Más de 800 personas pertenecientes al ámbito académico y expertas en Derecho Internacional, estudios sobre conflictos y estudios sobre genocidio –con reputados estudiosos sobre el Holocausto en la lista– han firmado una declaración, publicada el pasado 15 de octubre, en la que se advierte acerca de “la existencia de un grave riesgo de que se cometa un genocidio en la Franja de Gaza”.

Vistos los argumentos ofrecidos, su preocupación está más que justificada, puesto que son muchas las evidencias que ajustan la actuación de Israel a la definición jurídica de genocidio y crímenes contra la humanidad. Y no se trata de una situación novedosa.

El documento insiste en que “las condiciones preexistentes en la Franja de Gaza ya habían suscitado debates sobre el genocidio antes de la actual escalada”, al menos desde el año 2014, cuando el Asesor Especial de la ONU para la Prevención del Genocidio llamó la atención sobre los discursos de odio que circulaban en las redes sociales israelíes, con un lenguaje claramente racista y deshumanizador hacia la población palestina y entre los que podían encontrarse llamamientos al asesinato. Elementos que impulsan a algunos académicos a hablar de un “genocidio a cámara lenta”.

Las condiciones preexistentes en la Franja de Gaza ya habían suscitado debates sobre el genocidio antes de la actual escalada

Sin embargo, el estallido de violencia iniciado el pasado 7 de octubre con el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel “no tiene precedentes por su escala y gravedad”. Para ejemplificarlo, el manifiesto recoge una serie de declaraciones pronunciadas por altos cargos del Estado de Israel, en las que se anuncia un “asedio total” contra “animales humanos” (Yoav Galant, ministro de Defensa) para los que “no habrá electricidad ni agua, solo destrucción” (Ghassan Alian, Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios). Algo que va más allá de Hamás y apunta directamente a la población civil, puesto que “el énfasis está en el daño y no en la precisión” (Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí). El presidente Benjamín Netanyahu marcó el camino a seguir: “Es toda una nación la que es responsable”.

Para los y las firmantes, palabras como estas reproducen “la retórica y los tropos asociados con el genocidio y la incitación al genocidio”. Además, la propaganda gubernamental está provocando que la escalada de violencia alcance a toda la población palestina en forma de “detenciones, expulsiones y destrucción de comunidades enteras en las zonas ocupadas de Cisjordania y Jerusalén”.

Según la Convención sobre el Genocidio, en su artículo II, “se entenderá por genocidio cualquiera de los actos siguientes cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

(a) Matanzas de miembros del grupo;

(b) Causar lesiones corporales o mentales graves a miembros del grupo;

(c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

(d) Imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

(e) Trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo”.

Resulta innegable que la postura de Israel desde el pasado 7 de octubre cumple, al menos y de forma explícita, las tres primeras condiciones. Realidad que gana en gravedad al recordar que no se trata de algo nuevo, sino que son actos que “resuenan en un discurso israelí más amplio que muestra la intención de eliminación y genocidio contra el pueblo palestino”.

Por todo ello, las personas firmantes recuerdan a todos los países adheridos a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio el artículo I de la misma: “Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que se comprometen a prevenir y a sancionar”. Así, hacen un “llamamiento urgente a los Estados para que adopten medidas concretas y significativas para prevenir individual y colectivamente actos genocidas, en consonancia con su deber legal de prevenir el delito de genocidio”, acompañado de un señalamiento específico hacia Estados Unidos y el Reino Unido por su apoyo a Israel.