Si alguna vez pensábamos que las administraciones públicas podrían hacer una apuesta decidida por la transición energética, ese momento es ahora, en tiempos de pandemia. Los fondos europeos de recuperación NextGenerationEU (NGEU) son un impulso inusitado para la transformación de la economía hacia un futuro verde y digital que nos permita llegar a la neutralidad climática en 2050, y tienen mucho de energético. 

Cuantitativamente, sus 750.000 millones de euros (140.000 millones para el Estado español) son una inyección considerable para la inaplazable transición. Cualitativamente, tienen la marca y el diseño europeo, lo que favorece una mayor concentración: grandes corporaciones moviendo grandes inversiones para financiar grandes proyectos. Además, su ritmo frenético obliga a asignarlos en poco más de dos años, lo que dificulta su control.

De ahí que debamos preguntarnos si los fondos europeos contribuirán a la transición energética cumpliendo los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión Europea (reducción de las emisiones en un 55% para 2030 y la neutralidad en 2050) o, en cambio, serán una transacción más de las maltrechas cuentas de la ciudadanía a los bolsillos de las grandes energéticas.

Proyectos para la transición energética

A pesar de que el plan España Puede se presentó el 7 de octubre, solo contenía grandes líneas estratégicas y poca concreción. El documento mostraba su intención de contribuir decisivamente al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y al Pacto Verde Europeo (European Green Deal). 

Pasados cinco meses de su presentación, los proyectos que optan a la fondos europeos no son aún definitivos. Podríamos distinguir, por un lado, las “manifestaciones de interés” publicadas por los ministerios, que tienen por objetivo “recabar la información imprescindible que permitiría, en su caso, la construcción y desarrollo posterior por parte del Gobierno, de manera autónoma, de las líneas estratégicas de actuación”. Esta especie de “sondeo de mercado” acabará marcando la tendencia y alcance de las líneas estratégicas convertidas en PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica), colaboraciones público-privadas que se llevarán la parte más importante de los fondos.

Por otro lado, las comunidades autónomas también han presentado sus propuestas al Estado en forma de planes para el NextGenerationEU. De ahí se pueden destacar el Next Generation Catalonia, Euskadi Next y Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu, que son los planes más elaborados conocidos.

Por último, se ha hablado de “ventanillas informales” donde las grandes empresas y las patronales, ayudadas por las consultoras, pueden presentar sus proyectos. Es el caso de Iberdrola, Endesa, ACS, Naturgy, Enagás o la misma CEOE.

Veamos en más detalle y concreción qué contienen estas tres vías: las manifestaciones de interés, los planes autonómicos y las “ventanillas informales”; centrándonos en la transición energética.

Las manifestaciones de interés de los ministerios

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado seis manifestaciones de interés relacionadas con la transición energética: 1) energías renovables 2) flexibilidad, infraestructura, redes inteligentes y almacenamiento 3) comunidades energéticas locales 4) energía sostenible en islas 5) movilidad eléctrica y 6) hidrógeno renovable. Los períodos de presentación de manifestaciones de interés a estas convocatorias en concreto ya están cerrados pero no se conoce qué se ha presentado a cada línea. Ahora bien, los títulos y contenido de las manifestaciones marcan una tendencia clara de por dónde irán las posibles convocatorias finales. 

De las manifestaciones de interés, en su conjunto, podríamos destacar la intención de fomentar el autoconsumo; de que la movilidad sostenible esté ligada a la agenda rural; la promoción de las smart grid, la digitalización de redes y la agregación de demanda; la energía marina, sin especificar si esta incluye la eólica marina; el fomento de nuevas tecnologías y prácticas para la integración territorial y ambiental de las renovables; y proyectos de dinamización y formación en temas de energía y/o gobernanza. Además, el omnipresente hidrógeno renovable para sectores de difícil electrificación, donde no hay soluciones eficientes o técnicamente viables. 

¿Qué hay en los planes autonómicos?

