Gracias a Wyatt Reed, Alex Rubinstein y Anya Parampil por ayudarme a preparar esta presentación. Wyatt tiene experiencia de primera mano en el tema como periodista cuyo hotel de Donetsk fue atacado en octubre de 2022 por el ejército ucraniano con un obús de fabricación estadounidense. Estaba a cien metros de distancia cuando tuvo lugar el ataque y estuvo a punto de morir.

Mi amigo, el activista defensor de los derechos civiles Randy Credico, también está hoy aquí conmigo. Estuvo en Donetsk más recientemente y pudo presenciar los ataques regulares con HIMARS [sistema de lanzamisiles múltiple] del ejército ucraniano contra objetivos civiles.

No estoy aquí únicamente como un periodista con más de veinte años de experiencia y especializado en política y conflictos en varios continentes, sino como estadounidense obligado por mi propio gobierno a financiar una guerra subsidiaria que se ha convertido en una amenaza para la estabilidad regional e internacional a expensas del bienestar de mis conciudadanos y conciudadanas.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en la limpieza de otro descarrilamiento, el Pentágono anunciaba que tenía previsto enviar 500 millones de dólares más en ayuda militar 

El pasado 28 de junio, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la limpieza de otro descarrilamiento de un tren con productos tóxicos en Estados Unidos, esta vez en el río Montana –que ponía aún más de manifiesto la falta crónica de financiación de las infraestructuras de nuestro país y la amenaza que suponen para nuestra salud–, el Pentágono anunciaba que tenía previsto enviar 500 millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania.

Este acontecimiento tiene lugar cuando el ejército de Ucrania entra en la tercera semana de una cacareada contraofensiva que la CNN describe como “que no cumple las expectativas”, y de la que incluso Volodymyr Zelenski dice que “va más lenta de lo deseado”.

Mientras el ejército ucraniano no lograba abrir una brecha en la principal línea defensiva rusa, la CNN informaba de que, a 12 de junio, Kiev había “perdido” 16 vehículos blindados de fabricación estadounidense enviados al país.

¿Y qué hizo el Pentágono? Sencillamente pasó la factura a los contribuyentes medios estadounidenses como yo, cobrándonos otros 325 millones de dólares para reponer el material militar despilfarrado en Ucrania. No se hizo ningún esfuerzo por consultar la postura de la opinión pública estadounidense al respecto, y es probable que la inmensa mayoría de los estadounidenses ni siquiera supiera que dicho intercambio había tenido lugar.

La política estadounidense que acabo de describir –en la que Washington da prioridad a la financiación desenfrenada de una guerra subsidiaria con una potencia nuclear en un país extranjero mientras nuestra propia infraestructura nacional se desmorona ante nuestros ojos– pone de manifiesto una dinámica inquietante en el centro del conflicto de Ucrania: un esquema Ponzi internacional que permite a las élites occidentales arrebatar la riqueza que tanto les ha costado ganar a los ciudadanos medios estadounidenses y canalizarla hacia las arcas de un gobierno extranjero que incluso Transparencia Internacional, patrocinada por Occidente, califica como uno de los más corruptos de Europa.

El público estadounidense no tiene ni idea de adónde ha ido a parar el dinero de sus impuestos

El gobierno estadounidense aún no ha llevado a cabo una auditoría oficial de su financiación a Ucrania. El público estadounidense no tiene ni idea de adónde ha ido a parar el dinero de sus impuestos.

Por ese motivo, esta semana, The Grayzone ha publicado una auditoría independiente de la asignación de dólares de los contribuyentes estadounidenses a Ucrania a lo largo de los ejercicios fiscales de 2022 y 2023. Nuestra investigación la dirigió Heather Kaiser, exoficial de inteligencia militar y veterana de las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak.

Descubrimos un pago de 4,48 millones de dólares procedentes de la Administración de la Seguridad Social estadounidense al Gobierno de Kiev.

Descubrimos pagos por valor de 4.500 millones de dólares de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para sufragar la deuda soberana de Ucrania, gran parte de la cual es propiedad de la empresa de inversión mundial BlackRock.

Solo eso equivale a 30 dólares de cada ciudadano estadounidense en un momento en que cuatro de cada diez estadounidenses no pueden afrontar un imprevisto por valor de 400 dólares.

