Tal vez los votantes españoles no se han dado cuenta, pero la era de la ideología thatcheriana de privatizaciones, estados menguantes, desregulación y recortes de impuestos a los más ricos se encuentra en fase final. Para comprobarlo conviene repasar lo ocurrido la semana pasada con el partido que tanto ha aportado al ideario político y económico de la derecha española a lo largo de las últimas décadas. 

Se trata del viejo partido conservador británico, que compite con los republicanos de Ronald Reagan y los Chicago Boys del sanguinario dictador Augusto Pinochet en protagonizar los capítulos de libros de historia económica titulados “El primer experimento neoliberal”. 

En estos momentos, el Gobierno de Rishi Sunak se hunde en una crisis terminal y trata de deshacerse del legado de Margaret Thatcher, consciente ya de que es un lastre que arrastrará sus posibilidades en las elecciones de 2024 hasta el fondo. No deja de ser irónico, porque en España la dama de hierro sigue siendo la principal fuente de inspiración para líderes conservadores como Isabel Díaz Ayuso.

Para entender lo que ocurre, empecemos por el megafiasco de las empresas de servicios públicos (es un decir) como la energía, el transporte, las telecomunicaciones y, en especial, dados los últimos acontecimientos, el agua. 

La acumulación de deuda ocurrió pese a aquel mantra thatcheriano según el cual solo el sector privado es capaz de gestionar sin despilfarros

Tras convertir los ferrocarriles estatales en un caos privatizado, vender British Telecom a precio de saldo justo en el momento en el que se convirtió en una mina de oro y regalar las eléctricas al capital internacional, el segundo gobierno de Thatcher privatizó el agua en 1989. Condonó deudas por 5.000 millones de libras –ahora 6.000 millones de euros– para que los inversores de City pudieran participar en la venta sin miedo. 

En estos momentos, la deuda del puñado de empresas privatizadas rebasa los 60.000 millones de libras (casi 70.000 millones de euros) y, con los tipos de interés ya subiendo en curva vertical, el coste de servicio de esta deuda crece como la espuma. La empresa más grande de todas, Thames Water, se encuentra al borde de la quiebra. 

La acumulación de semejantes volúmenes de deuda ocurrió pese a aquel mantra thatcheriano según el cual solo el sector privado es capaz de gestionar sin despilfarros, torpezas y corrupción. 

Mientras que la deuda fue aumentando, las empresas de agua pagaron 57.000 millones de libras –66.000 millones de euros– en dividendos a sus accionistas, principalmente fondos de capital privado, de pensiones y de inversión en infraestructura. BlackRock, el fondo privado más grande del mundo, que gestiona activos a escala mundial por valor de diez billones de dólares, tiene participaciones en cuatro empresas de agua británicas. Otros accionistas son fondos con sede en países como Qatar y los Emiratos árabes. 

Las empresas de agua privatizadas por Thatcher repartieron a sus ejecutivos paquetes de remuneración por un valor medio por persona de 1,1 millones de libras en 2021. Severn Trent –con BlackRock entre sus accionistas– pagó seis millones a dos de sus ejecutivos y Thames Water pagó 3,2 millones a cuatro de los suyos. 

Esto coincide con un colapso de la infraestructura del agua y pérdidas de billones de litros debido a tuberías rotas. Asimismo, ya son habituales las descargas al mar de aguas fecales sin tratamiento. Todo esto, pese a que la privatización thatcheriana protagonizada por los fondos privados fue justificada en la necesidad de afrontar inversiones en infraestructura.

Los británicos simpatizantes con los tories ya defienden la vuelta del Estado: el 58% de los votantes conservadores apoyan la renacionalización

En muchos sentidos, fue precisamente el modelo vampírico de gestión impuesto por los fondos globales lo que ha tumbado a Thames Water. BlackRock basa su expansión por el planeta en la fórmula de endeudar hasta las cejas a las empresas en las que participa aprovechando los bajos tipos de interés, para poder pagar dividendos billonarios a sus accionistas, entre ellos los mismos fondos de capital privado. 

De ahí la cada vez más probable decisión del Gobierno conservador de nacionalizar Thames Water, que tiene 15 millones de “clientes” –en el sur de Inglaterra. La gran mayoría de los británicos apoyan la renacionalización de los servicios públicos tras los últimos años de precios disparados, coincidentes con jugosos repartos de dividendos y salarios de ejecutivos. Según una encuesta de YouGov, incluso los británicos simpatizantes con los tories ya defienden la vuelta del Estado: el 58% de los votantes conservadores apoyan la renacionalización. Escocia mantuvo una empresa pública del agua y no tiene los mismos problemas (eso sí, la venta de Scottish Power a Iberdrola no ha sido el mayor logro de la socialdemocracia nacionalista escocesa).

