Futuro verde
El debate sobre la transición energética en los movimientos sociales: discrepancias y coincidencias
Para los sectores más conservacionistas, los macroparques amenazan la biodiversidad y la cultura rural. Otros señalan que estas grandes instalaciones son necesarias para evitar el desastre climático
Daniel López Marijuán 16/12/2022
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Una fuerte controversia atraviesa el posicionamiento de los movimientos ecologistas y vecinales sobre el desarrollo y la implantación de los parques de energías renovables, fotovoltaicos y eólicos, sobre todo.
En la posición de los sectores más conservacionistas, la forma en que se están llevando a cabo supone una amenaza para la biodiversidad, el paisaje y la cultura rural. Además, consideran que la generación distribuida (generación de energía eléctrica por medio de muchas pequeñas fuentes en lugares lo más próximos posibles a las cargas), utilizando espacios degradados, industriales y con paneles solares en los techos, podría proveer de electricidad sin necesidad de “macroparques”, mediante el autoconsumo y las comunidades energéticas de energías renovables.
En la posición contraria, asumiendo también que el actual modelo de implantación no es sostenible (“energía sí, pero no así”) y defendiendo que hay que hacer una planificación y zonificación que sea vinculante, la prioridad en desarrollar proyectos de generación distribuida no puede ocultar que estos son insuficientes para la descarbonización, el abandono de la generación eléctrica nuclear y a partir del gas fósil, además de la urgencia en poder ofrecer compromisos de mitigación de GEI (gases de efecto invernadero), que nos permitan no sobrepasar los fatídicos 1,5 ºC, que nos abocaría al desastre climático.
Todos los intentos de acercamiento entre ambas posiciones han sido baldíos hasta la fecha, incluso en la solicitud de moratorias hasta poder disponer de esa planificación que todos reclamamos. Mientras que Aliente, la Alianza para la Defensa de la Energía y el Territorio, solicita moratorias generalizadas hasta poder disponer de una ordenación completa, muchos pensamos que esa paralización, aunque fuera temporal, supondría un hachazo para todo el sector de energías renovables, no solo empresarial, sino también en el ámbito laboral, que no se repondría de una parálisis de varios años como la que ya perpetró M. Rajoy con su impuesto al sol. El año pasado en España, la energía solar creó 31.500 puestos de trabajo, mientras que la energía eólica dio empleo a 23.900 personas, según datos de Irena, la Agencia Internacional de la Energía.
Ello no obsta que sea legítimo reclamar, en comarcas con sobresaturación de proyectos o con parques fotovoltaicos y eólicos indeseables, una moratoria circunscrita a esos ámbitos. Sin embargo, la denuncia de cómo se están fragmentando proyectos para intentar superar las evaluaciones de impacto ambiental de manera fraudulenta es ampliamente compartida, porque impide alcanzar una visión holística y una valoración de conjunto de proyectos que, aún sectorizados, son solo uno.
También coincidimos en la crítica a la iniciativa para que la Unión Europea impulse un reglamento de urgencia en la que los proyectos de renovables sean de “interés público superior”, saltándose trámites de evaluación de sus posibles efectos sobre la naturaleza. Como ha recordado el European Environmental Bureau (EEB), la nueva norma “restringe las evaluaciones ambientales que brindan salvaguardias sociales y de naturaleza fundamentales y propone medidas que modifican de facto la regulación ambiental fundamental de la UE”. Es cierto que la tramitación de muchos proyectos de renovables es farragosa y queda al albur de la capacidad técnica de las administraciones ambientales, pero esa inseguridad solo se resuelve con el rigor y la profesionalidad, dotando de buenos y adecuados técnicos a las comunidades autónomas y al Ministerio, y no rebajando la exigencia ambiental.