En los planes autonómicos podemos encontrar una mayor concreción. Tomemos como referencia Next Generation Catalonia y Euskadi Next que, por su grado de detalle, permiten un mejor análisis.

El Next Generation Catalonia tiene 11 misiones, 5 ejes estratégicos y 27 proyectos emblemáticos. En el documento de presentación también se recogen 55 proyectos destacados de los 542 recibidos en el periodo abierto a la recepción de propuestas.

Tanto el dinero dedicado a los ejes estratégicos como el de los proyectos emblemáticos están divididos en “primer año” y “total del proyecto”. Aunque no está explicado en el documento publicado, se presupone que el “primer año” es un importe solicitado al NGEU y el total corresponde a los fondos europeos más la aportación del promotor. Lo confirma el presupuesto final del plan que es de 41.471 millones de euros. Si fuera completamente al NGEU representaría un 30% del total de los fondos y parece poco probable que la repartición entre comunidades autónomas y la parte que gestionen directamente los ministerios permita porcentajes tan elevados.

Lo más concreto que podemos encontrar en el Catalonia Next Generation es, por un lado, 6 proyectos destacados relacionados con la transición energética que, aunque no tienen una asignación presupuestaria, dan buena cuenta de los intereses de los privados y la administración. Estos son: construcción de una central reversible de 3.000MW, que seria la más grande de Europa; impulso de parques eólicos marítimos flotantes (se consideran dos proyectos de 1.000MW); creación de comunidades energéticas; conexión de la red de frío de la regasificadora de Barcelona con el mercado central; una administración pública comprometida con la transición energética y la revolución verde de las instalaciones juveniles y centros de infancia.

Pero quizás lo más destacado sean los dos proyectos emblemáticos más caros. Por un lado el Carbon Recovery, un proyecto para posicionar Catalunya como un referente europeo de la descarbonización y el segundo, el Hydrogen Valley of Catalonia, que tiene la intención de crear una plataforma regional aglutinadora de iniciativas en relación con el hidrógeno verde. Estos dos proyectos emblemáticos tienen un coste de casi 14.000 millones de euros (1.363 millones para el año 1), un 30% del total del plan de Catalunya. Entre sus promotores están la empresa de acero Celsa, la minera israelí ICL, la transnacional del agua Suez y, por partida doble, en ambos proyectos, la gasista Naturgy.

El plan Euskadi Next, por su parte, ofrece una mayor información en lo financiero. El total del plan asciende a 13.435 millones de euros, 5.700 de los cuales serían de los fondos NGEU (el 30%). De los 8 ejes del plan, el tercero está dedicado a la “Generación de energías renovables” con una dotación total de 2013,7 millones de euros, 415,6 de los cuales se solicitan a los fondos europeos. En este eje se identifican 17 proyectos en los que, otra vez, el hidrógeno está presente con un presupuesto muy elevado.

De hecho el corredor de hidrógeno vasco se lleva más del 50% de la financiación del eje, y sumado a otros tres proyectos de hidrógeno, llegan al 65% del eje renovable. El corredor, presentado como un PERTE de colaboración público-privada, tiene entre sus promotores privados Petronor, Repsol, Nortegas, Enagas e incluso Aramco, la empresa saudí de hidrocarburos. También Iberdrola está presente en otros proyectos del eje.

Las “ventanillas informales”

Además de las vías formales parece que se han abierto también vías informales para acceder a los fondos. Ha salido a la luz pública la intención de las empresas del sector energético de presentar un gran número de proyectos. Por ejemplo, Endesa ha presentado 110 proyectos por valor de 19.000 millones de euros, Iberdrola 150 iniciativas por 21.000 millones, Naturgy 13.000 millones, ACS 4.500 millones y así hasta la suma de aproximadamente 100.000 millones para las empresas del Ibex-35. Estas compañías tienen contactos directos con los ministerios pero, para facilitarlo aun más, los mismos ministerios han contratado a las grandes consultoras para agilizar el proceso de selección de los proyectos. Deloitte, por ejemplo, ha sido contratada por el Ministerio de Transición Ecológica para la asistencia técnica en los trámites previos al reparto de los fondos. De la misma manera, Pricewaterhouse Coopers, otra de las grandes consultoras, también colaboró en el plan Euskadi Next. Las grandes energéticas son clientes habituales de este tipo de firmas de consultoría lo que supone un claro conflicto de intereses. 

