En las últimas semanas, la nueva cita electoral ha recrudecido la campaña antiokupas que lleva en marcha algunos años. Por supuesto, no es exclusiva de Vox, sino que ocupa una parte central de los programas políticos de partidos como Ciudadanos –y su deriva catalana, Valents– y del Partido Popular. Barcelona ha sido escenario de un paso más en la escenificación de este conflicto, con los mercenarios de Desokupa convocando una manifestación contra dos okupas del barrio alto de la Bonanova el pasado 11 de mayo, con saludos nazis incluidos. Una protesta que, pese a la atención mediática que despertó a la espera de la confrontación con otra manifestación antifascista, no convocó a más de cincuenta personas.

Mientras tanto, parece que en el espectro político de la izquierda institucional se considera que en el terreno del pánico moral, las guerras culturales y la seguridad, la batalla está perdida. Se aprecia un retraimiento en esta cuestión –y en otras–, tanto a la hora de asumir propuestas desde la institución como de responder con firmeza desde un marco propio, lo que ha llevado a buena parte de la izquierda a sumarse a las campañas de criminalización okupa, especialmente al PSOE.

Hasta hace bien poco, la okupación de viviendas se entendía como una práctica de entrar a vivir en viviendas vacías –sobre todo de grandes propietarios– y gozaba de cierta comprensión social, obtenida a golpe de militancia de la okupación social más tradicional, pero sobre todo gracias a la masiva comprensión que consiguió la PAH en plena crisis del 2008. “Antes de verme bajo un puente con mis hijos, okupo una casa vacía”, se decía. De hecho, el censo de viviendas del Instituto Nacional de Estadística de 2011 señaló que en España había 3,1 millones de viviendas vacías al tiempo que se vivía una aguda crisis de vivienda ya permanente.

Sin embargo, esta visión un tanto comprensiva hacia aquellas familias que encontraban en la okupación un salvavidas antes de quedarse en la calle, empezó a cambiar hace unos años como consecuencia de la ofensiva antiokupas que comenzó incluso antes de la emergencia de Vox, impulsada con virulencia desde Ciudadanos. Este cambio de percepción sobre la okupación avanzó al mismo ritmo que se cerraba la oportunidad política que inauguró la revuelta quincemayista, y puede considerarse un termómetro del aumento del conservadurismo social al que dio paso. La campaña contra la okupación ha sido exitosa e implica la criminalización no solo de quienes okupan activamente vivienda, sino también de quienes no pueden pagar el alquiler, en un contexto de precios inflados que están aumentando a ritmo de dos dígitos en los últimos años. Así, nace nueva terminología dirigida a alimentar la alarma social como “inquiokupas”, que se refiere a quienes viven de alquiler y no puede hacer frente al pago de la renta, pero que quiere asociarse a los que pretenden “vivir por la cara”. Pero ¿cuál es el objetivo último de estas campañas?

De okupas y liberales: cómo perder un debate político

En las tradiciones liberales, los bienes materiales en “manos muertas”, entendidos como abandonados, improductivos y no explotados económicamente, siempre se han asumido como susceptibles de ser expropiados. Las distintas desamortizaciones que estudiamos en el colegio en las clases de historia se enmarcaban en esa lógica. 

En las tradiciones liberales, los bienes materiales en “manos muertas” siempre se han asumido como susceptibles de ser expropiados

De hecho, el uso de viviendas y terrenos vacíos, la okupación como hecho de naturaleza distinta al allanamiento de morada o al robo, fue considerado como un conflicto civil en la historia contemporánea española, que debía resolverse en un tribunal de esa misma naturaleza civil entre las dos partes implicadas. El tratamiento como delito penal solo se ha producido en dos momentos muy concretos de esa historia, como siempre recuerda el abogado penalista Endika Zulueta San Sebastián: primero en la Dictadura de Primo de Rivera cuando se equipara al delito de sedición, y más tarde con el denominado Código Penal de la Democracia de 1995, impulsado por el ministro socialista Juan Alberto Belloch, que introdujo el actual delito de usurpación que impone penas de cárcel para la okupación. Los gobiernos progresistas han convertido ya en rutina el endurecimiento del Código Penal. De hecho, hasta la Izquierda Unida de Julio Anguita dio su apoyo a la reforma del PSOE que nos dejó para siempre y como novedad histórica de nuestra democracia este nuevo tipo punitivo que equipara okupación a delito.

Con este cambio legal se interrumpía una tradición arraigada desde el franquismo, cuando la llegada masiva de inmigrantes a las periferias urbanas fue sinónimo de okupación de terrenos y autoconstrucción de casas por la noche. Una primera generación de okupas migrantes que fue uno de los espejos en los que se miraron los de los años ochenta y principios de los noventa. Esta tradición vinculaba la pobreza, la necesidad y el derecho a una vivienda digna con la toma de casas vacías, poniendo el derecho a una vivienda digna por encima del todopoderoso derecho a la propiedad privada. 