El actual debate entre los “colapsistas” y los “transicionistas” sobre la forma, los ritmos y las alianzas para asegurar el éxito en la imprescindible transición ecosocial también se ha visto reflejada en el ámbito de la transición energética. La dependencia de las instalaciones de energías limpias del suministro de elementos y materiales no renovables, sobre todo de las llamadas materias primas críticas, y el hecho de que muchos proyectos de energías renovables estén protagonizados por el oligopolio energético y los fondos de inversión hace arrugar el entrecejo a los acérrimos anticapitalistas. Es cierto que en una sociedad con equidad social, redistribución de la riqueza y poder popular, los intereses mercantiles deben estar subordinados al interés general, pero el problema es que ese modelo anti y poscapitalista todavía no ha llegado. En una jerarquía de actuaciones, son las alternativas comunitarias las que deben prevalecer, por encima incluso del sector público, pero mientras esa sociedad de la contención, el decrecimiento y la igualdad no esté operativa, debe intervenir la colaboración público-comunitaria, la público-privada y la estrictamente privada, siempre con esta jerarquía expresada. Además, tecnologías maduras dentro de las renovables, como la termosolar o la eólica marina, requieren de recursos financieros y económicos fuera del alcance de la sociedad civil organizada.
No es posible una generación de energía 100% renovable (hablamos solo del sector eléctrico, un 23% de la energía final en España) sin almacenamiento
Existen muchos mitos sobre las renovables que quedan desmentidos cuando se contrastan con la realidad. El primero, que es posible una generación de energía 100% renovable (hablamos solo del sector eléctrico, un 23% de la energía final en España) sin almacenamiento: es imposible, por la propia variabilidad de muchas de las energías limpias. La fotovoltaica solo genera electricidad en horas diurnas, por lo que necesita ser complementada con otras que sí sean gestionables o almacenar esa energía producida. Las baterías siguen siendo muy caras y el H2 verde obtenido por electrólisis necesita alcanzar su listón de rentabilidad. Hibridarla con eólica es una buena idea, porque esta tiene su pico de producción en horas nocturnas. La biomasa para generación eléctrica sí es gestionable, pero los ecologistas tenemos serias reservas, por las emisiones no suficientemente controladas, por el tipo de combustible a emplear y porque entendemos que la biomasa debe tener un aprovechamiento preferentemente material por encima del energético. La hidráulica de grandes embalses ha agotado su capacidad, aunque incrementar la potencialidad del bombeo sí es razonable, recirculando el agua en horas valle. La termosolar es todavía cara, pero cuenta con la ventaja de ser gestionable con las sales fundidas, que pueden dar electricidad en ausencia de luz. La eólica marina, sobre todo flotante, posee grandes expectativas, si el Ministerio es capaz por fin de sacar los POEM, (Planes de Ordenación del Espacio Marino), que fijen con exactitud (y en este caso con carácter vinculante) las zonas aptas para aprovechar este recurso sin poner en riesgo los recursos vivos. La geotermia es la eterna olvidada, aunque la de baja y media entalpía (la que sirve para climatización) sí es un recurso sostenible y aprovechable. Otros recursos como la undimotriz de las olas o mareomotriz no han pasado de prototipos. En cambio, el potencial de la energía de las corrientes en el estrecho de Gibraltar es enorme y todavía no investigado.
La energía, junto al agua, la alimentación y la vivienda deben considerarse como recursos vitales, por lo que es un derecho que las políticas públicas deben garantizar y llevar a cabo. El problema lo tenemos con la total mercantilización que todos estos suministros básicos han sufrido, creando desigualdades y privaciones intolerables. Junto al poder de base y la emergencia de iniciativas de abajo arriba, necesitamos empresas públicas que protejan a los sectores más desfavorecidos y contrapesen el omnímodo poder del oligopolio energético.
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Daniel López Marijuán pertenece a Ecologistas en Acción Andalucía. Área de energía, residuos y cambio climático.
Una fuerte controversia atraviesa el posicionamiento de los movimientos ecologistas y vecinales sobre el desarrollo y la implantación de los parques de energías renovables, fotovoltaicos y eólicos, sobre todo.
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Daniel López Marijuán
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