A sus 63 años, Eduardo Gudynas (Montevideo, Uruguay, 1960) es la persona más joven dentro de la lista de los 75 pensadores clave de los últimos 150 años en temas de desarrollo que elabora el geógrafo David Simon, de la Universidad de Londres. En la lista solo hay ocho latinoamericanos. Como investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), disciplina en la que cuenta con un máster, lleva más de tres décadas siguiendo la problemática del desarrollo, el ambiente y los movimientos sociales en América Latina, y ha escrito múltiples libros acerca de estos temas.

Sus publicaciones más recientes son una evaluación sobre las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza en los extractivismos de Bolivia, y un análisis de los impactos de la guerra en Ucrania en la ecología política de América Latina. Además, colabora con organizaciones ciudadanas sudamericanas y con instituciones universitarias.

A pesar de centrar sus estudios en su continente natal, Gudynas fue el primer latinoamericano en recibir la cátedra Arne Naess en Ambiente y Justicia Global de la Universidad de Oslo (Noruega), también es Research Fellow del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Múnich (Alemania) y se ha incorporado recientemente a la comisión para la transformación de la economía global del Club de Roma.

Aquí conversamos con él sobre conflictos socioambientales, derechos de la naturaleza, y política.

Hablemos de los conflictos socioambientales, ¿cómo se producen? 

Son disputas con componentes sociales donde tienen mucha relevancia las demandas ecológicas o territoriales. Incluyen por ejemplo las protestas de comunidades locales contra emprendimientos mineros o petroleros. Las reacciones ciudadanas que incorporan asuntos ambientales y territoriales tienen una larga historia.

Me viene al recuerdo, por ejemplo, la primera marcha masiva indígena en Bolivia que tenía como consigna el territorio y la dignidad, y eso ocurrió en 1990. En aquella movilización estaban presentes los ingredientes sociales, ambientales y territoriales. Aunque en relatos históricos de conflictos contra la minería a inicios del siglo XX ya se esgrimían esos componentes.

¿Qué es lo que diferencia el concepto de territorio para los pueblos originarios de cómo lo entiende el sentido común tradicional? ¿Cómo se expresa todo esto en la práctica? 

El territorio es una construcción social, está definido por las vivencias, historias o religiosidades, pongamos por caso, de comunidades campesinas o pueblos indígenas. Lo que encontramos escuchando, acompañando o participando de algunos conflictos es la defensa de un espacio geográfico que se considera como propio. A esa condición se le denomina territorio. Por lo tanto, espacio o geografía no son sinónimos de territorio, y en una misma región puede haber múltiples territorios, incluso superpuestos entre ellos.

¿Todos los conflictos socioambientales son similares?

Lo importante de acompañar y escuchar a comunidades locales es que queda en evidencia que existen muchos tipos de conflictos. Entre los más visibles están los que son una reacción ante amenazas a la salud, la integridad del ambiente o la usurpación de territorios considerados como propios. Allí están enraizadas las protestas tan comunes que existen ante las mineras o las petroleras.

Pero también hay conflictos donde lo que está en disputa es conseguir una compensación en dinero u obras de infraestructura, como un puesto local de salud o el edificio para una escuela. No hay una oposición cerrada a la llegada, pongamos por caso de una minera, sino que la pelea es por conseguir parte del beneficio económico. 

Al mismo tiempo, hay conflictos que operan en sentido contrario. Son las movilizaciones que reclaman la llegada de ese tipo de emprendimientos, argumentando que traerán inversión y empleo. Se llega así a situaciones bien complicadas, donde hay disputas entre distintos grupos de una comunidad, con unos a favor y otros en contra de esos emprendimientos.

Lo que ocurre en muchos países es que desde la capital se otorgan concesiones en áreas que los técnicos parecen creer que están vacías

¿Qué relación hay, en general, entre los conflictos socioambientales y la acción política nacional? 

