La señora Paz y el señor Justo escribieron una carta que encontré entre los papeles de mi abuelo. Se la escribieron a sus antiguos vecinos, la señora Visi y el señor Lidio, con quienes trabajaron años antes en la construcción del canal del Sorbe en Tamajón, Guadalajara. Justo y Paz escribieron el 15 de mayo del año 1976: 

“Ya vamos cara al verano y más cerca de esas vacaciones que tanta falta hacen para vivir sin tanta preocupación. Hoy sábado hemos conseguido no trabajar el fin de semana por la ley de las 44 horas semanales. Es bueno que podamos adquirir algunos derechos y así el sábado tener libertad para ir uno donde quiera; también los días recuperables se han terminado, desde luego la vida está en las nubes, todo carísimo, y lo que interesa se acaben la retribución y que haya un jornal suficiente para todo trabajador”

Lo que Paz y Justo no podían intuir era cómo esos deseos suyos se iban a materializar. Políticamente la gente trabajadora de España consiguió dotarse de una Constitución y una amplia gama de derechos civiles y políticos. Sin embargo, los sueños de Justo y Paz en materia laboral y económica no llegaron a tan buen puerto. Robert M. Fishman en Práctica democrática e inclusión lo ilustra con la “paradoja ibérica del empleo”. En 1978, España y Portugal presentaban una tasa de desempleo que rondaba el 7%. Desde entonces, los datos cambian: el desempleo en España oscila entre el 16% y el 24% entre finales de los años ochenta y principios de los noventa; en Portugal, permanece estable en torno al 9%. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, la brecha pareció cerrarse (en 2005, 2006 y 2007). Sin embargo, esta experiencia demostró ser un espejismo: durante la crisis financiera España escaló al 26% de desempleo y Portugal al 13%. Hoy, el desempleo en España ronda el 13% y en Portugal, el 6%. 

Esta anomalía estadística en materia de empleo podría parecer un asunto estrictamente económico, pero al seguir la argumentación del profesor Fishman se descubren importantes implicaciones políticas que conviene tener en cuenta para entender el presente. La razón es sencilla: entre proteger el empleo y los salarios de los trabajadores y contener la inflación –en un contexto dominado por la crisis del petróleo a finales de la década de 1970, cuando Paz y Justo escriben– se optó por lo segundo. El momento fundante de esta decisión fueron los Pactos de la Moncloa, en octubre de 1977: contención salarial para frenar la inflación a cambio de avances en derechos civiles y políticos. El momento cumbre de esta decisión fue la desindustrialización durante las décadas de 1980 y 1990. Pero ¿qué llevó en realidad a emprender este camino?, ¿cuál es la razón política que impulsó esta deriva económica en España?

El programa de Sumar, de hecho, se parece bastante a la carta de Justo y Paz: más tiempo libre, más salarios dignos, freno a la inflación 

A ojos de Fishman, el miedo de las élites a la canalización efectiva de las demandas de las clases subalternas. Es decir, miedo a que cundiera el ejemplo de los obreros de Vitoria en marzo de 1973 –mortalmente reprimidos–; miedo a que la revolución de Portugal fuera seguida a pies juntillas, aunque el dictador hubiera muerto en la cama. Miedo a que demasiadas cartas como la de Paz y Justo sentasen cátedra. Este miedo se tradujo en un intercambio entre los actores enfrentados durante la Transición: a cambio de democratización, paz social. Sin embargo, aceptar esta disciplina social inoculó un mal en la democracia española que acababa de nacer: el sistema constitucional de 1978 adolecía y adolece hoy de un déficit notable de inclusión democrática. La democracia española carece de mecanismos adecuados para traducir las demandas de las mayorías sociales en políticas públicas. 

Por eso hoy resulta trascendental hablar de diálogo social. Porque el diálogo social, con todas sus limitaciones, es un mecanismo para traducir demandas de las mayorías sociales –a través de sus sindicatos– en políticas. Por eso hoy es importante la política desplegada por la vicepresidenta Yolanda Díaz para modificar la estructura del mercado de trabajo. La carta de Justo y Paz la podría escribir, si cambia pocas palabras, una persona trabajadora en la España del año 2023. El programa de Sumar, de hecho, se parece bastante a la carta de Justo y Paz: más tiempo libre, más salarios dignos, freno a la inflación mientras crecen los salarios, 32 horas semanales, pleno empleo. Esta es la lengua de la mayoría social que trabaja y toca traducirla a hechos, a políticas públicas, toca hacerla realidad.

Las políticas públicas que Sumar ambiciona desplegar pueden sentar las bases materiales de una España más justa, menos desigual y más digna de ser vivida. Pero en el horizonte de su planteamiento estratégico debe estar dar salida a esa crisis en que se hallan los pueblos de España desde 2008: una crisis territorial, una crisis económica y una crisis de representación política. Una crisis constitucional, en resumidas cuentas, que el marco institucional de 1978 no ha sabido procesar. Por tanto, la reforma constitucional debe ser el horizonte último de Sumar. Las políticas sobre el mundo del trabajo y la economía que defiende Sumar deben ser el sustento material que permita en el futuro abordar esta reforma, y la profundización democrática, a través de la inclusión política, ha de ser el vector fundamental que la inspire. Las políticas sobre el mundo del trabajo y la economía que defiende Sumar deben sentar, en definitiva, las bases materiales de esa reforma de nuestro sistema constitucional. 

Recoger el testigo de la carta de Justo y Paz es dialogar con el proceso constituyente que Paz y Justo vivieron, intentar hacerle honor y mejorarlo. Es enfrentar la memoria democrática del país para hacer de España un país mejor. Es entender y fomentar la política como la herramienta de las gentes normales y corrientes para cambiar sus vidas. Es ser capaces de romper el “mal radical” de España –ese que nos obliga a repetir nuestra historia por desconocerla, a ser incapaces de renovar nuestro pacto constitucional, ese que nos lega una derecha que entiende el poder estatal como algo patrimonial y propio– del que habla José Luis Villacañas para dotarnos de una Constitución que se adecue a las Españas del siglo XXI. 

La señora Paz y el señor Justo escribieron una carta y recordarla hoy es importante. 

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David Rodas Martín es graduado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid.