Un informe reciente de Oxfam Intermón advierte que la actual crisis está provocando un aumento de la desigualdad en nuestro país que podría convertirse en permanente si no se toman las medidas adecuadas.

España se encuentra entre los países más desiguales de Europa. Ocupa el quinto puesto de los 26 analizados por Eurostat según coeficiente de Gini. Tan solo Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía presentan niveles de desigualdad superiores. El informe señala que esta desigualdad es sorprendente tanto por el tamaño de nuestra economía como por el sistema de bienestar del que disponemos. Entre las posibles explicaciones, apunta a la elevada informalidad (en torno a un 20%), al peso de las pequeñas y medianas empresas en la economía (junto a las personas autónomas, suponen más del 99% de los empleos), a la especialización en sectores de “bajo valor añadido” como el turismo y a “un limitado margen de maniobra a nivel presupuestario y fiscal”.

La desigualdad en España aumenta considerablemente durante las crisis y se reduce en los periodos de bonanza económica, pero no lo suficiente para compensarlo. En consecuencia, crece.

El sector público español limitó el crecimiento de la desigualdad en la crisis de la pandemia (tan solo considerando el efecto de los ERTE, se ha conseguido evitar que más de 710.000 personas en España cayeran en la pobreza, según el informe) pero es poco eficaz en comparación con otros a la hora de reducir la desigualdad. En 2020 su intervención redujo el coeficiente de Gini en 17,1 puntos, un dato por debajo de la media de la zona euro (22,8 puntos). De acuerdo con el informe, el bajo nivel de presión fiscal y el carácter eminentemente contributivo de las prestaciones son los dos principales elementos que limitan la acción redistributiva del Estado en nuestro país.

La actual crisis de inflación ha tenido un mayor impacto en los hogares más vulnerables porque el aumento de los precios ha sido mayor en servicios básicos como la vivienda, la energía, el agua, el transporte y los alimentos. Entre enero y noviembre de 2022, la inflación ha reducido el poder de compra de los hogares en peor situación un 26 % más que el de aquellos con mayores ingresos.

El aumento del coste de la vida no ha ido acompañado de un crecimiento acorde de los salarios. Desde el primer trimestre de 2021, los salarios han crecido un 1,7% mensual de media mientras que la inflación ha crecido un 6%. El poder adquisitivo de los salarios hoy es un 12,5% más bajo que en 2008. Es una pérdida mayor que la observada en los peores años de la anterior crisis.

Sin embargo, los márgenes empresariales han aumentado. En el tercer trimestre de 2022, estos representaron el 10,4% de las ventas. Es decir, de cada 100 euros ingresados por las empresas, 10 se convirtieron en beneficios. En los años anteriores, los márgenes se situaban entre el 8,6% y el 7,5%. No se registraban unos márgenes tan altos desde 2010.

El informe explica que, si bien el inicio de la crisis se ha debido a la fuerte subida de los costes de materias primas esenciales, desde finales de 2021 los beneficios empresariales son los principales responsables del alza de los precios. A lo largo de 2022 han explicado un 90% de la variación, mientras los salarios solo han sido responsables del 7%. Apunta que estos datos son un promedio y no reflejan la situación en detalle. También hay empresas que se están viendo perjudicadas por la inflación, pero las grandes compañías con poder de mercado para trasladar los costes a los consumidores se están beneficiando.

Y la riqueza se concentra cada vez en menos manos. En 2008, el 1% de españoles con mayor riqueza poseía el 15,3% de la riqueza neta total. En 2020, último dato oficial disponible, ya concentraba el 22%.

El informe advierte de que “si no se produce un acuerdo amplio y de consenso que permita una distribución más justa de los impactos de la inflación, el negativo impacto temporal sobre la distribución de la renta que estamos observando amenaza con convertirse en permanente” y propone medidas como la elevación del SMI al 60% del salario medio, el rediseño del impuesto sobre el patrimonio, el aumento de la progresividad del IRPF, luchar contra el fraude fiscal o reforzar el impuesto a los beneficios extraordinarios.