Mientras la guerra en Ucrania sigue su curso, la pregunta que recorre el campo de batalla es si Rusia se decidirá por la escalada nuclear. En Washington, el consenso político empieza a resquebrajarse y está en duda si el Partido Republicano retirará su apoyo después de las elecciones legislativas (el 8 de noviembre). Mientras tanto, Ucrania celebra sus triunfos militares cada vez más preocupada por sus crecientes dificultades sociales y económicas. En Washington, durante los encuentros del FMI y del Banco Mundial a principios de octubre, confluyeron estas tres cuestiones: el riesgo nuclear, el riesgo del Partido Republicano y el riesgo económico y financiero.

El Banco Mundial y el FMI confirmaron en su última reunión las sombrías predicciones de que el PIB de Ucrania se contraerá un 35% este año

No cabe duda de que Ucrania, al contrario que Rusia, se enfrenta a una crisis económica y social urgente. El Banco Mundial y el FMI confirmaron en su última reunión las sombrías predicciones de que el PIB de Ucrania se contraerá un 35% este año. Más de 10 millones de personas se han visto desplazadas y necesitan ayuda. Como señala un informe: “Según los cálculos del Banco Nacional de Ucrania (BNU), más de diez millones de trabajadores han sido despedidos y más de la mitad de las empresas han recortado sus nóminas desde que comenzó la guerra (hasta un 50% en algunos sectores). Muchas empresas afirman que trabajan en horario reducido”.

Cada vez está más claro que las políticas con las que Kiev ha resistido con éxito los primeros embates de la guerra no son sostenibles. Ahora mismo, la inflación está en un 30% (y sigue subiendo), y la moneda nacional, el grivna, ha perdido casi un 70% de su valor. Entretanto, para intentar frenar la depreciación de la moneda, se están dilapidando las reservas extranjeras.

Todos los bandos están utilizando la picaresca. A la hora de negociar concesiones de los acreedores, a Kiev no le sirve de nada maquillar su situación, aunque nadie duda de que es realmente grave. Pero cuando llegue el invierno, la penosa situación económica y financiera de Ucrania podría poner en peligro su capacidad para continuar la guerra.

Hay una solución evidente en forma de ayuda exterior. La pregunta es si llegará. De no ser así, ¿qué es lo que dicta el sentido común? Y en particular, ¿cuál es el papel que desempeñarían los analistas y expertos occidentales en esa situación? Me surgen estas dudas después de reflexionar sobre mi propia participación en el asunto y después de leer el informe del CEPR (Centro para la Investigación en Política Económica) que publicó en septiembre un dream team de economistas estadounidenses y europeos.

El informe se explica sin lugar a dudas por una auténtica preocupación por la situación de Ucrania. Pero me temo que sus propuestas amenazan con desvirtuar lo que pretende defender. Cuando la democracia está siendo atacada hay que tener cuidado con la economía política, y los autores del CEPR hacen lo contrario. En contra de lo que se podría esperar, es decir, que la guerra fomentaría la búsqueda de unas medidas económicas y sociales solidarias con las que fortalecer el frente interno de Ucrania, el equipo del CEPR apuesta por una drástica desregulación. En este sentido, superan la imaginación de un observador radical como es Slavoj Žižek, que en un artículo reciente publicado en Project Syndicate creía con ternura que la guerra había provocado una retirada temporal de los proyectos neoliberales en Ucrania. La historia, por lo que parece, es más radical que todo eso. Los autores del CEPR, avalados por predecibles suposiciones sobre la corrupción endémica y la ineficacia del Estado ucraniano, proponen romper cualquier relación entre la máquina de guerra y un Estado que solo sería una red de protección residual. De esta manera, el siglo XXI alumbra una nueva visión de la guerra sin Estado. 

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Desde este verano, el BNU presiona al gobierno de Zelenski para que suba los tipos de interés sobre la deuda que emite

Sin duda, el asunto más urgente ahora mismo es cómo pagar la guerra en Ucrania. La base de recaudación de impuestos de Ucrania no es muy fuerte y el gasto militar está aumentando. Sin embargo, recortar el gasto no militar es más fácil de decir que de hacer. Además, la financiación extranjera solo puede cubrir una fracción del déficit resultante y los inversores locales no están muy por la labor de comprar bonos en moneda ucraniana, como consecuencia de la inflación. Por lo tanto, pedir préstamos al Banco Central, el BNU, es decir, imprimir dinero, se ha convertido en la última alternativa en las finanzas de guerra (inflacionaria).