Todo esto puede ser otro indicio de lo que el historiador Gary Gestler, de la Universidad de Cambridge, califica en su nuevo libro como “el auge y la caída del orden neoliberal”. Para Gestler, el espíritu del momento es la vuelta del Estado a la gestión económica, el fin de la liberalización comercial y financiera transfronteriza, la adopción de políticas industriales para facilitar la reindustrialización y la repotenciación de sindicatos para empezar a combatir la extrema desigualdad de la era neoliberal. “Tanto la izquierda como la derecha quieren más Estado”, declaró Gestler en una entrevista que le hice en abril al recordar que ni Biden, con su programa de inversión pública y políticas industriales –“Build Back Better Plan”–, ni Trump, con su discurso antiglobalista, son políticos neoliberales. 

Tanto las Bidenomics –el término coloquial por el que se conocen las políticas económicas de la administración Biden– como el trumpismo, pese a sus diferencias, suponen la vuelta al Estado nación y el inicio del fin del neoliberalismo, según Gestler. 

Pasa lo mismo en Inglaterra. Boris Johnson solo ganó las elecciones de 2019 porque se comprometió a realizar fuertes inversiones públicas en infraestructura y así level up –igualar hacia arriba– para corregir la desigualdad territorial entre norte y sur. Por supuesto, Johnson mentía. Pero, lo significativo es que entendía que era necesario disfrazarse de defensor del estado intervencionista –por supuesto el Estado nación bajo la bandera del brexit– para llegar al poder. 

Solo los militantes tory más ideologizados se emocionan todavía públicamente ante las políticas de privatización, recortes de impuestos y desregulación identificados con Thatcher. Estos eligieron a Liz Truss como primera ministra el año pasado y ella, en sus 45 días en el cargo, logró algo sin precedentes en la historia británica: un golpe de estado contra un gobierno conservador iniciado por la City londinense. Con una deuda abultada y tipos de interés en alza, los fuertes recortes de impuestos a los ricos y las privatizaciones asustaron a los mercados financieros. Tal es el desprestigio de la filosofía thatcheriana. De no producirse una sorpresa cataclísmica, los laboristas, con un programa calcado del ejemplo de las Bidenomics, ganarán las próximas elecciones. 

Este ocaso del orden neoliberal está totalmente asimilado en los medios que marcan las pautas del debate. Por ejemplo, Gilian Tett, en el Financial Times, describe un cambio dialéctico hegeliano (no se atrevió a decir marxista) conforme el péndulo de la historia se aleja ya del modelo neoliberal de globalización para acercarse a una nueva fase de políticas de intervención públicas e impuestos más altos en el ámbito del estado nación. Según Tett, Biden pretende ganar las elecciones con “una ruptura fundamental con la teoría económica que ha perjudicada a la clase media estadounidense, conocida como del trickle down [‘Efecto derrame’, en referencia a un supuesto goteo espontáneo en el sistema de mercado que va desde una élite cada vez más adinerada al resto de la sociedad]”. No se trata solo de una ruptura demócrata con el neoliberalismo clintoniano. Trump ya puso en marcha “la intervención del Estado en las cadenas de suministro bajo la rúbrica de la seguridad nacional”, añade. 

En Europa, el megapaquete de transferencias fiscales pospandemia, así como una apuesta más fuerte por las políticas industriales, también señala un cambio de espíritu apoyado por élites en ambos lados del espectro del poder. Incluso líderes ultraconservadores como Viktor Orbán son defensores de un estado intervencionista (el primer ministro de Hungría ha intervenido para controlar las de cadenas multinacionales de grandes superficies, por ejemplo).

Esperanza Aguirre privatizó parcialmente el Canal Isabel II utilizando exactamente los mismos argumentos sobre quiméricas mejoras de eficiencia

En España, en cambio, el conservadurismo de siempre, así como la renacida extrema derecha, siguen consultando los polvorientos manuales del neoliberalismo thatcheriano. Más que al gracioso Spain is different del pasado, Madrid recuerda a la colonia aislada de una especie en vías de extinción, extrañas criaturas vestidas con blazer con escudo del club de golf, que pueden ser avistadas rindiendo homenaje a los recortes de impuestos y el trickle down de la dama de hierro en la plaza que lleva su nombre en el centro de la capital española. Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad madrileña, incluso tuiteó su admiración por Liz Truss. Increíblemente, ganó las elecciones.

No es casualidad que Ayuso sea de la misma escuela de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, cuyo gobierno privatizó parcialmente la empresa pública de agua Canal Isabel II utilizando exactamente los mismos argumentos sobre quiméricas mejoras de eficiencia y la obtención de recursos para invertir en infraestructura, tal y como se explica en el importante libro de los economistas de Attac El Plan de saqueo de Canal Isabel II. 

Como cuentan en el libro, la privatización del agua madrileña resulta aún más vampírica que en el Reino Unido. Al menos en el modelo thatcheriano, los inversores multinacionales vinieron desde lejos y, durante algunos años, inyectaron capital necesario en empresas como Thames Water. En el modelo madrileño, la propia empresa de agua privatizada se convierte en especuladora multinacional, y gracias a una serie de operaciones de ingeniería fiscal y financiera, toma participaciones en cientos de empresas privatizadas en América Latina generando rentas para los accionistas y miembros del Partido Popular.