Un camino hacia la derecha

En efecto. Hoy lo que está en juego es la idea misma de propiedad. En un momento de crisis e incertidumbre, cuando los salarios se estancan y los precios se disparan, el patrimonio inmobiliario sigue siendo la principal tabla de salvación. Hoy la mayoría de la población es dueña de una o más viviendas, y su valor patrimonial, según el Banco de España, suma 6,23 billones de euros. El mercado inmobiliario se ha convertido en el espacio central de ahorro e inversión de las familias. Esto da forma a una “democracia de propietarios”, donde precisamente esta defensa de la propiedad privada se convierte en un buen caladero de votos y legitimidades. 

Sabemos que esta situación no es inevitable ni está escrita en piedra y se podría haber revertido con políticas ambiciosas en la nueva ley de vivienda, como obligar a los grandes propietarios a firmar alquileres sociales con quienes no pueden hacer frente a sus rentas o van a ser desahuciados, o con apuestas más decididas por parques públicos de vivienda en alquiler. Sin embargo, las tímidas medidas recogidas en la nueva norma no revertirán la crisis actual, como señala el movimiento de vivienda.

En este escenario, los procesos reaccionarios son mucho más sencillos. Primero se señala un chivo expiatorio –el okupa– que ha servido como espacio de agitación y creación de pánico moral, mientras se alienta un miedo impulsado desde las políticas securitarias: las campañas para vender alarmas de seguridad, la promoción de los seguros de impagos o las demandas policiales de más prerrogativas para actuar. Todo ello refuerza el autoritarismo que acompaña la agenda securitaria de la extrema derecha y que constituye el corazón de su apuesta política –ya sea contra pobres o migrantes–. 

El objetivo: canalizar el miedo al descenso social o a la pérdida patrimonial de las clases propietarias. Y lo cierto es que es un miedo que tiene una razón de ser, pues en un horizonte de crisis, la propiedad inmobiliaria es una frontera que determina quién tiene un recurso al que agarrarse para no descender y quién cae directamente por la pendiente de la pobreza. Esto será así para quienes no puedan hacer frente a sus hipotecas y, muy especialmente, para quienes alquilan, pues es en el mercado del alquiler –recordemos que la inmensa mayoría de caseros son propietarios particulares– donde se verán constantes procesos de impago por parte de un inquilinato cada vez más precario. 

El objetivo es canalizar el miedo al descenso social o a la pérdida patrimonial de las clases propietarias

En este terreno de juego es donde está incidiendo la derecha, de nuevo demostrando cierto olfato –o cierta desvergüenza– a la hora de actuar sobre las tendencias de la crisis. La campaña de los okupas, los inquiokupas y en general contra los pobres que no pueden pagar sus facturas, regresa a cierta lógica de las leyes “de vagos y maleantes”. Pero, sobre todo, trata de hacer algo mucho más audaz: la construcción de un pueblo propietario. Esto es, la composición de una masa crítica que interprete sus problemas no solo en el marco de la patria española, sino también desde su posición de propietarios que defienden con uñas y dientes el último bastión de su seguridad económica: sus bienes inmobiliarios. 

Como en toda búsqueda política, esta campaña contiene altas dosis de experimentación que merece la pena reconocer y analizar. Primero, porque busca agrupar un cierto interés común: el de los propietarios, que en su mayoría son de clase media, target central de cualquier campaña electoral –donde se encuentra la masa principal de votantes–. Además, anuncia –encarnado en las empresas de desokupación– un horizonte reaccionario claro, aunque aún poco efectivo: “Si el Estado no defiende nuestras propiedades, tendremos que recurrir a movimientos de autodefensa paramilitares y parafascistas”. 

Ahora que nos encontramos en el final de una campaña electoral percibimos las consecuencias de largo recorrido de lo que supuso la reforma del Código Penal de 1995. Una vez comprado y asimilado el marco antiokupa por parte de todo el arco parlamentario, la derecha ha tenido oportunidad de ir ensayando, cada vez con más audacia, marcos políticos más avanzados e incluso reaccionarios que no sabemos dónde pueden desembocar. Por el camino quedan muchas dudas. Construir la idea de un pueblo propietario que defiende sus posesiones, casi como la imagen renovada del colono americano que, rifle en mano, representa a la derecha neocon de Estados Unidos, coincide con una buena parte del electorado: clases medias nativas, propietarias y temerosas ante la crisis. Aunque aún diste mucho de parecerse a la mayoría liberal y políticamente centrista que conforma nuestra masa electoral. ¿Podría cambiar en una posible crisis futura que lleva tiempo anunciándose? 

Mientras, la izquierda se lamenta porque la abstención entre los más pobres de la población se mantiene e incluso crece. Justo aquellas clases de menor renta, migrante, no propietarias que a veces recurren a la okupación como único medio de acceso a una vivienda cuando la crisis aprieta. La diferencia es que para muchos, desde la izquierda, no parece haber muchas más hipótesis de futuro que la de comprar el marco punitivista de la derecha.