Muchos conflictos tienen íntimas asociaciones con los problemas, y en especial con las miserias de la política convencional. Un buen número de ellos estallan como consecuencia de decisiones, acciones o inacciones en políticas públicas que toman los Estados, como pueden ser las concesiones que se otorgan a mineras o petroleras. En otros casos hay un Estado ausente cómplice, que falta a los controles y monitoreo de los efectos de la agricultura intensiva. 

Muchas de esas disputas están asociadas a corrupción y a crecientes niveles de violencia, donde la política participa de múltiples modos en esos males. Los casos extremos están en el asesinato de defensores de derechos humanos o del ambiente en distintos países, con las situaciones más graves por ejemplo en Brasil y Colombia.

¿Qué ocurre exactamente?

Lo que ocurre en muchos países es que desde la ciudad capital se otorgan concesiones mineras o petroleras, o permisos de expansión agrícola, en áreas que los técnicos parecen creer que están vacías, que no pertenecen a nadie, o que, si bien las saben ocupadas, no consideran relevantes para los grupos locales. De ese modo, el territorio de una comunidad indígena queda repentinamente dentro de un polígono petrolero, y al poco tiempo llegan militares, obreros y técnicos a invadir sus tierras. Eso hace inevitable que estalle un conflicto.

En los 60, se exportaban un poco más de 200 millones de toneladas de recursos naturales. A mediados de la década de 2010, se exportaban 700 millones

¿Cómo reconocemos en esas situaciones la herencia colonial?

La herencia colonial está presente de muchos modos. La política convencional, en especial con ese repetido sesgo latinoamericano hacia el caudillismo, tiene una clara herencia colonial. Pero al mismo tiempo, las condiciones económicas también están inmersas en una subordinación que tiene mucho de colonial. Esto es muy evidente en los extractivismos, ya que son extracciones masivas de recursos naturales que se exportan hacia los mercados globales, repitiendo una inserción internacional basada en materias primas que tiene siglos. En la actualidad explica buena parte de los conflictos ambientales más agudos en el continente que están asociados a la apropiación de recursos naturales para ser exportados. Es como si la vinculación colonial se mantuviera, pero vestida con otros ropajes, que, en lugar de estar dirigida por reyes y virreyes, ahora se decide en las bolsas de comercio.

¿Y cuál es, visto así, la relación entre globalización y conflictos socioambientales?

La globalización determina una relación en la que la región latinoamericana tiene un papel subordinado. Los precios de los bienes naturales se determinan en los centros financieros, como ocurre con la cotización de minerales en Londres o de agroalimentos en Chicago. Si se eleva el valor del cobre o de la soya, entonces todos los países se ponen a buscar cobre o plantar soya. Las condiciones globales tienen un poder tan fuerte que determinan las estrategias nacionales de desarrollo.

¿Y cuál es el nivel o la intensidad de esos flujos de exportación de recursos naturales?

El volumen de extracción de recursos naturales es brutal. Creo que está pasando desapercibido el nivel que ha alcanzado esa depredación de la naturaleza. En la década de 1960, se exportaban un poco más de 200 millones de toneladas de recursos naturales, tales como minerales, hidrocarburos y productos agropecuarios, forestales, etc. A mediados de la década de 2010, se exportaban del orden de 700 millones de toneladas. O sea que aumentó a más del triple, y eso hace que cada rincón del continente esté enfrentando problemas con esos extractivismos. 

El ritmo, la intensidad y el volumen de apropiación de la naturaleza es vertiginoso. No puede sorprender, por ello, que se multipliquen los conflictos y la resistencia ante esa avanzada. De este modo, las condiciones globales que determinan el comercio y los precios, terminan incidiendo en esos estallidos.

China absorbe más del triple de los recursos que se exportan a la Unión Europea

¿Y cómo podemos identificar/reconocer la presión de esos intereses extranjeros en el desarrollo de los conflictos socioambientales? 

En algunos sectores los intereses extranjeros son determinantes, como sabemos por ejemplo por el desempeño de las grandes corporaciones mineras, o por los fondos de inversión del capitalismo global que hacen recalar sus dineros en todo tipo de proyectos en nuestro continente. 

