El pulso de la vida política en España y en Francia late de manera asincrónica. Tras la vorágine desatada por la elección presidencial primero y, un mes más tarde, por unas elecciones legislativas que arrojaron resultados inéditos, el polvo comienza a caer y el paisaje político francés da señales de estabilizarse. Hasta las elecciones europeas de mayo 2024, y salvo disolución intempestiva de la Asamblea nacional por Emmanuel Macron, el calendario electoral de nuestros vecinos aparece en blanco. Todo lo contrario de lo que nos reserva el escenario español. El curso político que comienza estos días lo hace en un contexto de gran inquietud por las tensiones inflacionistas y el desafío energético. Pero, muy rápidamente, la actualidad política se centrará en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Será un primer test a escala real para el Partido Popular de Núñez Feijoó así como para las izquierdas en el Gobierno. Poco después, el gobierno de coalición progresista se jugará su continuidad en las elecciones generales, que deberían celebrarse a finales de 2023.

La arritmia entre el escenario francés y el español permite identificar fenómenos o prácticas comunes sobre el terreno político y, sobre todo, abre la posibilidad para tratar de deducir conclusiones. Uno de los hechos más notorios en ambos países es la necesidad para la izquierda de generar una dinámica común frente a la derecha y la extrema derecha, ambas con voluntad de gobernar juntas. En España, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desea ejercer el liderazgo del campo progresista desde Sumar, la plataforma que lanzó el pasado mes de julio.

Se trata de un intento de trascender las siglas y las adhesiones partidistas, iniciando un diálogo directo con la sociedad. En Francia, la dinámica común no pudo surgir a tiempo para las últimas presidenciales de abril/mayo, pero sí para las elecciones legislativas de junio bajo la forma de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale o NUPES. No obstante, hubo tentativas previas, incluso para la carrera al Elíseo. En ese sentido, vamos a examinar la trayectoria de una candidatura que, finalmente, no consiguió cuajar porque tiene que ver con la iniciativa de Yolanda Díaz. Se trata de la candidatura que encarnó Christiane Taubira, una mujer que representa de todo, salvo ser una outsider. Exdiputada nacional, exdiputada europea, exministra de Justicia, excandidata presidencial en 2002, Taubira lleva casi 30 años en la primera línea de la política. Y, sin embargo, su designación para entrar a la carrera presidencial fue el resultado de un proceso inédito en Francia, organizado fuera y en contra de los partidos políticos de izquierdas. Veamos cómo se llevó a cabo y qué conclusiones podemos extraer de su fracaso.

La “crisis de la representación” se ha convertido en un lugar común del análisis político, aceptando implícitamente que una situación tan prolongada siga definiéndose como una “crisis”

Desde la década de 2010, el tema de la “crisis de la representación” se ha convertido en un lugar común del análisis político y periodístico, aceptando implícitamente que una situación que dura desde hace tanto tiempo siga definiéndose como una “crisis” y quedando a menudo inexploradas las bases históricas y filosóficas de la representación, así como la tensión intrínseca entre representación y democracia.

Más allá de las dificultades sobre el terreno teórico, sí parece claro que asistimos a una erosión progresiva del interés ciudadano por las instituciones y los procesos que permiten la existencia de una representación política. La participación en las elecciones, la tasa de sindicalización, el militantismo en los partidos políticos, la confianza en los cargos públicos han conocido, en España como en el extranjero, una notable degradación.

En Francia, este fenómeno, unido a la desesperada (y desesperante) situación de una izquierda fragmentada en siete candidatos (cinco de ellos con numerosas convergencias programáticas), condujo a la creación de un objeto político inédito a inicios de 2021. Se trataba de una plataforma para reunir en un mismo proceso de designación a una serie de candidatos presidenciales de izquierda preseleccionados por voto popular.

La sociología de este movimiento quedó rápidamente muy clara. Se trataba, en su mayoría, de gente más bien diplomada y más bien urbana, tecnófila (todo el proceso se desarrolla online), adepta de la desintermediación política y relativamente internacionalizada, puesto que se inspiraba en la experiencia estadounidense (recordemos la campaña de Bernie Sanders y de Alexandria Ocasio-Cortez). El ejemplo engarza perfectamente con la tendencia descrita: un conjunto de ciudadanos que interfieren en el juego de los partidos porque sienten que tienen una legitimidad diferente y más potente que la de los partidos.

