El 22 de diciembre, mientras en el Palacio Real de Madrid se ultimaban los preparativos del sorteo de la lotería de Navidad y las calles se llenaban de niños disfrazados para ir a las funciones escolares navideñas, Doña Rosario Gómez Limón –tal y como rezaba el auto judicial– era desahuciada. La señora Charo, como se la conoce popularmente en el madrileño barrio de Vallecas, se enfrentaba así a su segundo desahucio. El primero de ellos se produjo en 2018, cuando un propietario particular la echó de la casa en la que había vivido más de 60 años.

Aquel desahucio tuvo mucha repercusión en el barrio de las Palomeras de Vallecas. Organizada junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Charo resistió en la casa a la que entró a vivir de alquiler cuando tan solo tenía 13 años, hasta que las fuerzas policiales la sacaron por la fuerza. De nada valieron los índices de vulnerabilidad, su edad o el cáncer del que había sido operada. La propiedad privada, como espacio para la especulación sin límites, se impuso de nuevo.

Lo extremo del caso hizo que, en 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) se pronunciase en favor de la señora Charo tras la demanda que interpusieron los movimientos de vivienda. Aquella resolución condenaba al Gobierno de España y le instaba a que ofreciera una alternativa de vivienda a Rosario. Sin embargo, cuatro años después, la historia se repetía y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca volvía a pelear contra varios intentos de desahucio, que acabaron con la señora Charo de nuevo en la calle.

Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que una señora con ingresos de poco más de 300 euros al mes y enferma se viese de nuevo en la calle, expulsada por la policía? Estas eran las preguntas que se hacían muchas de las personas que se acercaron el día del desahucio.

En España, en 2022, se han producido más de 29.000 desahucios, una media de 100 lanzamientos al día

Lo cierto es que en España, en 2022, se han producido más de 29.000 desahucios, una media de 100 lanzamientos al día, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Esta cifra, que corresponde en más de un 70% a impagos de alquiler, demuestra que el problema de la señora Charo no es un caso aislado. Se trata de una operación sistemática y recurrente de expulsión de sus viviendas de familias con dificultades para pagar sus alquileres y cada vez más, sus hipotecas, pero también de quienes no tienen más opción que okupar una vivienda para poder vivir.

Este es el caso de la señora Charo que, tras su desalojo en 2018, entró en una vivienda de este modo, con llaves prestadas, pero sin permiso de la propiedad. Efectivamente, la señora Charo, una persona mayor que vive sola e independiente, es una okupa, algo que sorprendió a algunas personas el día del desalojo.

Esta es la realidad. A pesar de las campañas contra los okupas, quienes tienen una vivienda a través de la okupación no son fantasmas en la ciudad, ni extraños seres alienígenas, no son vividores a costa de lo ajeno. Son sobre todo familias sin recursos o personas que no encuentran otra salida que meterse en casas vacías –como hizo la señora Charo– y sacarlas del abandono y la ruina.

Sin embargo, a Charo no solo la echaron por la fuerza los policías que la dejaron en la calle y la trabajadora social que le negó su informe de vulnerabilidad para que se defendiese ante los tribunales. A Charo la expulsó de su casa algo mucho más fuerte.

En primer lugar, las décadas de inactividad en políticas públicas de vivienda, que han dejado este derecho en manos de los vaivenes del mercado. También las tímidas e inoperantes medidas antidesahucios del Gobierno progresista, cuyo Real Decreto 11/2020 no cubría este caso, al tratarse de pequeños propietarios, que preferían dar paso a un nuevo proceso especulativo por parte de los herederos –dueños de varias viviendas– que esperar a una alternativa real para quien iba a ser desahuciada.

En contra de la señora Charo han actuado las campañas “antiokupas” que han inundado los medios de comunicación y animado a la criminalización de quienes se ven en la necesidad de entrar a vivir ilegalmente en una vivienda vacía. Pero sobre todo, detrás del desahucio de la señora Charo, está la defensa que los gobiernos de todo signo han hecho de los intereses de las clases propietarias y que se resumen en minimizar las alternativas de vivienda pública, tener sistemas legales que agilicen los desahucios e incentivar los procesos especulativos permitiendo aumentos ad infinitum de los precios y de los desarrollos urbanos que los amparan.

La historia de Charo no se resume en la de una pobre y desvalida anciana que se enfrenta sola a las injusticias del mundo. Tampoco se ajusta a la foto del desahucio, con Charo desolada sentada en una silla, abrazada a su perro.

La historia no acabó con esta vecina de Vallecas debajo de un puente, como hubiese sido la intención de quienes ejecutaron el desahucio

Detrás de esta historia hay mucho más. A pesar de que la expulsión del día 22 pilló a Charo por sorpresa –realmente el señalamiento judicial era para el día 11 de enero–, la historia no acabó con esta vecina de Vallecas debajo de un puente, como hubiese sido la intención de quienes ejecutaron el desahucio. Desde el primer momento, la Avenida de la Albufera, número 6, frente al Puente de Vallecas, se llenó con más de cuarenta activistas del movimiento de vivienda y vecinas que ayudaron a hacer la mudanza; la propia PAH realojó de inmediato a Charo en una nueva vivienda junto a otro compañero de la Plataforma, y todas sus pertenencias se guardaron en uno de los edificios de la Obra Social de la PAH de Vallekas. Mientras otras vecinas sostenían una pancarta donde se podía leer “Stop Desahucios, justicia para el barrio” las portavoces de la PAH señalaban al gobierno como responsable de lo que allí estaba sucediendo. Tras el desahucio no se hizo el silencio, sino que se abrió la política, la política colectiva y de base.

Con demasiada frecuencia el foco de los desahucios se pone en la persona desahuciada como víctima sin margen de reacción, paralizada y sola. Pero la señora Charo, Charo “la okupa”, no estaba sola. Ella sabe bien lo que es un desahucio, porque ha participado en muchos, poniéndose en la puerta para frenarlos, también sabe lo que es okupar viviendas para compañeras que han sido desahuciadas. La señora Charo sabe también lo que es sentarse cada semana en una asamblea y luchar junto a quienes sufren esta misma situación.

El problema de la señora Charo no es que esté sola o desvalida, no se trata de fotos en blanco y negro mientras lloramos nuestras desgracias. El problema de la señora Charo es el de todos: que la vivienda es un derecho negado en nuestra democracia y que el negocio inmobiliario manda sobre nuestros gobiernos.