Ningún banco central quiere dirigir el país cuando la inflación está por las nubes. Desde este verano, el BNU presiona al gobierno de Zelenski para que suba los tipos de interés sobre la deuda que emite con el objetivo de que los préstamos sean más atractivos, pero el gobierno se opone.

En septiembre, expuse en mi artículo Chartbook #149 que, con mucha probabilidad, la presión social y económica sobre Ucrania agudizaría las divisiones dentro de la élite y sobre todo entre el Gobierno y el Banco Central. En aquel momento (era cuando Ucrania había realizado espectaculares avances militares en el frente norte) aprecié cierto nerviosismo solo por el hecho de sacar el tema a relucir. Pero después, el 6 de octubre, en unas circunstancias un tanto oscuras, el gobernador del Banco Central de Ucrania, Kyrylo Shevchenko, dimitió y desapareció de escena, para reaparecer después en Facebook, ya fuera del país. Alegó motivos de salud, pero también se descubrió que le estaban investigando por corrupción.

Algunos analistas bien informados señalan que podría ser solo eso, un caso de corrupción (como el análisis que realiza Dave Delton, que sigue muy de cerca la economía política de Ucrania). Pero uno se pregunta por qué una investigación por corrupción –una de las muchas que seguramente hay abiertas ahora mismo– acaba con el puesto de una persona tan crucial, y lo hace, precisamente, antes de las reuniones con el FMI. Para mi sorpresa, Anders Aslund, que difícilmente puede ser acusado de no ser favorable a Kiev, también interpretó la marcha de Shevchenko en términos políticos: “La Rada de Ucrania aceptó la dimisión del presidente del BNU, Kyrylo Shevchenko, por ‘motivos de salud’ con 263 votos. Solo estuvo dos años en el puesto. Sus dos excelentes predecesores estuvieron solo tres años. Ninguno logró terminar su mandato”. De igual modo, el equipo bien conectado de Bloomberg, compuesto por Volodymyr Verbyany, Jorge Valero y Daryna Krasnolutska, hizo una lectura política de la reestructuración del BNU. Las tensiones entre el Gobierno y el Banco Central se remontan a junio, aunque el nuevo jefe del banco, Andriy Pyshnyi, tiene contactos en los círculos de Zelenski.

Como el Gobierno de Zelenski sigue presionando al Banco Central para que amplíe su capacidad de financiar un presupuesto golpeado por la guerra, es difícil predecir cuál será la reacción de Pyshnyi, un aliado de 47 años del jefe de gabinete del presidente, Andriy Yermak. “Ese es el principal problema y la principal amenaza”, afirmó Dmytro Boyarchuk, director ejecutivo de la empresa kievita de investigación económica Case Ukraine. Tras formar parte de la junta de Oschadbank a comienzos de la década de 2000, Pyshnyi comenzó su carrera política cuando el presidente Viktor Yushchenko le nombró subdirector del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Él y sus aliados unieron sus fuerzas a las del partido político que después se convirtió en el motor de la llamada Revolución de la Dignidad, que echó, en 2014, al presidente prorruso Viktor Yanukovych. Poco después retomó su carrera en la banca y trabajó como director general de Oschadbank hasta 2020. Aunque Pyshnyi es un veterano de la política y los negocios, no cuenta con el apoyo universal de los economistas, algunos de los cuales han dicho que sería preferible una persona con mayor conocimiento técnico: “El principal órgano de política monetaria debería estar presidido por un economista que comprenda cómo son los procedimientos macroeconómicos, no por un empresario o un banquero”, afirmó Boyarchuk.

Dada la inestabilidad del equipo de política económica de Ucrania y la aparente resolución a favor de los partidarios de Zelenski, que inmediatamente después anunció que los tipos de interés se mantendrían como estaban, la pregunta pasa a ser si Kiev puede constituir lo que Elina Ribakova, del IIF (el principal grupo de presión de las finanzas internacionales), describe como un “marco macroeconómico creíble”.

