Recuerden la escena, tras la ingenua performance del referéndum catalán del 1-O y durante las acometidas policiales, un miembro de la Policía Nacional salta desde una escalera para pisotear con violencia y saña a una señora que había asistido a la convocatoria participativa y a la que habían derribado al suelo. A mí, que estuve en Barcelona ese día y que asistí en directo a una de esas acometidas, todavía me causa escalofríos pensar en ese salto y en esa bota. Hubo muchas más agresiones, pero esa aún me retumba en la memoria.

Hasta 73 policías fueron acusados de violencia excesiva contra los y las participantes del happening otoñal de 2017. 73 policías que también van a ser amnistiados gracias al acuerdo PSOE-Junts-ERC. No sé si el policía que agredió con tanto odio estará entre ellos. De hecho, ni siquiera sé si estuvo imputado o condenado, pero simboliza el gran cortocircuito de humanidad que se produjo ese día en el que Rajoy, Zoido y algunos otros pusieron sus cojones encima de la mesa y decidieron que lo coercitivo, lo violento, era el método más adecuado contra aquellas personas que acudieron a votar. Felipe VI corroboró el 3-O la apuesta por la violencia física contra el pueblo. Algún día le pesará esa decisión.

Por qué no la hicieron antes, durante esos larguísimos seis años, creo que lo ha dejado claro el PSOE, que es quien ha cambiado de posición: necesidad matemática

Seguramente, ese miembro de la Policía Nacional y aquellos policías del “a por ellos” también forman parte del acuerdo liberador que ha permitido que se pueda cumplir con esta legislatura y que en uno de sus párrafos preambulares decía que estaba abordando:

“Un conflicto que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución, dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Y, a pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales, estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto”. Es decir, que los políticos habían decidido hacer política. Por qué no la hicieron antes, durante esos larguísimos seis años, creo que lo ha dejado claro el PSOE, que es quien ha cambiado de posición: necesidad matemática. Antes no necesitaban los votos de Junts, ahora sí. Esa es la excusa para “abrir una nueva etapa” y recuperar el marco político.

El mérito de reabrir el diálogo, el mérito de alcanzar consensos, no es exclusivo de la habilidad política de Sánchez, que también, sino de todas las partes que flexibilizan sus expectativas y se someten a la responsabilidad común. Un acuerdo ennoblece a todos los actores.

Hacer política debe ser un ejercicio cooperativo en el que, de alguna manera, todos ganen algo aún a sabiendas de que hay que contentarse solo con parte de lo pretendido. Por mucho dolor y repugnancia que sintiéramos al ver la agresión policial, es necesario renunciar a la venganza –o a la justicia– contra el agresor por el bien colectivo. Aunque entiendo que esto, quien debería decirlo con razones de peso es la señora agredida.

Hacer política, buscar consensos, incluye asumir renuncias y es racional que así sea. Pero el sencillo hecho de regresar a ese marco ya produce beneficios a la comunidad, como la recuperación de una confianza mutua en la cual los exabruptos y el odio estén fuera de lugar.

Según Jacques Rancière, “la política no tiene nada que ver con la política de los políticos: intrigas palaciegas, negociaciones de despachos, competencia entre partidos por el poder. Es una forma de acción y de subjetivación colectiva que construye un mundo común, en el que se incluye también al enemigo”. Aprender a convivir con el enemigo para convertirlo en simple antagonista es una renuncia aliviadora.

El compromiso que PSOE y Junts adquieren les obliga a mantener durante toda esta legislatura una actitud incluyente

El compromiso que PSOE y Junts –así como todos los partidos que se han postulado a favor de la investidura de Pedro Sánchez– adquieren al llevar al terreno político las pulsiones destructivas, las diferencias o las rupturas, les obliga a mantener durante toda esta legislatura una actitud incluyente de las opiniones de los adversarios constructivos que también quieren hacer política. Señalo lo de “adversarios constructivos” porque en este nuevo terreno de juego dialogante ya hay quienes han decidido excluirse, quienes han decidido aferrarse al enfrentamiento, a la confrontación agresiva y quienes renuncian abiertamente a la posibilidad de lo político. De hecho, ya venían haciéndolo, acorazados en su odio a las personas migrantes, a las personas LGTBI, a nacionalistas, a feministas, etc. Y no hablo solo de Vox.

Este regreso a la búsqueda de consensos y de inclusión del otro condicionará, por tanto, la agenda de los próximos cuatro años: diseño de un nuevo modelo de Estado, derogación de la ley mordaza, políticas laborales que combatan el desempleo y la precariedad, fortalecimiento de la sanidad pública, leyes protectoras de vivienda, leyes de inmigración, urgente reforma judicial, leyes para combatir la emergencia climática y establecimiento definitivo de leyes de igualdad. Casi ná. Puestos a pedir, ojalá también, la revisión de los acuerdos con la Iglesia y una definitiva ley de educación contemporánea.

No se pretende igualar la responsabilidad de los líderes independentistas y de los policías violentos, pero la ley de amnistía pactada les dará el mismo tratamiento absolutorio. El 1-O nos ha puesto en la tesitura de asumir que exculpar tanto a Puigdemont como al policía agresor –uno por alentar al voto y el otro por agresión con ensañamiento– es recuperar la senda de un sistema que se apartó del diálogo entre personas que piensan de manera distinta y que debiera basarse en el reconocimiento de un mundo común del que solo quedan excluidos los discursos que engendran odio, las agresiones, el “a por ellos” y  quienes le dan sentido al mundo a través de la necesidad de enemigos. Recuperar la política debería ayudarnos a construir ese mundo.