La final de la Copa francesa de fútbol, el pasado 29 de abril, en el Stade de France de Saint Denis al norte de París, fue seguida por millones de televidentes, seguidores de este deporte y también gente interesada por ver lo que iba a pasar. Se esperaba mucho de esta noche, después de una semana de caceroladas ofrecidas no sólo al presidente Macron sino también a todos sus ministros, durante sus visitas propagandísticas destinadas a acreditar la entrada en una “nueva secuencia”: la de los cien días de “apaciguamiento”. Concretamente, las autoridades han buscado la paz multiplicando la publicación de bandos de gobernación por parte de las prefecturas (préfectures), bandos que prohibían toda manifestación, reunión y uso de “dispositivos sonoros portátiles” – es decir, cacerolas–, basándose en una legislación antiterrorista. Medidas no solo desproporcionadas y ridículas, sino también ilegales. Desde las televisiones tanto públicas como privadas (los canales afines a la extrema derecha BFMTV y CNEWS), se multiplicaron los comentarios –tanto de políticos macronistas como de sus portavoces de los platós– sobre lo antidemocrática que era la cacerola. Para la final de la Copa, en la que el presidente de la República debía saludar a los jugadores en el césped y entregar el trofeo al final del partido, se preparaba por parte del público una recepción grandiosa: reparto de 30.000 tarjetas rojas y de 10.000 silbatos. 

Al final, la velada fue tranquila, pero costó dinero: se instalaron rejas con púas, esas mismas que habían desaparecido de los estadios europeos desde la catástrofe del Heysel en 1985; se prohibió toda manifestación alrededor del estadio así como el reparto de octavillas o de tarjetas rojas contra la ley de pensiones, con una vigilancia por drones con captación de imágenes (otra arma de guerra utilizada contra civiles); presencia de 3.000 antidisturbios además de los 1.400 vigilantes del estadio; cacheo de los aficionados para requisar silbatos; y un presidente escondido en los vestuarios, cuya imagen no fue proyectada en las pantallas gigantes de Saint Denis. En el plano político, fue un empate a cero. En la Unión Soviética de Stalin se paseaba a los visitantes complacientes por pueblos modelos llamados “aldeas Potemkin”, del nombre de un funcionario del zar a finales del siglo XIX: los visitantes podían extasiarse con las realizaciones soviéticas, la buena salud y la felicidad de los moradores. El empate a cero político de la final de Copa francesa (en el terreno, 5-1 a favor de Toulouse) fue conseguido a costa de construir un estadio Potemkin.

Francia se está desdoblando. Existe la Francia de los platós de televisión. Y existe el país en el que vive la gente

En realidad, el efecto Potemkin no afecta solo el Estadio de Saint Denis: Francia se está desdoblando, radicalmente. Existe la Francia de los platós de televisión, con sus figurantes, sus imágenes, sus discursos y su gobierno, bajo la autoridad de su presidente, Emmanuel Macron. Y existe el país en el que vive la gente. Problema: parece que ambos países comparten el mismo gobierno, y también que sólo la Francia Potemkin dispone de canales de televisión. 

Quizás los franceses estén acostumbrados a esos momentos de gran extrañeza, porque ya han pasado varios años, desde que la portavoz de la presidencia, Sibeth Ndiaye, explicara, al principio de la primavera de 2020, que Francia tenía enormes reservas de mascarillas –hablaba de la Francia Potemkin, no de la nuestra– pero el gobierno no las repartía, porque no solo no servían para nada contra el covid, sino que eran peligrosas y que ella misma, Sibeth, no sabía utilizarla porque era algo muy técnico. En la vida real, ese escándalo de Estado llevó a muchísimas contaminaciones y muchas muertes, en particular entre el personal de sanidad. 

Parece como si lo grotesco fuera una técnica para desviar las miradas de las cosas realmente graves: hace poco, después de revelarse el escándalo del mal uso del fondo “Marianne”, fondo recolectado para promover “los valores de la República” después del horrible degüello del docente Samuel Paty por parte de un terrorista. Habría servido en particular para financiar contenidos políticos en período electoral, contra opositores a Macron. Un verdadero escándalo que durante los primeros días fue “tapado” por otro: la ministra responsable, Marlène Schiappa, dando una entrevista (con fotos) en la revista Playboy.