Conclusiones: ¿transacción o transición energética?

Revisada la información pública hasta el momento, se pueden sacar algunas conclusiones no demasiado alentadoras. La primera podría ser que estamos ante una transición al hidrógeno, que la cantidad de propuestas y presupuesto dedicadas al hidrógeno es realmente resaltable. A su vez, a pesar de la denominación de hidrógeno verde, siempre aparece acompañado de grandes empresas petroleras y gasistas con una trayectoría bien poco verde pero con una inacabable capacidad creativa de greenwashing. También vemos que las distribuidoras eléctricas de zona quieren sufragar la transición smart a través de los fondos. Y, a mucha distancia pero con fuerza, llegan las propuestas de eólica marina, ahora que los conflictos eólicos tierra adentro afloran en diversos territorios. Quizás la parte más positiva de este primer punto son las comunidades energéticas pero, con los datos disponibles, parecen captar un porcentaje muy pequeño de los fondos.

La segunda conclusión es sobre los actores. La transición que plantean los fondos europeos está dominada por grandes actores del sector energético, ampliamente conocidos por su capacidad dilatoria ante emergencias como la climática, pero que parecen alinearse con lo verde cuando ello se convierte en una estrategia de captación de fondos públicos.

La tercera conclusión es que las administraciones públicas han perdido la capacidad de gestión y de inversión, y eso es un problema no solamente para la transición energética con fondos europeos sino para la democracia. Que BlackRock, el gestor de fondos fósil más grande del mundo, sea el asesor de la Comisión Europea para estudiar la integración de las reglas ambientales en los bancos, que las grandes consultoras faciliten la asignación de fondos llamados a transformar la economía o que, en la última subasta renovable en España, Capital Energy, Naturgy, Endesa, Iberdrola o EDP se adjudiquen gran parte de la potencia; son malas noticias. ¿Quién está decidiendo cómo transitamos?

Y la cuarta y última conclusión es que ni había duros a cuatro pesetas ni hay euros a 90 céntimos. Los fondos europeos generan deuda y se exigirá su retorno. Las exigencias se traducirán en austeridad, recortes y reformas. Y no es un futurible: los planes que presente cada país están obligados a incluir de forma inseparable las inversiones previstas con los fondos y los planes de reformas asociadas. Es más, los paulatinos desembolsos de los fondos estarán sujetos al efectivo cumplimiento de esas reformas. Entonces, no parece de recibo que, en tiempos de pandemia, se habiliten unos fondos que, por su propia estructura, pueden acabar siendo una transacción de dinero público a manos privadas, encubierta bajo los planes de recuperación. 

Ya vivimos el “rescate de los bancos” en 2008. Ahora estamos frente a “la recuperación de las grandes empresas”. Existen experiencias energéticas que podrían ser apoyadas, replicadas y escaladas, como las cooperativas verdes, la participación colectiva en proyectos de generación, las comunidades energéticas pero también el imprescindible diseño de planes de descenso del consumo energético, pre-condición para la transición energética que permitiría una auténtica gestión de la demanda y una reducción de sus impactos. Todo ello sin olvidar el ignorado refuerzo de lo público. La nacionalización y la municipalización son dos elementos que hay que poner encima de la mesa. La colaboraciones público-ciudadanas en proyectos energéticos, también. 

En definitiva, necesitamos frenar la transacción de dinero público a las grandes empresas recuperando nuestra capacidad colectiva de incidencia. Es imprescindible generar frentes comunes que posicionen todos esos proyectos energéticos transformadores como una propuesta sólida de transición energética. Y el momento de hacerlo es ahora.

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Alfons Pérez es ingeniero e investigador en el Observatori del Deute en la Globalització.