Descubrimos que el dinero de los contribuyentes destinado a Ucrania llenaba los presupuestos de una cadena de televisión en Toronto, de un grupo de expertos pro OTAN en Polonia y, aunque parezca mentira, de agricultores rurales en Kenia.

Descubrimos decenas de millones destinados a empresas de capital riesgo, incluida una en la República de Georgia, así como un pago de un millón de dólares a un único empresario privado en Kiev.

Nuestra auditoría también reveló el contrato de 4,5 millones de dólares del Pentágono con una empresa llamada Atlantic Diving Supply para suministrar a Ucrania equipos de explosivos no especificados. Se trata de una empresa tristemente célebre por corrupta contra la que Thom Tillis, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, arremetió anteriormente por su “historial de fraude”.

El Congreso ha fracasado a la hora de garantizar que estos pagos turbios y acuerdos masivos de armas sean rastreados adecuadamente

Sin embargo, una vez más, el Congreso ha fracasado a la hora de garantizar que estos pagos turbios y acuerdos masivos de armas sean rastreados adecuadamente.

De hecho, gran parte de la ayuda militar y humanitaria enviada a Ucrania simplemente ha desaparecido. El año pasado, CBS News citó al director de una organización sin ánimo de lucro partidaria de Zelenski en Ucrania, que informó de que solo aproximadamente el 30% de la ayuda estaba llegando a las líneas del frente ucraniano.

La malversación de fondos y suministros es al menos tan preocupante como las posibles consecuencias de la transferencia y venta ilícitas de armas de uso militar. El pasado mes de junio, el jefe de Interpol advirtió de que la transferencia masiva de armas a Ucrania significa que “podemos esperar una afluencia de armas en Europa y fuera de ella”, y que “los delincuentes están centrándose en ellas, incluso ahora, mientras hablamos”.

El pasado mes de mayo, políticos occidentales aclamaban a un grupo de neonazis rusos contrarios al Kremlin y equipados con material suministrado por el gobierno ucraniano por llevar a cabo atentados terroristas en territorio ruso utilizando vehículos Humvees de fabricación estadounidense. A pesar de que el grupo, el llamado “Cuerpo de Voluntarios Rusos”, está dirigido por un hombre que se hace llamar el “Rey Blanco” e incluye a numerosos admiradores declarados de Adolf Hitler, la armamentización occidental de esta milicia contra las fuerzas rusas no ha provocado ninguna protesta en el Congreso.

Y aunque el Gobierno de Biden ha prometido que está controlando las armas enviadas, un telegrama del Departamento de Estado filtrado el pasado diciembre reconocía que “la actividad cinética y el combate activo entre las fuerzas ucranianas y rusas crean un entorno en el que las medidas de verificación estándar en ocasiones son impracticables o imposibles”.

La Administración de Biden está intensificando una guerra subsidiaria contra la mayor potencia nuclear del mundo

La Administración de Biden no solo sabe que no puede rastrear las armas que está enviando a Ucrania, sino que además está intensificando una guerra subsidiaria contra la mayor potencia nuclear del mundo, y que la está desafiando a responder del mismo modo.

Sabemos que lo saben porque, ya en 2014, el presidente Barack Obama rechazó las peticiones de enviar armamento ofensivo letal a Kiev porque, como dijo el Wall Street Journal, tenía una “antigua preocupación de que armar a Ucrania provocaría en Moscú una nueva escalada que podría arrastrar a Washington a una guerra subsidiaria”.

Cuando Donald Trump llegó al poder en 2017, intentó mantener la línea política de Obama, pero pronto fue tachado de marioneta rusa por parte del cuerpo de prensa de Washington y el Partido Demócrata por negarse a enviar misiles Javelin de Raytheon al ejército ucraniano. La reticencia de Trump a enviar los Javelin se convirtió en parte de la base para su proceso de destitución. Como era de esperar, cedió.

Cuando el armamento ofensivo de fabricación estadounidense empezó a llegar a las líneas del frente del Donbás, todo Occidente explotó los Acuerdos de Minsk para “dar tiempo” a Ucrania a armarse, como dijo la excanciller alemana Angela Merkel.

En enero de 2022, Estados Unidos anunció un paquete de armas a Ucrania por valor de 200 millones de dólares. El 18 de febrero, los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa informaron de que se habían duplicado las violaciones del alto el fuego, y los mapas de la OSCE mostraban la abrumadora mayoría de los lugares atacados del lado de la población separatista prorrusa en Donetsk y Lugansk. Cinco días después, Rusia invadió Ucrania.