Lo último: hace un par de semanas, el ministro delegado a las Cuentas Públicas, Gabriel Attal, lanzó una campaña de “transparencia” en una radio muy escuchada, sobre lo que cuestan realmente las cosas: “Qué pagan mis contribuciones” (“En avoir pour ses impôts”) es el nombre. El ejemplo que tomó es significativo: “Los franceses no saben que un parto cuesta 2.600 €”. La salud pública francesa se está derrumbando completamente, destrozada desde hace años por un sistema de gestión basado en imperativos de rentabilidad. Han empezado a morir personas en corredores llenos de camillas, por falta de camas en los hospitales (antes, durante y desde 2020 han suprimido miles de camas). Parece que sigue siendo todavía demasiado cara, pero los cierres de servicios de maternidad lo están solucionando: ahora, todos esos partos que tienen lugar fuera de los hospitales, porque solo queda una maternidad en la provincia, cuestan menos. En realidad, no cuestan nada los partos en términos de impuestos: los paga la Seguridad Social, financiada por las cotizaciones sociales, no por los impuestos. Pero esto debe ser en la Francia real, porque el ministro Attal parece que no lo sabe: las Cuentas Públicas de las que es el responsable parecen ser las de la República Potemkin. 

Voces críticas han reaccionado a esa campaña, que buscaba desviar las miradas del tema de la ley de pensiones. Unos mencionan los centenares de millones de euros (893,9 en 2021) gastados por los gobiernos de Macron para pagar a empresas consultoras como McKinsey, capaces de vender una presentación power point por medio millón de euros. Otros prefieren hablar de los regalos a las empresas, alrededor de 150.000 millones anuales de euros, lo que representa el 31% de los gastos del Estado y hace más que duplicar el presupuesto de la Educación; esto sin contar la evasión fiscal de las grandes empresas y los más ricos, que se acerca a los 100 billones, o el coste de la supresión del impuesto sobre la fortuna, etc. 

Para entender de millones, hay que ser millonario. Attal lo sabe porque es uno de los 19 millonarios entre los 41 ministros del gobierno

Quizás el ejemplo del coste de los partos haya sido elegido porque la gente no entiende de grandes magnitudes; para entender de millones, hay que ser millonario. Gabriel Attal lo sabe, sin duda, porque es uno de los 19 millonarios entre los 41 ministros del gobierno dirigido por la primera ministra Élisabeth Borne. Pero en la Francia Potemkin no es ningún problema: nadie va a saber nada de eso mirando la televisión, ni de esos miles de millones. 

En cambio, puede ser que determinados millones tengan cierta resonancia en los oídos de los franceses: en noviembre, el gobierno publicaba una lista de compras de material destinado a la policía, por 38 millones de euros. Por ejemplo, varios millones en centenares de miles de granadas de mano, entre ellas de categoría GM2L, ensordecedoras y lacrimógenas, producidas por la sociedad Alsetex, capaces de expandir un ruido de 169 decibelios en un radio de 10 metros (el umbral del dolor está en 120 decibelios, a 160 pueden estallar los tímpanos), y lanzar fragmentos a 30 metros, a una velocidad de 126 km/h. Es un arma de categoría A2, es decir material de guerra.

Dos días después de la final de fútbol, justamente, con ocasión de las manifestaciones del 1 de mayo (que han sido las más masivas del siglo en determinadas ciudades, como en Marsella, donde fue aún más concurrida que todas las anteriores contra la ley de pensiones), un manifestante en Nantes perdía una mano y una adolescente está en riesgo de perder un ojo, precisamente por el uso de esas granadas, lanzadas indiscriminadamente a los pies de los manifestantes –y a veces a la altura de la cabeza–. En muchas ciudades, las cargas policiales se producen sin el menor aviso previo, intentando cortar desfiles pacíficos o atacando las cabezas de los cortejos (como en Montpellier). En París, las violencias son mayores, y se repiten las imágenes de cargas anárquicas por agentes antidisturbios que pegan aquí y allá, a gente en el suelo, a periodistas identificados, etc. Como casi siempre desde hace unas semanas, la gente no se dispersa, prolonga la manifestación, especialmente en la Place de la Nation, y responde a las cargas policiales, haciendo recular a sus efectivos, desbordados ante el tumulto.  

Durante unas horas el diario Le Monde pisó la Francia real, antes de refugiarse de nuevo en la Francia Potemkin, mereciendo por parte de comentaristas un juego de palabras sobre el “diario de deferencia” (en vez “de referencia”, como les gusta denominarse): en la web del diario, se pudo leer durante unas horas, a partir de las 5h40 del 2 de mayo, un artículo titulado “Frente a la protesta social, la escalada securitaria de Emmanuel Macron”, con el subtítulo siguiente: “Uso de drones en las manifestaciones, bandos anticacerolas o antisilbatos… el poder ejecutivo sitúa a la policía y a los prefectos en el corazón de su estrategia y multiplica las decisiones en la frontera de la legalidad, cuando no son directamente ilegales”. Como se puede constatar en los links más arriba, no se trataba nada más que de una descripción factual. El trabajo periodístico pasaba por recoger varias opiniones importantes, todas concordantes para criticar la escalada violenta. Sin embargo, a las 12h57, todo cambió, el artículo y los subtítulos: “Protesta social: policía y prefectos en primera línea. Uso de drones en las manifestaciones, bandos anticacerolas o antisilbatos… el poder ejecutivo sitúa la seguridad en el centro de su estrategia.”

