Oxfam ha publicado recientemente ‘Asignatura pendiente. Los escasos avances en responsabilidad fiscal de las grandes empresas’, un informe cuyo título deja pocas dudas acerca de las conclusiones alcanzadas después de analizar el sistema tributario: España tiene un problema con su fiscalidad que está generando una importante fuga de capital.

Los beneficios obtenidos por las empresas rompieron récords en 2022, con un resultado contable positivo de 327.461 millones de euros. No obstante, esos registros solo supusieron 32.176 millones de recaudación fiscal por impuesto de sociedades, una cifra muy similar a la alcanzada en 2005 (31.722 millones), con la diferencia de que los beneficios empresariales aquel año fueron de 164.497 millones de euros, prácticamente la mitad que en 2022. Es decir, un crecimiento de casi el 100% en beneficios se tradujo, únicamente, en un crecimiento del 1,41% en recaudación fiscal.

Según el estudio de Oxfam, una de las disfuncionalidades principales tiene que ver con que el 37% de las grandes multinacionales españolas no pagan ni siquiera el 10% de impuestos a nivel global.

El 37% de las grandes multinacionales españolas no pagan ni siquiera el 10% de impuestos a nivel global

El panorama a nivel nacional no es mucho mejor. En 2007, el impuesto de sociedades suponía un 22,3% sobre el total de los ingresos tributarios. Sin embargo, las medidas tomadas a raíz de la crisis económica tras el boom inmobiliario redujeron este porcentaje de forma estrepitosa, hasta el 8,2% en 2020, una cifra que ha ascendido en los últimos años, con el gobierno de coalición, hasta el 12,6% en 2022. Aún así, la reducción del peso del impuesto de sociedades en España ha caído casi un 30% desde el año 2007.

Esta tendencia de aparente recuperación, tras una caída muy llamativa, se puede observar también en el caso de los tipos efectivos retribuidos como impuesto de sociedades. Del 19,9% en 2006 se pasó al 7,8% en 2019, pero, y de nuevo coincidiendo con la legislatura del Ejecutivo progresista, en 2022 ya se había elevado hasta el 9,4%.

El principal problema que se denuncia tiene que ver con una desigualdad muy llamativa entre ese aligeramiento de la carga fiscal del que disfrutan las grandes empresas y lo que ha ocurrido con tipos impositivos que afectan a la población al completo: tanto el IRPF como el IVA (impuesto regresivo por excelencia) han aumentado en torno a un 50% desde 2007.

La conjunción de ambos porcentajes de variación ha permitido que muchas grandes corporaciones no solo hayan capeado sin problemas las diferentes crisis sufridas en los últimos años, sino que han aprovechado la coyuntura de recesión general para multiplicar sus beneficios mientras las mayorías sociales ven su nivel de vida desplomarse.

Las dimensiones de este expolio impositivo son ineludibles, máxime en un contexto de crisis casi perpetua como el actual. El informe habla de “una ciudadanía cada vez más concienciada con el valor de los impuestos”, y lo hace apoyándose en los resultados de una encuesta sobre opinión pública y política fiscal elaborada por el CIS. En la última década, la percepción positiva de los impuestos se ha incrementado en casi 20 puntos porcentuales, alcanzando casi un 75% de respuestas que respaldan su aplicación y su utilidad, ya sea como elemento de redistribución de la riqueza o como financiación de servicios públicos.

En esa misma línea, se ha reducido también la tolerancia hacia las actividades de evasión fiscal: si en 2018 el 74,6% las consideraba “nada tolerables”, en 2022 ese número ha subido hasta el 80,4%. Menos clara es la unanimidad a la hora de cargar responsabilidades, aunque la balanza también se está inclinando: el 61,7% de la población afirma que el actual sistema fiscal español beneficia a las grandes empresas.