“¿Es normal que un organismo como nuestro Ministerio de Salud no pueda desempeñar una serie de funciones que deberían formar parte de sus competencias?”. Esta fue la pregunta que formuló un senador francés en una de las audiencias sobre el papel que ejerció la consultora McKinsey en la campaña de vacunación contra el coronavirus, y es también la pregunta que pone fin a una investigación de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU) sobre el aumento del traspaso de funciones del Estado al sector privado.

Un informe de esta Federación y sus filiales, publicado junto con la Universidad de Greenwich, examina la escala y el efecto de la privatización, en todas sus formas –asociaciones público-privadas, externalizaciones y consultorías–, en las Administraciones públicas de una docena de países europeos, así como en la Comisión Europea. Dicho informe destaca, por primera vez, el creciente peso que tienen en Europa las empresas de consultoría, que se han convertido en actores con gran capacidad de influencia en la Administración pública.

La EPSU lleva mucho tiempo investigando la comercialización de servicios públicos, como los sanitarios y los sociales, las Administraciones municipales y regionales, y los centros de detención de personas migrantes. Esta comercialización ha reducido el empleo y los salarios, y ha debilitado el diálogo social, la presencia de sindicatos y, en última instancia, los servicios que se prestan a la ciudadanía y que se costean con sus impuestos. En consecuencia, presenta un sesgo favorable a la avaricia de las empresas, en contraposición al interés general, siendo las personas con empleos más precarios y la ciudadanía más vulnerable quienes sufren las consecuencias.

Hace mucho que las Administraciones del Estado externalizan algunas funciones “auxiliares”, como la limpieza, la recepción y la seguridad, a empresas que pagan salarios inferiores. No obstante, estas mismas Administraciones han recurrido progresivamente a consultores externos, que resultan más caros, para que desempeñen funciones centrales del Estado, como la elaboración de políticas públicas, iniciativas legislativas, contratos públicos o incluso planes de reestructuración del sector público. Estos mismos planes son los que prevén recortes de personal y contribuyen a una mayor necesidad de servicios de consultoría.

Las Administraciones han recurrido progresivamente a consultores externos para que desempeñen funciones centrales del Estado

La contratación de empresas de consultoría pasa con frecuencia desapercibida, porque se considera un traspaso de funciones del sector público al privado que genera puestos de trabajo. Estas empresas –Accenture, McKinsey, PwC por nombrar las más conocidas– ofrecen mucho más que asesoramiento; se están convirtiendo en “paragobiernos” con agendas políticas propias, lo cual plantea dudas en materia de transparencia, rendición de cuentas y coste de los servicios públicos.

En 2019 y 2020, las consultorías sobre cuestiones organizativas prestadas al sector público supusieron el 14 % del coste total de este tipo de servicios en Europa. Este porcentaje se sitúa en el 31 % en Grecia, el 22 % en Dinamarca y el Reino Unido, el 17 % en España y el 9 % en Alemania y Francia.

Recurso obligatorio

La externalización no es una opción, sino una necesidad. Informes anteriores de la EPSU han denunciado que hay menos empleo en las Administraciones tributarias y las inspecciones de trabajo, por ejemplo. Los límites de contratación que se imponen a numerosos ministerios y a las Direcciones Generales de la Comisión han propiciado que se recurra a la externalización y a las empresas de consultoría para que lleven a cabo lo que las autoridades ya no tienen posibilidad de hacer.

La austeridad ha sido el preludio de los procesos de privatización, los cuales han desprovisto al sector público de importantes competencias y conocimientos a nivel interno, sobre todo en lo que respecta a la digitalización. Estos “vacíos” se han cubierto, por un coste mucho mayor, mediante consultorías que aplican técnicas propias del sector privado para crear una mayor demanda de estos servicios. Este gasto no figura como coste de personal, por lo que el uso de consultores es una forma de eludir un posible reglamento de paralización de las contrataciones o de recorte de la plantilla.

La “cultura de la consultoría” también propicia que el personal se pase del sector público al privado para volver al primero como consultor externo. Suele considerarse que estos consultores aportan conocimientos especializados, pero lo que en realidad sucede es que privan al sector público de ese conocimiento, mientras paradójicamente aumentan la burocracia.

Un futuro que sea público

La última parte del informe más reciente de la EPSU, basada en entrevistas a sus afiliados, demuestra que restaurar los servicios internos no es una ficción, sino parte de la respuesta para recuperar el control de las Administraciones públicas. Con una fuerte movilización de los sindicatos y de los grupos defensores de los servicios públicos y la transparencia institucional, es posible recuperar estos servicios, como ha ocurrido en los Países Bajos con los servicios de limpieza o en Suecia con los de estadística. Esta debe ser la meta prioritaria del conjunto del movimiento sindicalista.

La “cultura de la consultoría” propicia que el personal se pase del sector público al privado para volver al primero como consultor externo

Asimismo, es importante batallar por un aumento de la inversión pública que refuerce la capacidad de los Estados para luchar contra la evasión de impuestos de las grandes empresas, incluidas las consultoras, y las vulneraciones de derechos laborales (aumentando, respectivamente, el número de inspectores fiscales y laborales), así como su capacidad de mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía.

Por último, el recurso a las asesorías debería limitarse o, según ciertas opiniones, prohibirse. Emily O’Reilly, la Defensora del Pueblo Europeo, acusó al fondo de inversiones BlackRock de haber producido un informe sobre supervisión bancaria para la Comisión a un coste muy bajo, supuestamente para influir en la decisión del Ejecutivo europeo, que afectaba a más de 500 millones de personas. Estos ejemplos muestran que las consultoras no velan por el interés general, sino por el suyo propio.

En Austria la Administración federal ha decidido limitar la contratación de consultorías, puesto que una reforma del sector público a gran escala llevada a cabo por esta vía ha dañado la reputación del sector. En Francia, tras el escándalo de evasión de impuestos de McKinsey, se habla de reducir su presencia y de no recurrir a ellas de forma automática.

Los hechos demuestran que el sector público, cuando cuenta con los recursos apropiados y es sensible a las necesidades reales que plantean los cambios sociales, es capaz de prestar servicios efectivos y de calidad, controlados democráticamente por los representantes electos y sujetos a escrutinio por tribunales de cuentas y periodistas. Los servicios públicos deben favorecer una negociación colectiva genuina con los sindicatos y dar prioridad a los intereses de la ciudadanía, en lugar de a los beneficios. Este es el futuro que los sindicatos deben construir.

No podemos permitir que cada vez más funciones del sector público se traspasen al sector privado. Ello equivale a entregar el control de las Administraciones del Estado a empresas de consultoría privadas y socava la confianza de la ciudadanía en la integridad de las Administraciones públicas a la hora de tomar decisiones de interés general, ya que las empresas de consultoría sirven a distintos patrones a cambio de dinero.

Las autoridades deben poner fin a estas prácticas. De lo contrario, podrían estar financiando su propia destrucción.

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Este artículo fue publicado originalmente en Social Europe.

Traducción de María García Díaz.