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Si alguien quisiera encontrar ese marco, podría buscarlo en el informe de septiembre del equipo del CEPR. Ahí se formula el dilema de Kiev en términos dramáticos:

“Ucrania resiste la agresión rusa desde hace 160 días. A medida que pasa el tiempo, es más probable que se prolongue la guerra, y esta perspectiva exige que se recalibre la estrategia macroeconómica del país. En concreto, la actual mezcla de políticas, que se basan en la reducción de las reservas extranjeras y en otras medidas temporales, es cada vez más insostenible. Si no se modifica, este rumbo dará como resultado una grave crisis que mermará la capacidad de Ucrania para prolongar el esfuerzo bélico durante un largo período”.

Y continúan con su argumentación:

“El gobierno puede seguir recibiendo suficiente ayuda extranjera, pero esto podría confundir los deseos con la realidad: el apoyo moral hacia Ucrania solo se está traduciendo parcialmente en un sólido salvavidas financiero. La recomendación de este informe sería ayudar a Ucrania a que se ajuste a esta realidad”.

Sobre el control de precios, el equipo del CEPR no está a favor de responder a la crisis social con límites al movimiento de precios

Entonces, si la supervivencia de Ucrania y Europa están en juego, ¿qué dicta el “realismo”? El informe se divide en cuatro partes. Con los primeros tres apartados, que se refieren a la estabilización macroeconómica y la cuestión de cómo pagar la guerra, es fácil estar de acuerdo. El Estado ucraniano necesita, sin duda, reforzar su base de recaudación de impuestos y garantizar una mínima estabilidad de precios. Debería permitir la depreciación del tipo de cambio y, al mismo tiempo, evitar la fuga en masa de capitales mediante unos férreos controles del capital.

En su defensa, el equipo del CEPR señala la necesidad de introducir una progresividad tributaria para financiar la guerra:

“Ucrania cuenta con un tipo único del impuesto sobre la renta del 18%. El actual impuesto militar (introducido en 2015) también es un tipo único del 1,5% de la renta. Si el gobierno no puede introducir la progresividad en estos impuestos, sí puede implementar una ‘sobretasa de guerra’ progresiva (por ejemplo, el recargo se aplicaría solo a las rentas o al capital que estén por encima de un determinado umbral) que podría ser más factible de aceptar políticamente y que podría suspenderse después de la guerra. Subir los impuestos a los artículos de lujo podría también ayudar a que la tributación sea más progresiva”.

Además del impuesto sobre la renta, el equipo propone una ambiciosa agenda de movilización de recursos internos:

“El objetivo debería ser aumentar la recaudación del impuesto sobre la renta y que las deficiencias restantes se financiaran, sobre todo, mediante mecanismos no monetarios: preferiblemente con ayuda externa y, si eso no es posible, con la emisión de deuda interna, y mucha menos dependencia del ‘señoreaje’ (ingresos monetarios)”.

Sigue sin estar claro de qué manera se persuadirá a los ahorradores nacionales para que suscriban préstamos de guerra en un momento en el que la inflación está subiendo con rapidez. Señalar el ejemplo de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial no viene al caso. Lo más probable es que Kiev tenga que depender del ahorro forzoso.

Con bastante sensatez, defienden un “estabilizador nominal duradero”, es decir, la estabilidad de precios:

“El objetivo debería ser una inflación relativamente baja. En una época de movilización nacional, la responsabilidad de conseguir una estabilidad de precios la tiene la autoridad fiscal, que puede influir mucho en la inflación a través de los mecanismos que elija para recaudar fondos del sector privado. El gobierno debería proponerse potenciar el ahorro nacional en lugar de depender de la financiación monetaria del Banco Central. El Banco Central, en coordinación con las autoridades fiscales, debería introducir un régimen flexible que ayude a la estabilidad macroeconómica. Una flotación controlada del tipo de cambio sería consistente con este objetivo”.

