenzó con una revuelta, un estallido, una insurrección, que se inicia con las movilizaciones de estudiantes secundarios y secundarias por la subida del precio del metro a 30 pesos en la ciudad de Santiago, que se extendió rápidamente en diversos territorios, mostrando un profundo descontento por más de tres décadas de intensificación de medidas privatizadoras, de violencia político-estatal contra las comunidades movilizadas, y de precarización de nuestras vidas en el orden de todas las cosas. Pero también es parte de un camino recorrido desde la lucha feminista, socioambiental y plurinacional, entre otras.

Chile será uno de los pocos países del mundo en que los gobiernos de la post-dictadura mantuvieron la misma Constitución

Es así que Chile será uno de los pocos países del mundo en que los gobiernos de la post-dictadura, tanto en manos de la ex-Concertación (conglomerado de partidos políticos de centro-izquierda) como de la derecha, mantuvieron la misma Constitución, profundizando la neoliberalización y la criminalización de la protesta social, además de establecer una militarización permanente del territorio mapuche, que se extiende hasta nuestros días.

Poco a poco, pero con gran potencia, emerge el llamado a una asamblea constituyente. Desde lo constituyente emerge también el relato de lo destituyente, exigiéndose desde los sectores movilizados la salida de Piñera de la presidencia, la disolución de la Carabineros de Chile, destacando un proceso de desmonumentalización, la destrucción de monumentos emblemáticos de personajes coloniales, republicanos y patriarcales, que representan un relato hegemónico de invisibilización y violencia hacia los pueblos.

Son meses complejos, la violencia por parte de agentes del Estado se intensifica dejando como saldo miles de detenciones, más de una treintena de personas asesinadas, casi medio millar de personas víctimas de trauma ocular, tortura y violencia político-sexual, que en la mayoría de los casos siguen impunes y donde casi no existen políticas de reparación por parte del gobierno actual.

En noviembre del mismo año, se lleva a cabo un acuerdo de paz desde partidos políticos de la derecha hasta partidos de la izquierda institucional, para llamar a elecciones con el propósito de aprobar o rechazar una nueva constitución, imponiéndose la ley 21.200, que condicionó el proceso constituyente demandado por los pueblos a una convención constitucional, en que las y los candidatos constituyentes debían postular al igual que el sistema de diputación, por distrito, y que para el caso de los independientes, juntando firmas, en que además solo tendrían un segundo en la franja televisiva para la difusión de su campaña, entre otras medidas.

La Convención claramente no era lo que se había posicionado desde la revuelta como asamblea constituyente, pero de igual manera muchos de los movimientos sociales y pueblos decidimos disputar el espacio.

La elección para aprobar o rechazar una nueva constitución se lleva a cabo en octubre del 2020, en plena pandemia, posicionándose el apruebo con más del 78% de la votación, ganando a su vez la opción a la Convención Constitucional, y que en el proceso de candidaturas destacarán dos elementos: la paridad de género para la conformación de listas para constituyentes, y el reconocimiento de escaños reservados para pueblos originarios, no así para el pueblo afrodescendiente.

De manera inesperada, o más bien intencionalmente posicionado como un hecho inesperado por la prensa hegemónica, personas de movimientos sociales y de diversos territorios son electos constituyentes en mayo del 2021, conformando alrededor de cuarenta personas una vocería de los pueblos y de los movimientos sociales para desbordar el espacio.

Fueron meses intensos, en que se tuvo que disputar todo ante un poder instituido y una subjetividad neoliberal, para la construcción y conformación instituyente de esos otros horizontes de vida desde los buenos vivires, recordando que “la normalidad era el problema”, esa normalidad que nos despoja cuerpos y territorios, que lo privatiza todo.

Y a pesar de las dificultades y contradicciones, como feministas territoriales, populares y comunitarias, que nos concebimos plurinacionales en tanto coexistimos diversos pueblos y naciones, logramos posicionar dentro de la propuesta de la nueva Constitución, a través de iniciativas populares de normas y propuestas presentadas por convencionales, el reconocimiento de los cuidados y del trabajo doméstico no remunerado, los derechos sexuales y reproductivos, la paridad en los organismos estatales, una educación no sexista, la generación de políticas para dar fin a toda forma de violencia contra las mujeres, niñeces y disidencias sexo-genéricas, y otras reivindicaciones como los derechos de la Naturaleza y el reconocimiento del agua como un bien común natural inapropiable.

Tenemos la claridad que nuestra lucha es permanente y se sostiene desde la organización de asambleas territoriales, redes de abastecimiento popular, pero también desde la consolidación de redes de cariño y apoyo mutuo, donde en nuestras acciones y memorias habita la revuelta, siendo uno de los mayores desafíos sostener nuestra mirada crítica y rupturista del patriarcado, el colonialismo, el racismo y el capitalismo, y no perdernos en esa senda. Ahora nos queda proyectar los derechos humanos, de los animales y de la Naturaleza consagrados en la nueva Constitución en la generación de leyes y de una nueva institucionalidad, y al mismo tiempo seguir construyendo autonomías.

Y nos acuerpamos, como dijeran nuestras compañeras feministas comunitarias, lo que implica necesariamente reconocernos como parte de un tejido social que disputa la vida, la propia existencia, en que desde el cuerpo nos conectamos a la tierra y nos construimos como territorio, como lugar de pertenencia desde donde proyectar nuestros buenos vivires.

Desde el 5 de septiembre se inicia un período cargado de esperanzas, desafíos, pero también de tensiones, el de materializar la dignidad anhelada por los pueblos a través de una nueva Constitución, y sin perder nuestro horizonte emancipatorio, en que el feminismo nos sitúe en procesos reflexivos sin alejarnos del rumbo de la radicalidad, a sabiendas que las garantías de materialización de las propuestas constitucionales sólo se darán mediante la presión y movilización popular.

Y seguimos con todo.

¡Arriba las, los y les que luchan!

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Francisca Fernández Droguett es feminista territorial, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios-MAT.