Y desde entonces, Estados Unidos y sus aliados se han apresurado a aumentar la espiral de la escalada en todas las ocasiones.

“Cosas que no podíamos proporcionar en enero porque era intensificar la escalada las proporcionamos en febrero”, se quejaba un exfuncionario del Departamento de Estado tras reunirse con sus homólogos ucranianos. “Y cosas que no podíamos proporcionar en febrero las podemos proporcionar en abril. Ese ha sido el patrón distintivo, empezando por, por el amor de Dios, los Stingers”, dijeron, refiriéndose a los misiles montados sobre el hombro.

Biden dijo en marzo de 2022: “La idea de enviar material ofensivo y de contar con aviones y carros de combate... no se engañen, digan lo que digan, eso se llama tercera guerra mundial”.

El propio presidente Joe Biden dijo en marzo de 2022: “La idea de enviar material ofensivo y de contar con aviones y carros de combate... no se engañen, digan lo que digan, eso se llama tercera guerra mundial”.

Poco más de un año después, Biden cambió de opinión y respaldó un plan para proporcionar cazas F-16 a Ucrania, tras presionar a Alemania para que enviara los carros de combate que antes temía que provocaran la tercera guerra mundial.

Solo dos meses después de recibir los sistemas HIMAR de Estados Unidos, el ejército ucraniano empezó a apuntar a infraestructuras esenciales y atacó el puente Antonovsky sobre el río Dniéper, y de nuevo, dos meses después, en un ataque de prueba contra la presa de Kakhovka “para ver si el agua del Dniéper podía elevarse lo suficiente como para impedir los cruces rusos”, como informó el Washington Post.

Hace tres semanas, la presa de Kajovka fue destruida, desencadenando una gran catástrofe medioambiental que provocó inundaciones masivas y la contaminación del suministro local de agua. Ucrania, por supuesto, culpa a Rusia del ataque, pero no ha presentado pruebas.

Por esas fechas, Ucrania también acusó infundadamente a Rusia de planear una provocación en la central nuclear de Zaporiyia. Esto desencadenó una resolución de los senadores Lindsey Graham y Richard Blumenthal (que no tiene parentesco conmigo) en la que se solicitaba a la OTAN que interviniera directamente en Ucrania y atacara a Rusia si se producía un incidente de este tipo.

La medida de Blumenthal y Graham establecía así una línea roja de facto para iniciar una acción militar estadounidense, muy parecida a la establecida en Siria que, como comentó un exdiplomático estadounidense al periodista Charles Glass, “era una invitación abierta a una bandera falsa”.

¿Veremos otro engaño de Douma, pero esta vez en Zaporiyia?

¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos incitando a una hecatombe nuclear inundando Ucrania de armas avanzadas y saboteando las negociaciones a cada paso?

Personas como el senador Dick Durbin nos han dicho que Ucrania está “literalmente en una batalla por la libertad y la democracia” y que, por consiguiente, debemos suministrarle armas “durante el tiempo que sea necesario”, como dijo el presidente Biden. Cualquiera que se oponga a la ayuda militar a Ucrania se opone a la defensa de la democracia, según esta lógica.

Entonces, ¿dónde está la democracia en la decisión de Volodymyr Zelenski de prohibir los partidos de la oposición, criminalizar a los medios de comunicación de sus oponentes políticos legítimos, encarcelar a su principal rival político, acorralar a sus principales diputados, asaltar iglesias ortodoxas y detener a clérigos?

¿Dónde está la democracia en el encarcelamiento por parte del gobierno ucraniano de Gonzalo Lira, ciudadano estadounidense, por cuestionar el relato oficial de su esfuerzo bélico?

¿Dónde está la democracia en la reciente decisión de Zelenski de suspender las elecciones en 2024 alegando que se ha declarado la ley marcial?

¿Y dónde está la democracia en la reciente decisión de Zelenski de suspender las elecciones en 2024 alegando que se ha declarado la ley marcial? Bueno, parece que la democracia de Ucrania es más difícil de encontrar estos días que al repentinamente discreto comandante en jefe de su ejército, Valeriy Zaluzhny.