Todas estas políticas son sensatas, buscan la estabilidad y parecen estar bien pensadas para garantizar una plataforma con la que mantener el esfuerzo bélico. Chirría, sin embargo, el cuarto apartado del informe del CEPR, en el que el equipo se aleja de la tarea de estabilización macroeconómica para exponer cómo debería ajustarse la economía ucraniana ante el impacto de la invasión. En esta sección, se abandona la cautela razonable y se privilegia un radicalismo entusiasta y una visión fatalista del propio Estado ucraniano:

“(…) aunque los gobiernos en tiempo de guerra se apropian habitualmente del reparto de los recursos, las circunstancias de Ucrania exigen unos mecanismos de reparto que se basen más en el mercado, que garanticen unas soluciones rentables que no sobrecarguen la capacidad del Estado y que no agraven los problemas ya existentes (como la corrupción) o fomenten las actividades del mercado negro (no gravada con impuestos). Con este fin, se debería llevar adelante una exhaustiva y drástica desregulación de la actividad económica, evitar los controles de precios y facilitar una redistribución productiva de los recursos. La supervivencia misma de Ucrania (y el futuro de Europa) está en juego. Los desafíos extraordinarios actuales deben ir acompañados de políticas extraordinarias y de un apoyo extraordinario por parte de los socios internacionales de Ucrania”.

Ante el impacto de la invasión rusa, en lugar de intentar reforzar el Estado ucraniano, los autores propugnan un retroceso:

“Históricamente, los gobiernos en tiempos de guerra se han servido de una mezcla de planificación central y asignación de recursos basada en el mercado. En muchos casos, los gobiernos tuvieron que desempeñar un papel fundamental en la economía para movilizar recursos que permitieran producir armas y municiones, dadas las carencias e imperfecciones del mercado (y la falta de confianza en el mecanismo del mercado durante la II GM, como consecuencia de la Gran Depresión). Pero repartir recursos mediante el racionamiento y la dirección ejecutiva requiere capacidad institucional. Ahora mismo, Ucrania no dispone de la capacidad para gestionar al detalle los flujos de bienes y servicios, ni para cubrir las necesidades de los sectores civil y militar. Por lo tanto, la capacidad del gobierno para dirigir la economía debería utilizarse con moderación. Los mecanismos basados en el mercado pueden ayudar a dar un nuevo impulso a la economía y proporcionar así una mayor base de impuestos. A tal fin, el gobierno debería minimizar una regulación y una burocracia que puedan limitar o frenar el reparto de mano de obra, capital y materiales en la economía. En resumen, es preferible el reparto basado en el mercado”.

Esto añade un punto de vista bastante diferente a sus recomendaciones sobre política fiscal. Y cuando se trata del gasto del gobierno en asuntos no militares, el informe se pronuncia en duros términos:

“La necesidad de proporcionar una protección social es clara y urgente: la ONU calcula que aproximadamente 12 millones de ucranianos necesitarán ayuda humanitaria. No obstante, el gobierno puede ser más eficaz en su provisión. Por ejemplo, hace poco decidió fijar los precios de las empresas de servicio público y otros servicios públicos. Este enfoque general, además de perjudicar la salud financiera de las empresas públicas y privadas que proporcionan estos bienes y servicios y de crear la necesidad de recapitalizar a estos prestadores, es muy costoso porque subvenciona hogares y empresas que pueden pagar unos precios más altos y porque desincentiva el ahorro de energía y de otros recursos fundamentales. La ayuda financiera actual a los refugiados y a las personas desplazadas internamente equivale prácticamente a proporcionar una renta básica. Aunque este planteamiento era adecuado durante los caóticos primeros días de la guerra, el coste de una renta básica es elevado. No diferencia entre los refugiados vulnerables y los acomodados… Además, este tipo de ayuda no crea los incentivos apropiados para que los refugiados busquen trabajo, pese a que conseguir que los trabajadores desplazados regresen a la población activa debe ser una de las prioridades del gobierno. Para lograrlo, el gobierno puede vincular el mantenimiento de las ayudas a la búsqueda de trabajo o al trabajo en obras públicas”.

