Los cinco medios firmantes de esta carta tenemos una consolidada trayectoria. Los cinco somos medios con un considerable impacto, relevantes niveles de visitas y escuchas diarias e incluso tiradas de revistas en papel a nivel nacional. Las cinco empresas tenemos nuestras sedes fiscales en Madrid y llevamos años pagando sus impuestos en la región y, lo que es más importante, generando empleo en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, no existimos para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En la última legislatura, estos cinco medios no hemos recibido ni un solo contrato de publicidad institucional de ninguna de las administraciones de la región gobernadas por el Partido Popular. Pese a los considerables niveles de visitas y el impacto que generamos y pese al incremento en las partidas de gasto en publicidad institucional acometido por las dos administraciones madrileñas en los últimos años, nos hemos visto totalmente apartados, en lo que denunciamos que es una discriminación ideológica por parte del Partido Popular a aquellos medios críticos con su gestión y molestos para sus intereses. 

La prueba de esta discriminación es que, en el otro lado, en líneas editoriales conservadoras y ultraconservadoras, ambas administraciones reparten a dedo el dinero público entre medios absolutamente minoritarios que, en ciertos casos, ni siquiera cuentan con presencia en redes sociales, redacción, trabajadores… Muchos de ellos tampoco ofrecen cifras de difusión de las campañas de publicidad, tal y como se puede corroborar en los documentos publicados por la Comunidad de Madrid en su portal de transparencia. Ante ello, es imposible verificar la difusión de los mismos y, por ende, comprobar si el presupuesto entregado se ajusta al número de visitas de estos medios. 

Medios sin nombre ni alcance, al menos demostrable, como Diario Crítico, MadriDiario, Diario La Lupa, El Cierre Digital, El Imparcial, PR Noticias o La Brújula del Norte reciben año a año contratos publicitarios que en algunos casos llegan a representar el 50% de sus ingresos anuales totales. Es decir, son medios dopados, que sobreviven gracias a la inyección de dinero público totalmente discrecional que las administraciones dirigidas por Isabel Díaz Ayuso y José Luís Martínez-Almeida llevan realizando durante los últimos años.

Debido a la situación de discriminación que sufrimos, hemos decidido unir nuestras fuerzas para denunciar este uso injusto y sectario del dinero público. Hoy, 25 de mayo, hemos enviado una carta a la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE), a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y al Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) para exigir su posicionamiento ante lo que consideramos un atropello y un atentado a la pluralidad que viola tanto la Constitución como la Ley de Publicidad Institucional. 

En los próximos días, presentaremos ante las dos administraciones sendos requerimientos de cesación de la actuación en “vía de hecho”, señalando la discriminación en la adjudicación de la publicidad institucional, instándoles a contratar campañas con los cinco medios como corresponde a su acreditada audiencia y alcance, y para que retomen la neutralidad en su actuación. 

De no recibir una contestación satisfactoria y de no cesar la discriminación que llevamos años sufriendo, El Salto, La Marea, Infolibre, CTXT y Carne Cruda llevarán a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid a los tribunales. 

A continuación, puedes leer la carta enviada a las citadas organizaciones de prensa:  

Carta APM by Gessamí Forner