Pero se debe tener claro que la situación ha cambiado mucho. En la década de 1960, los principales destinos de exportación de las materias primas latinoamericanas eran Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental. En los últimos años el destino es sobre todo China y otras naciones asiáticas. Es más, se han reducido drásticamente esos flujos hacia Norteamérica, y China absorbe más del triple de los recursos que se exportan a la Unión Europea. En muchos casos, la presión sobre nuestros territorios y recursos depende cada vez más de las decisiones del Partido Comunista Chino, en Pekín.

¿Qué rol juegan allí los actores económicos nacionales?

Lo que muestra la experiencia latinoamericana, y que está quedando bastante en claro en el continente, pero no tanto en otras regiones, es que la propiedad de los recursos naturales o de las empresas que los extraen y comercializan, no condicionan ni aseguran que se cumplirán mandatos de justicia social y ecológica.

Además de los intereses extranjeros, los actores nacionales operan del mismo modo. Tenemos los casos de conocidas empresas mineras de capitales nacionales, de las cooperativas mineras bolivianas que incluso se presentan como revolucionarias, y de decenas de miles de agricultores lanzados a la agricultura intensiva basada en agroquímicos. Todos ellos están detrás de muchos conflictos socioambientales. Y no podemos disimular el caso de las empresas estatales petroleras, que también caen en impactos sociales y ambientales de todo tipo.

¿Podemos relacionar los conflictos sociales recientes y la movilización popular en Chile, Colombia, Perú, y otros países de América Latina, con los conflictos socioambientales? 

Estamos ante disputas que tienen algunos aspectos comunes pero que son muy diferentes entre sí. Cada caso permite advertir que las situaciones nacionales son diferentes, y si bien asoman factores que se repiten, también hay particularidades propias de cada país.

En el caso de Chile se observó un estallido ciudadano generalizado, que se multiplicó en varias ciudades, expresando cansancio con la política y el régimen institucional en ese país.

En cambio, en Ecuador ocurrieron alzamientos liderados por organizaciones indígenas, alimentados por movilizaciones desde comunidades rurales y apoyos de algunos sectores populares urbanos. Los reclamos contra la minería, por ejemplo, estaban presentes, pero esa temática no lideró esas movilizaciones.

¿No se percibían los conflictos socioambientales?

Sí, claro, están presentes. Se siguen multiplicando las reacciones en defensa de territorios y en demanda de asegurar la calidad de vida y la conservación de la Naturaleza en todos lados. El número de conflictos sigue en aumento, y en varios casos logran detener algunos emprendimientos muy dañinos, y eso a su vez se convierte en un ejemplo para otra comunidad, en otra región u otro país, que también decide movilizarse.

En Perú, una presidencia y un congreso se sostienen en una sucesión de muertes y represiones

¿A la forma que los Estados asumen esos conflictos es a lo que usted se refiere cuando habla de necropolítica?

A mi modo de ver estamos entrando en tiempos de la necropolítica. Tomo ese término prestado del filósofo camerunés Achille Mbembe, para sostener una reflexión que pone en evidencia que se está aceptando la muerte. Se tolera que las personas mueran, o languidezcan en una eterna condición de muertos vivos sumidos en la pobreza y la exclusión, se toleran a las bandas criminales y los sicarios, y se tolera que se talen las selvas y se contaminen las aguas. Esa aceptación explica que personajes repulsivos como Jair Bolsonaro pudieran conquistar un gobierno. Es lo mismo que sucede ahora en Perú, donde una presidencia y un congreso se sostienen en una sucesión de muertes y represiones. Ese dejar morir se consolidó durante la larga crisis por la pandemia. La necropolítica es el dejar morir, pero para mantener viva un tipo de economía depredadora.

Los conflictos que estallan en resistencia a los extractivismos son uno de los frentes de oposición a esa indiferencia con la muerte, y a la vez, son los que alimentan las llamas de alternativas volcadas a la vida.

En un sentido más político, ¿cómo debemos plantear alternativas tanto locales como regionales y, finalmente, globales, a las amenazas contra la naturaleza?