El informe argumenta que, en la medida de lo posible, las funciones básicas del gobierno ucraniano deberían externalizarse:

“Médicos sin Fronteras puede proporcionar los servicios médicos básicos, mientras que la ONU y la Cruz Roja pueden proporcionar (y pagar) los suministros médicos. El gasto en programas culturales (como por ejemplo proteger los museos y las galerías) pueden cubrirlo las organizaciones internacionales y las ONG”.

Y, en vista del éxodo de una gran parte de la población, las categorías reservadas de gasto civil no pueden ser sagradas:

“Aunque el gasto militar es la máxima prioridad y por lo tanto debe estar protegido frente a recortes presupuestarios, es posible que el gobierno deba volver a reexaminar otros elementos de la categoría de gasto, actualmente protegidos. Más aún, el gasto no debería seguir las pautas u objetivos previos a la guerra (es decir, un tanto por ciento del PIB debe estar destinado a Y). Por ejemplo, dado que muchos niños y jóvenes han abandonado el país, el número, ubicaciones y presupuestos de las escuelas y universidades puede recalcularse y liberar recursos para otros usos”.

El equipo del CEPR imagina una Ucrania que se adapta al impacto de la guerra con la ayuda de la alta tecnología y las ONG, pero con el Estado reducido a la mínima expresión

Sobre el control de precios, el equipo del CEPR no está a favor de responder a la crisis social con límites al movimiento de precios, y ofrece, como contrapartida, una serie de argumentos conocidos sobre la ineficacia, las distorsiones del mercado, etc., para acabar con una observación relacionada con la alta tecnología:

“(…) el control de precios está a menudo justificado por la necesidad de garantizar la solidaridad y el acceso equitativo a los bienes. Sin embargo, los gobiernos, durante la Segunda Guerra Mundial y durante otras guerras, no contaban con la tecnología para dirigir la ayuda a los que más lo necesitaban. El nivel actual de digitalización proporciona alternativas al control de precios, como por ejemplo el pago dirigido de transferencias, que puede proteger a los grupos vulnerables de la población a un menor coste en términos de eficiencia económica”.

El equipo del CEPR parece imaginar una sociedad y una economía ucranianas que se adaptan al impacto de la guerra con la ayuda de la alta tecnología y las ONG, pero con el Estado ucraniano reducido en sí a la mínima expresión. Esta visión se torna explícita cuando se trata de la cuestión de la desregulación.

“Como resultado de la invasión rusa, algunos sectores y regiones de Ucrania tienen poca o nula actividad en el momento presente. Los recursos liberados deben emplearse en otros lugares y las políticas gubernamentales deben facilitar esta redistribución a gran escala de los recursos. El gobierno ha animado a las empresas a mudarse al oeste de Ucrania, donde los riesgos para la seguridad son menores, pero esta política ha tenido unos efectos moderados (menos de 1.000 empresas se han mudado). Este problema se puede abordar con una liberalización drástica de los mercados que acelere el flujo de la mano de obra y del capital hacia sectores/regiones en los que la economía pueda operar con solidez. Por ejemplo, el gobierno relajó bastante las regulaciones del mercado de trabajo (es decir, las empresas pueden despedir a los trabajadores con relativa facilidad y suspender de manera unilateral cláusulas de los contratos de trabajo; los trabajadores que quieran dejarlo, por su parte, no tienen que dar un preaviso en sus trabajos). Este enfoque puede aplicarse a otras áreas. La regulación del suelo, el acceso a la electricidad y otras infraestructuras deberían simplificarse para permitir que las empresas puedan desplazarse con mayor facilidad… Quizá, el gobierno podría nombrar un alto funcionario (por ejemplo, ‘director de desregulaciones’) para que coordine e impulse la desregulación”.

Para terminar, el equipo finaliza con el siguiente argumento:

“La maratón de esta guerra requiere prudencia y cautela en las finanzas públicas, un estabilizador nominal duradero, un sistema financiero resistente, una gestión cuidadosa del equilibrio en la balanza de pagos y flexibilidad y eficacia a la hora de asignar los escasos recursos. Varias ramas del gobierno deberán coordinar sus esfuerzos para lograrlo”.