Otro tono es el de BFMTV, un canal de información continua calificado por Samuel Gontier, en la muy moderada revista Telerama, de “fiel agencia de comunicación del Ministerio del Interior”: o sea, Potemkin TV. Ahí solo es cuestión de la violencia de los manifestantes contra “nuestros policías”, de imágenes horrendas, por ejemplo, de la explosión de un artefacto que tumba a un grupo de agentes… hasta que se descubre que se trata de una de sus propias granadas. Los comentaristas no hacen otra cosa que justificar cualquier declaración del Ministerio o de sindicalistas policiales que criminalizan a los manifestantes, hablando de bandas extremistas y de policías heridos, dando cifras que provienen del Ministerio y que no sabemos si incluyen a los agentes asfixiados por sus propios gases lacrimógenos como en Estrasburgo o en París. Y al final, citan a Marine Le Pen a sacar conclusiones, difundiendo la integralidad de su discurso del día. Hasta que al día siguiente, aparece la imagen buena, la de unos policías envueltos en llamas por un lanzamiento de cóctel molotov. 

La secuencia del artefacto que hace caer al suelo a los agentes ya no sirve; la foto de las llamas en cambio se multiplica. Es la imagen ideal de la República Potemkin que busca concentrar la mirada en “los violentos” (les casseurs), una categoría de manifestantes “venidos para matar a policías”, y con ello acreditar la existencia de un enemigo interior y producir otros cinco efectos : 

1) Hacer desaparecer las violencias policiales, siguiendo la negación de la realidad del presidente de la República Potemkin en 2019 : “No hablen de represión o de violencias policiales: estas palabras son inaceptables en un Estado de derecho, las rechazo” o las palabras recientes de la presidenta de la Asamblea: “reprimo el término de violencias policiales” (lapsus).

2) Eliminar cualquier análisis o cuestionamiento político de lo que pasa, es decir, del uso de la policía como milicia política, la estrategia de la confrontación permanente que pone en peligro a unos y otros, la lógica de “escalada violenta” de la que se trataba en el primer artículo de Le Monde. El día 3 de mayo, una invitación a debatir del tema por parte de los diputados de izquierda en la Asamblea Nacional fue boicoteada por el ministro del Interior.

3) Desanimar cualquier atisbo de crítica a la acción del Ministerio del Interior por parte de la prensa. La autocensura de Le Monde –ni siquiera fue necesaria una llamada desde el palacio presidencial– da el tono: la deferencia se vuelve referencia. En los días anteriores, el cuestionamiento del iliberalismo macronista había progresado en la prensa oficial: se trata de parar eso. Valor añadido: los corresponsales extranjeros que escriben sus artículos sobre la base de declaraciones del Ministerio de Interior, con un ojo en lo que dice Le Monde.

4) Apretar las filas de la policía, donde el cuestionamiento de esa política que les pone en peligro es real y donde se multiplican las dimisiones de elementos moderados. Basta con mirar los comentarios a la publicación de esa imagen en Twitter o en la prensa para ver cómo la lógica del enemigo funciona perfectamente y consolida la extremaderechización. Es la estrategia de lo extremo, en la que el extremo centro tiende a confundirse con la extrema derecha.

5) La aldea Potemkin de BFMTV evoca ya una “ley antiviolentos”, o sea una enésima ley represiva, como la liberticida “Loi sécurité globale”, cuidadosamente preparada en realidad por la acción cotidiana de la policía: las arbitrarias y masivas detenciones durante las manifestaciones, con condiciones de encarcelamiento, con humillaciones y violencias que acaban de ser denunciadas públicamente por un organismo independiente, llenan un fichero que permite luego que, en nuevos arrestos, se puedan encontrar “personas con antecedentes” y así acreditar lo de las hordas de violentos. Como lo confesó el exprefecto Lallement en su libro, la acción de la policía sigue en este tema consignas de comunicación muy claras. 

Ese mismo funcionario tuvo una respuesta famosa y espontánea a una ciudadana que le increpaba en la calle “No estamos en el mismo campo señora”. La doctrina de la República Potemkin es la del enfrentamiento del Estado contra la sociedad cuando ésta no se adhiere a lo que quiere el Estado. Felizmente, no es ahí donde vive la mayoría de los franceses, esos galos protestones que quieren preservar la salud y la educación públicas, y no tener que cotizar 43 años para jubilarse (38 en España).