No parece, por tanto, sorprendente que ninguno haya deseado que su candidato participase en estas “primarias”. Algunos pidieron incluso no ser sometidos al voto de los internautas. La única candidata en aceptar las reglas fue Christiane Taubira, ministra de Justicia entre 2012 a 2016 bajo la presidencia de François Hollande, y prácticamente desaparecida de la escena política desde entonces. El domingo 30 de enero se conoció la decisión de 392.000 votantes: Taubira ganó las primarias, que más parecían un sondeo a gran escala. Inmediatamente, llamó a la unión bajo su candidatura. La respuesta de los interlocutores principales (Yannick Jadot, el ecologista; Jean-Luc Mélenchon, el insumiso, y Anne Hidalgo, la socialista) fue, como no podría ser de otro modo, negativa.

¿Qué se puede concluir de esta secuencia? A primera vista, la organización de un proceso de selección sin debates, en el que participaron candidatos que no deseaban inscribirse, y algunos de los cuales incluso pidieron explícitamente que no se les tuviera en cuenta, difícilmente puede parecer generador de legitimidad. Finalmente, no solo no se consiguió crear una dinámica unitaria, sino que se agregó una candidatura más. Y todas poseían un título particular de legitimidad: Mélenchon por haber sido el mejor candidato de la izquierda en 2017 y haber construido el programa más completo y ambicioso (L’Avenir en commun); Jadot por haber ganado la primaria de los ecologistas y ser una fuerza en crecimiento tendencial; Hidalgo por ser la candidata del histórico Partido Socialista y Taubira por haber sido designada a través de las “primarias populares”. El problema se mantuvo: a falta de un acuerdo entre partidos, no había un órgano que arbitrara una situación que, según los sondeos, llevaría a cada uno a un resultado peor que en las elecciones anteriores. Como un dilema del prisionero, pero para personas con los ojos vendados.

Atravesamos un momento bisagra, en el que instituciones y formas históricas de legitimación política se enfrentan a la competencia de objetos políticos no identificados  emergentes

Más allá de la crónica de una catástrofe anunciada, esta secuencia nos revela algunos elementos estructurales. Atravesamos un momento bisagra, en el que instituciones y formas históricas de legitimación política (los partidos con sus procedimientos internos de designación de cuadros dirigentes) se enfrentan a la competencia de objetos políticos no identificados emergentes. Estos últimos pretenden renovar las prácticas democráticas, reivindicando para sí mismos el dinamismo, la voluntad de cambio y una forma de pureza como emanación vaporosa de la sociedad civil organizada. En cierta manera, el movimiento de Emmanuel Macron (En Marche!), Podemos o la Francia Insumisa de Mélenchon se presentaron en su momento como estructuras innovadoras y, sobre todo, no asimilables directamente a un partido político. Todos pretendían distinguirse de las estructuras partidarias tradicionales con nuevas formas para establecer procesos de legitimación política. Parece que la evolución ulterior les ha llevado a parecerse cada vez más a las organizaciones de las cuales pretendían desmarcarse, al no haber podido desarrollar una estructura auténticamente híbrida e innovadora. La situación actual es frustrante porque los partidos pierden la capacidad de movilizar y de entusiasmar a sus simpatizantes y la sociedad civil organizada carece, por el momento, de legitimidad orgánica.

La tensión entre una democracia de partidos y una democracia de ciudadanos movilizados plantea, por lo tanto, nuevas incógnitas: ¿cuál es la composición sociológica de estas nuevas organizaciones?, ¿cuál es el ratio entre el militantismo de terreno y el militantismo del fav y del retuit? Y, sobre todo, ¿qué papel deben desempeñar los partidos políticos en estos dispositivos? Como muestra la experiencia de las “primarias populares”, estos últimos siguen siendo los actores principales de los procesos electorales. Lo deseable sería que los partidos políticos, sin desaparecer, sean capaces de regenerarse. La llamada de atención que suponen experimentos como las “primarias populares” en Francia debería servir de aliciente para que los partidos y los ciudadanos se vuelvan a reencontrar en España.