El senador Graham ha ofrecido una justificación mucho más desalentadora –y acertada– para suministrar a Ucrania miles de millones en armas. Como alardeó el senador durante una reciente visita a Zelenski en Kiev: “Los rusos están muriendo... es el dinero mejor empleado en nuestra vida”.

Graham, recordemos, también ha dicho que nosotros, Estados Unidos, debemos luchar esta guerra hasta el último ucraniano. Aunque las cifras oficiales de bajas son estrictamente confidenciales, debemos preocuparnos de que Ucrania vaya camino de hacer realidad las fantasías macabras del senador.

Tal y como se quejaba este mes un soldado ucraniano a Vice News, no sabemos “los planes de Zelenski, pero parece que se trata del exterminio de su propia población, de la población preparada para el combate y en edad de trabajar. Eso es todo”.

De hecho, los cementerios militares en Ucrania se están expandiendo casi tan rápidamente como las McMansiones del norte de Virginia y las fincas frente al mar de los ejecutivos de Lockheed Martin, Raytheon y diversos contratistas que se benefician del segundo nivel más alto de gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial.

Estos son los verdaderos ganadores de la guerra subsidiaria de Ucrania. No los ucranianos ni los estadounidenses de a pie. Ni los rusos, ni siquiera los europeos occidentales.

Los ganadores son personas como el secretario de Estado Tony Blinken, que entre las administraciones de Obama y Biden se dedicó a lanzar una empresa de consultoría llamada WestExec Advisors, que se aseguró lucrativos contratos gubernamentales a empresas dedicadas a los servicios de inteligencia y a la industria armamentística. Entre los antiguos socios de Blinken en WestExec Advisors figuran la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, el subdirector de la CIA, David Cohen, la antigua secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, y casi una docena de miembros actuales y antiguos del equipo de seguridad nacional de Biden.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, por su parte, es un antiguo y posiblemente futuro miembro del consejo de Raytheon, y exsocio de la firma de inversión Pine Island Capital, que colabora con WestExec y a la que Blinken ha asesorado.

Mientras tanto, la actual embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, figura como asesora principal en Albright Stonebridge Group, una autodenominada “empresa de diplomacia comercial” que también negocia contratos para el sector de los servicios de inteligencia y la industria armamentística. Esta firma fue fundada por la difunta Madeleine Albright, tristemente célebre por declarar que la muerte de medio millón de niños iraquíes bajo el régimen de sanciones estadounidense “merecía la pena”.

Así, mientras la policía militar arranca de las calles a hombres ucranianos de mediana edad y los envía al frente de batalla, los arquitectos de esta guerra subsidiaria, con conexiones financieras y políticas, planean pasar por la puerta giratoria para cosechar beneficios inimaginables una vez que termine su etapa en la Administración de Biden.

Para ellos, una solución negociada a esta disputa territorial significa el fin de la gallina de los huevos de oro de unos 150.000 millones de dólares en ayuda estadounidense a Ucrania.

Cuando Estados Unidos, miembro permanente de este consejo, ha caído bajo el control de un gobierno que pretende perpetuar una guerra subsidiaria durante “el tiempo que haga falta”, que considera la diplomacia sinónimo de medidas coercitivas unilaterales para “reducir el rublo a escombros”, como ha prometido Biden; cuyos dirigentes subvierten las negociaciones para obtener beneficios mientras se niegan a informar debidamente a sus propios ciudadanos de lo que están pagando, y que empuja a los hijos y hermanos de sus supuestos socios ucranianos a un campo de exterminio para apalear a un rival geopolítico; cuando tanto Zelenski como miembros del Congreso de Estados Unidos solicitan ataques preventivos contra Rusia que contravienen el espíritu del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, este Consejo debe tomar medidas para hacer cumplir dicha Carta.

Los artículos 33 a 38 del Capítulo VI de dicha Carta son claros en cuanto a que el Consejo de Seguridad debe hacer uso de su autoridad para garantizar una solución pacífica del conflicto, en particular cuando amenaza la seguridad internacional. Esto no solo debe aplicarse a Rusia y Ucrania. Este Consejo tiene la obligación de vigilar estrictamente y frenar a Estados Unidos y a la formación militar ilegal conocida como OTAN.

Gracias.

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La intervención original se puede ver aquí. 

Traducción de Paloma Farré.