Han surgido innovaciones increíbles, especialmente desde América del Sur. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza es un adelanto sustancial, y en especial bajo la formulación lograda en Ecuador. Ese marco permite tomar las tradiciones de los pueblos indígenas, así como las posturas críticas del saber occidental, y articularlas para reconocer a los no-humanos con valores propios.

Lo mismo ocurrió con la plataforma del Buen Vivir en sus acepciones originales, ya que es una construcción crítica ante el desarrollo convencional, pero que lanza alternativas que son poscapitalistas y postsocialistas a la vez.

Esas y otras posiciones alcanzaron un extraordinario vigor, y por eso incluso se formalizaron en la constitución ecuatoriana. Esa demanda es muy poderosa en América Latina.

Si se informara y consultara a las comunidades locales, no se aprobaría la mayoría de los proyectos extractivistas

¿Cómo se tradujo eso en las políticas públicas?

Muchas de esas ideas fueron empleadas para proponer nuevas políticas públicas. Al entenderse que los derechos de la Naturaleza hacían que no pudieran aprobarse nuevas explotaciones petroleras en la Amazonia dados sus impactos en la biodiversidad, los suelos y el agua, inmediatamente se generan retos para las políticas públicas. La pregunta inmediata es cómo diseñar una transición pospetrolera que permita dejar atrás los hidrocarburos.

A partir de ese tipo de preocupaciones se diseñaron las llamadas transiciones postextractivistas. Se las podría describir como los planes de acción, con medidas que van desde nuevas regulaciones a cambios en los tributos, que se aplicarían si nosotros estuviéramos a cargo de un gobierno que se propone transitar hacia el Buen Vivir. La experiencia sudamericana, con todos sus logros, pero también con sus derrotas, permite construir verdaderos planes de gobierno y acción, muy sofisticados en varios frentes.

¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el horizonte de esas alternativas? 

El ritmo y la intensidad actuales en la apropiación de recursos naturales sólo se puede mantener con crecientes niveles de violencia y bajo condiciones de pobreza. Si existieran adecuadas evaluaciones sociales y ambientales, si se informara y consultara a las comunidades locales, entonces no se aprobaría la mayoría de los proyectos extractivistas actuales. 

Pero se multiplican los conflictos locales, y entretanto las mayorías, que están en las ciudades, parecería que han naturalizado que se destruya la naturaleza, se arrincone a los pueblos indígenas y se margine a los campesinos. Lo que quiero decir es que hay muchas reacciones y protestas, pero siguen siendo insuficientes porque los gobiernos y la política persisten en las mismas estrategias, y lo hacen porque cuentan con bases de apoyo ciudadana importantes.

Para ciertas sensibilidades y posturas se entiende que en la vida que no es humana también hay sujetos

En ese marco, ¿qué entendemos por derechos de la naturaleza? 

Los seres humanos se asumen como sujetos, y bajo esa condición se les reconocen derechos. Allí está la condición determinante de los derechos de las personas en sus usos contemporáneos.

Para ciertas sensibilidades y posturas se entiende que en la vida que no es humana también hay sujetos. Una vez que se comprende esa condición, entonces automáticamente se les debe reconocer derechos. 

Eso es lo que se discutió en el proceso constituyente de Ecuador, y que terminó con el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. La nueva Constitución así los reconoce, y coloca como sujeto a los colectivos donde se asienta la vida, como puede ser una especie. Esto es también importante porque sirve para recordar que los derechos de la Naturaleza no son iguales a los llamados derechos de los animales, ni a que impongan un ambiente intocado donde nada se puede cultivar o extraer. Esos derechos permiten el aprovechamiento de la Naturaleza siempre que se asegure su sobrevivencia. 

En paralelo a los derechos de la Naturaleza se mantienen los derechos de los humanos, incluidos aquellos que involucran asegurar la salud y la calidad ambiental.

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Eduardo Gudynas es uno de los principales referentes del pensamiento ecologista de América Latina. Investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y autor de múltiples libros en temas de ambiente y desarrollo; sus textos sobre extractivismos y sobre los derechos de la Naturaleza han tenido muchas ediciones.