El informe del CEPR termina con una discordante y, pareciera, desinhibida yuxtaposición: por una parte, cuando se trata de macroeconomía, lo que se recomienda es prudencia, cautela, durabilidad y resistencia. Por otra, cuando se trata del destino de la economía ucraniana, el equipo del CEPR imagina una anulación total de las regulaciones del mercado de trabajo, del mercado del suelo, etc.

Ucrania ha demostrado ser un actor militar muy competente, aunque los expertos siguen dudando de su capacidad como actor social o económico. Por ese motivo, es mejor reducir la regulación lo máximo posible. Las propuestas del CEPR parecen equipararse a una visión de la guerra sin Estado.

Keynes defendía una gestión de la macroeconomía precisamente porque pensaba que un ataque contra las estructuras de la sociedad era una amenaza de ruina

Se podría pensar que esta es la apoteosis de la “síntesis del MIT”, tal y como la propuso Paul Samuelson en su clásico libro de texto (Curso de Economía Moderna), según la cual la estabilización macroeconómica se combina con una aceptación sin complejos de una microeconomía convencional en la que el mercado es lo primero.

Pero como varios de los autores del CEPR están vinculados con el neokeynesianismo en EE.UU., y puesto que mencionan la II Guerra Mundial y la experiencia del New Deal como guía, déjenme decirles que su postura es la antítesis de la postura del propio Keynes. Keynes defendía una gestión activa de la macroeconomía precisamente porque pensaba que un ataque contra las estructuras colectivas de la sociedad era una amenaza de ruina.

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Se podrían criticar las recomendaciones por ser ejemplos claros de la máxima de que nunca se debe desaprovechar una buena crisis. Son las típicas propuestas tecnocráticas y descendentes que buscan una drástica alteración social con el argumento de que el fin justifica los medios. Se las podría describir como un ataque contra el tejido social de Ucrania disfrazado de ley marcial y limitación de la libertad de prensa. Se podría considerarlas como una antipolítica. Salvo que no son nada de eso. De hecho, como sugiere la referencia a la evisceración de la legislación laboral ucraniana, el equipo del CEPR se está posicionando de forma explícita a favor de la agenda desreguladora sumamente controvertida en la política ucraniana del Gobierno de Zelenski y de sus partidarios en el Parlamento y en la patronal ucraniana.

Las medidas del mercado de trabajo que cita el equipo del CEPR como modelo de su impulso desregulatorio fueron mencionadas por primera vez en 2020, pero la oposición interna y la covid las frenaron en seco. Se volvieron a poner sobre la mesa en 2021, en parte inspiradas en una consultoría financiada por la embajada británica que, a raíz de la creciente tensión con Rusia, vio una oportunidad para colar las medidas. Finalmente, en agosto de 2022 se promulgaron a pesar de las protestas del sindicalismo europeo. La única agencia internacional que no ha tenido su momento este verano en Kiev ha sido la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ley que promulgó Zelenski a finales de agosto retira la protección que ofrece la legislación laboral nacional a un 70-80% de la población activa del país, obreros de empresas pequeñas y medianas, como publicaron Thomas Rowley y Serhiy Guz en Social Europe.

Está claro que la lucha por las condiciones de la reconstrucción de Ucrania ya ha comenzado

Según un informe técnico de la OIT, la legislación “parece excluir a un porcentaje significativo de la población activa ucraniana de (…) la legislación laboral general, al establecer un régimen paralelo y menos protector”. Introduce la posibilidad para el empleador de despedir libremente y de cambiar de forma unilateral las condiciones y términos fundamentales del trabajo.

Bajo la presión de los opositores a la reforma, la ley que promulgó Zelenski regirá solo mientras dure la guerra. Pero creará hechos consumados sobre el terreno y está claro que la lucha por las condiciones de la reconstrucción de Ucrania ya ha comenzado. El abogado laboralista ucraniano y activista George Sandul describió el objetivo último de los planes preliminares de reconstrucción como una “distopía de estilo Mad Max” en la que todo el mundo negociará por su cuenta y sin reglas.

Dejando a un lado el melodrama, los defensores de la nueva legislación hablan con sinceridad de su agenda.

