La controversia sobre el modo y el ritmo de desarrollo de las energías renovables en nuestro país se ha desquiciado. El debate entre “transicionistas” y “colapsistas” se ha trasladado al ámbito energético con pocos miramientos. Las recientes y magníficas películas Alcarràs y As Bestas ejemplifican desde la ficción el desasosiego y el impacto que esta proliferación de parques fotovoltaicos y eólicos está generando. No todos los rechazos a los proyectos de plantas fotovoltaicas están motivados por el “no en mi patio trasero” (not in my backyard): existen argumentos fundamentados para oponerse a determinados planes insostenibles, impactantes o especulativos.

No estamos por pedir una moratoria generalizada a estos proyectos (solo en determinados casos de sobresaturación o fortísimos impactos); lo que reclamamos, tanto al gobierno central como a las comunidades autónomas, es una planificación vinculante de su despliegue, además de que los beneficios sociales y económicos repercutan directamente en la población afectada. Una paralización como la que solicita Aliente (Alianza Energía y Territorio), aunque fuera provisional, de los parques eólicos y fotovoltaicos asestaría un golpe demoledor al sector económico y laboral de las energías renovables en nuestro país, similar al que perpetraron Zapatero en 2010 y Rajoy en 2012, aunque con motivaciones opuestas. Los más de 100.000 empleos que genera el sector renovable en España no se repondrían de un parón, aunque fuera temporal.

El paso previo debería ser disponer de una planificación vinculante, no una mera zonificación orientativa como la que existe en la actualidad, que diera seguridad jurídica a todas las partes y excluyera todos los territorios con valores ambientales importantes. La ley 30/2022, de 23 de diciembre establece que en el plazo máximo de tres meses el Gobierno ampliará la herramienta “Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables”, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y pasará a denominarse “Zonificación agroambiental para la implantación de energías renovables”: una medida insuficiente, al carecer de este necesario carácter vinculante.

Las emisiones de CO2 han crecido ¡un 24 % en 2022!

Contraponer el desarrollo de los proyectos de autoconsumo y de comunidades energéticas locales a los parques fotovoltaicos y eólicos medianos y grandes no es tampoco una medida acertada; necesitamos de toda la potencia renovable sostenible si queremos poner fin al disparatado nivel de emisiones del sector energético español. Las emisiones de CO2 han crecido ¡un 24 % en 2022! La configuración del mercado eléctrico asegura que la entrada de electricidad renovable desplaza a la proveniente de gas natural y nuclear, reduciendo el precio final de Kwh: otro argumento de peso para elevar ese 42 % actual de electricidad limpia al 75 % por lo menos, como establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), actualmente en revisión. Los más de 40.000 millones de euros que gasta España en importaciones petrolíferas y gasistas es otra contundente razón para llevar a cabo la descarbonización  más pronto que tarde. Nadie niega ya el papel relevante de las energías renovables en la transición energética, pero sí abundan los retardistas, que demoran este cambio ad calendas graecas, para cuando el autoconsumo esté generalizado o el decrecimiento sea un hecho. 

En definitiva, lo que reclamamos es una identificación racional de los espacios aptos y preferentes para este desarrollo de energías renovables, algo similar a las ZUPER, Zonas de Uso Prioritario para la energía eólica marina, éstas sí de carácter obligatorio. Una vez identificadas por las comunidades autónomas y el Estado (según sean los parques de menos o más de 50 MW) las zonas aptas, el paso siguiente sería definir los proyectos prioritarios, atendiendo a estos criterios: suelo urbanizable programado, canteras, vertederos e instalaciones industriales, municipios con mucho consumo energético y poca implantación de renovables, proyectos asociados a empleo local y desarrollos industriales limpios, creación de corredores ecológicos, participación mediante bonos sociales de la población local, etc.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se creó hace 10 años para la regulación y la defensa de la competencia, en beneficio de los consumidores. En el caso del mercado eléctrico hay una situación de sumisión de los consumidores a los dictados del oligopolio eléctrico, que la CNMC debiera corregir, llevando a cabo una de sus funciones: denunciar confabulaciones entre empresas en perjuicio del mercado y del consumidor, y los abusos de posición de dominio. Que se promocione desde la inversión pública la creación de comunidades energéticas, sociedades y cooperativas, con un programa de licitaciones exclusivas de generación limpia de electricidad, es una medida necesaria.

Hay que promover el autoconsumo y las comunidades energéticas, pero también necesitamos plantas de gran tamaño

A la hora de aplicar el Real Decreto 1183/2020 de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, se debe exigir que los promotores garanticen que también van a ser desarrolladores del proyecto, para evitar especulaciones y bloqueos a otros agentes que realmente están interesados en desarrollar proyectos renovables. Hay que poner fin a la entrada de especuladores que solo pretenden hacerse con las autorizaciones de construcción y conexión a la red, para revenderlas como un activo financiero más. 

Hay que dar cabida y promover el autoconsumo y las comunidades energéticas de energías renovables, siendo conscientes de que también necesitamos plantas de mediano y gran tamaño, debidamente ordenadas, si queremos alcanzar la pretendida descarbonización.

Las “medidas compensatorias” que ofrecen los promotores son una herramienta escasamente participativa; reclamamos el control y la participación en los beneficios que generan estas plantas de renovables, a través de diferentes fórmulas. Los promotores deberían estar obligados a donar a los municipios en los que se emplaza la planta la energía equivalente, de al menos el 5%, de la potencia instalada.

Hay que evitar que esta proliferación de proyectos contribuya al despoblamiento de la España rural, convirtiendo a los agricultores y ganaderos en rentistas. El Ministerio para la Transición Ecológica se llama también del Reto Demográfico y debe hacer honor a su denominación. Los proyectos energéticos han de tener asociada al menos una actividad industrial o agroindustrial, de investigación o de algún tipo de transformación.

La fragmentación en proyectos parciales que no superen los 50 MW, para quitar la competencia de evaluación ambiental al Ministerio y pasársela a las comunidades autónomas, es una maniobra inaceptable, que impide realizar una valoración completa y sinérgica de los impactos del proyecto presentado.

No se debe contraponer la lucha frente al cambio climático al imprescindible esfuerzo de preservar la biodiversidad; un parque eólico o fotovoltaico que agreda y ponga en peligro los valores naturales de una zona no cumple los requisitos de interés público y utilidad social que incorpora la Ley del Sector Eléctrico. Las expropiaciones forzosas que han sufrido y siguen sufriendo muchos agricultores son deplorables. No todos los parques fotovoltaicos suponen una agresión o amenaza para la biodiversidad. El reciente estudio Biodiversidad en plantas solares fotovoltaicas, de la consultora Estudios Medioambientales y Territoriales (EMAT), tomando como referencia cuatro plantas fotovoltaicas, pone de manifiesto que estas plantas pueden favorecer un buen número de aves, de invertebrados y de otros vertebrados.

La agrovoltaica, que simultanea paneles solares con cultivos por debajo, o la fotovoltaica en embalses, pueden ser también soluciones razonables si están bien orientadas y evaluadas. Sustituir regadíos ineficientes o derrochadores de agua, cultivos intensivos con fortísima carga contaminante o terrenos abocados a la desertización, por instalaciones solares no tiene por qué ser un retroceso ambiental.

Valgan estas indicaciones como prontuario para dirigir con paso firme y decisión acertada el imprescindible cambio de modelo de producción y consumo, en una Transición Ecológica Justa.

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Daniel López Marijuán es miembro de Ecologistas en Acción Andalucía.