Algunas críticas sostienen que los diputados del Parlamento ucraniano han utilizado la invasión de Rusia como una “oportunidad” para aprobar reformas polémicas

En una entrevista publicada el 28 de julio en la página web del Parlamento ucraniano, Halyna Tretiakova, directora de la comisión parlamentaria de política social, afirmó que la OIT suponía un obstáculo para que los ucranianos pudieran llegar a acuerdos laborales individuales y para la protección de sus derechos laborales mediante unos medios más flexibles. “La gente no quiere negociar su trabajo a través de negociaciones colectivas, sino a través del derecho civil, royalties y derechos de autor”, declaró Tretiakova. “Pero la Organización Internacional del Trabajo, creada en 1919 durante la época de la industrialización, dice que no… La OIT dice que una persona depende económicamente de su empleador y que debería por lo tanto estar bajo la jurisdicción del derecho laboral ucraniano, que se desarrolló en 1971”. Tretiakova declaró en openDemocracy que los “acuerdos internacionales”, como por ejemplo las convenciones de la OIT, formaban “parte de nuestra legislación”, pero que las demandas contra Ucrania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneraciones de los derechos sociales y laborales estaban multiplicándose. “Tenemos que reexaminar las obligaciones del Estado, y tienen que ser acordes con la capacidad del Estado en este preciso momento histórico. Para conseguir que el número de demandas no siga aumentando, tenemos que ‘resetear’ el estatuto laboral y el modelo social (ucraniano), algo que no se llevó a cabo durante la transición del país del socialismo a la economía de mercado. Si esto significa que Ucrania tiene que abandonar algunos acuerdos internacionales es una cuestión que tendrá que decidir el poder ejecutivo, que tendrá que concretar para lo que hay recursos y para lo que no”. Algunas de las críticas a esta medida sostienen que los diputados del Parlamento ucraniano han utilizado la invasión de Rusia, que ha desplazado a millones dentro y fuera del país, como una “oportunidad” para aprobar unas reformas potencialmente polémicas. Antes de que estallara la guerra, los sindicatos ucranianos organizaron manifestaciones contra los intentos del partido en el poder, Servidor del Pueblo, de recortar los derechos laborales y sindicales. El borrador del plan de reconstrucción menciona “la escasa vinculación de los trabajadores con las reformas” y la “postura activa de resistencia que han adoptado los sindicatos” como “principales obstáculos” para el desarrollo económico.

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Todos los programas de política económica son políticos. Defender la ayuda internacional para que Ucrania luche contra Rusia es también una decisión política. La estabilización macroeconómica es de todo menos inocente, pero, desde una perspectiva keynesiana, sostengo que hay una clara diferencia entre establecer unos parámetros generales de política macroeconómica, en particular si se lleva a cabo con el ánimo progresista presente en los tres primeros apartados del programa del CEPR, y el tipo de agenda desreguladora sin tapujos que pregona en su programa para el futuro social y económico de Ucrania. Además, hay que insistir en que no existe necesariamente una correlación entre ambas. Como bien saben los defensores de la desregulación en Ucrania, la agenda desreguladora implica una drástica reconstrucción del orden postsoviético en su país. Y puede que tengan algo de razón, no cabe duda, pero llevar a cabo esta reconstrucción durante la guerra cuando el margen para el debate público, las huelgas y la oposición es limitado es provocar un cortocircuito en la democracia. No deja de ser irónico que una de las reivindicaciones de Ucrania sea defender la democracia. Puede ser también un peligro porque corre el riesgo de abrir brechas en la solidaridad nacional que, si la historia nos sirve de algo, puede ser necesaria para sostener la guerra. Por supuesto, puede darse el caso de que en el siglo XXI, y particularmente en el espacio postsoviético, la lógica de la política y la guerra sea diferente. Sea como fuere, esta política sumamente fragmentadora está reñida con la imagen de movilización nacional patriótica que el equipo de Zelenski ha sabido comunicar tan bien y que ha resultado tan atractiva para una gran parte del resto del mundo. Es asombroso que un grupo tan destacado de expertos internacionales, como lo son los autores del CEPR, haya elegido apoyar este programa en nombre de la necesidad económica.

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Este artículo se publicó en el blog del autor.

Traducción de Álvaro San José.