Parece que la defensa de los Derechos Humanos no está atravesando su mejor momento en el seno de la Unión Europea. Muestra de ello es el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo que se viene configurando desde hace ya más de tres años y que saldrá adelante antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024.

Es evidente que no corren tiempos fáciles en Europa para negociar un Pacto de Migraciones y Asilo que no esté lastrado por los intereses nacionales de cada Estado. En el actual contexto, el asunto migratorio se ha convertido en una cuestión difícil de gestionar para los gobiernos y una de las causas del auge de los partidos de extrema derecha.

La crisis de las políticas de asilo en Europa viene de lejos. Desde los años 90, la Unión Europea no acierta en poner en marcha un sistema de gobernanza de las migraciones que sea eficiente, eficaz y respetuoso con los Derechos Humanos.

Son muchos y muy diversos los factores que condicionan la gestión de las migraciones en el seno de Europa: los flujos mixtos de migrantes y solicitantes de asilo; las nuevas realidades de las personas solicitantes de asilo, tan diferentes a las que se daban antes de los años 90; la creación del Espacio Schengen y la estrategia para evitar los “movimientos secundarios”; las políticas de inmigración restrictivas, con la ausencia de vías legales para acceder al territorio de la UE; la profunda división entre los países comunitarios; la ola antiinmigración que recorre muchos Estados europeos… Todo ello ha ido reforzando muchos de los ladrillos que hoy se levantan en lo que observamos como la Europa Fortaleza.

El año 2015 supuso un punto de inflexión. Con la llegada de personas huyendo de la guerra de Siria se rompieron las costuras de lo que era en ese momento el Sistema Común Europeo de Asilo (SECA). Es entonces cuando se plantea la necesidad de reformar las políticas de asilo. Será a partir de 2020 cuando se emprenda esa tarea con el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo, compuesto de cinco reglamentos, y que hoy empieza a ver la luz marcado por sombras que no podemos ignorar.

El Pacto, tal y como ahora lo conocemos, es un pacto reaccionario, en un doble sentido. Primero porque, lejos de tomar la iniciativa para dar respuesta a los retos de futuro que plantean los movimientos migratorios globales, se limita a dar una respuesta a corto plazo a lo que ya está sucediendo, levantando murallas físicas, jurídicas y morales. En segundo lugar, porque las medidas contempladas son regresivas, no están orientadas por el respeto de los Derechos Humanos, sino que, con la excusa de proteger a las poblaciones europeas, se desconsidera a los “otros”, convirtiéndoles en enemigos e incitando al odio y al racismo.

Este enfoque en las políticas migratorias refuerza lo que denominamos la “necropolítica”, ya que obvia por completo el establecimiento de vías seguras y legales para poder migrar y criminaliza la acción humanitaria de salvamento de las ONGs en el mar, lo que justifica y refuerza lo que viene ocurriendo desde hace demasiados años en el Mediterráneo (la Organización Internacional para las Migraciones estima que, solo en 2023, han perdido la vida más de 2.000 personas en este mar).

El Pacto está orientado a controlar las fronteras exteriores para que nadie llegue a nuestro territorio

En términos generales, el Pacto está orientado a controlar las fronteras exteriores para que nadie llegue a nuestro territorio, a costa de todo y a cualquier precio.

Para ello, se refuerza la “externalización de las fronteras”, estableciendo acuerdos con terceros países para que eviten que estas personas puedan salir y garanticen los retornos en los casos en que lo acaben consiguiendo. La UE lleva a cabo una cooperación reforzada con terceros países, especialmente en el contexto de las rutas migratorias del continente africano y del Mediterráneo. En este marco de cooperación, se firman acuerdos de readmisión con dichos Estados, así como distintos acuerdos de cooperación técnica que, en muchas ocasiones, condicionan la Ayuda Oficial al Desarrollo a la colaboración en el control de fronteras (para que eviten la salida) y a que acepten los retornos, pervirtiendo así las políticas de cooperación al desarrollo. Un ejemplo claro es la decisión del Consejo Europeo del 7 de octubre de 2021 de suspender temporalmente la aplicación del Código de Visados Schengen a Gambia por no cooperar diligentemente en las operaciones de retorno y readmisión de sus nacionales.

Además, la nueva norma pone en marcha un procedimiento de screening en fronteras (procedimiento rápido de control previo a la entrada, de selección) que no respeta las garantías jurídicas que asisten a estas personas ni su protección, al devolver a las personas solicitantes de asilo a terceros países que violan sistemáticamente los Derechos Humanos.

Asimismo, la resolución de los procedimientos fronterizos de asilo se podrá prolongar durante más de ocho meses. Durante este tiempo, las personas permanecerán retenidas en centros, lo que constituye una nueva violación de sus derechos. En casos de afluencia masiva, el tiempo de retención se puede ampliar y el uso de conceptos indeterminados que se recogen en el Pacto, como “instrumentalización de la migración” o “fuerza mayor”, permiten a los Estados relajar aún más las garantías jurídicas y sus obligaciones en materia de asilo.

Por todo ello, denunciamos que con el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo se acaba erosionado el derecho de asilo y, además, se hace de la “lucha contra la inmigración irregular” también la “lucha contra el asilo”, haciendo saltar por los aires las pocas garantías que hasta ahora formaban parte del consenso y de la legalidad internacional.

Se da la opción a los países que no quieran reubicar migrantes de pagar para eludir el compromiso

Por último, no podemos olvidar que el Pacto pervierte la idea de solidaridad entre los países de la UE para acoger a aquellos solicitantes de asilo que hayan conseguido superar todas las trabas y que podría aliviar la presión sobre los países donde se concentra la gran mayoría de las llegadas. Aunque se establece un número mínimo anual de 30.000 reubicaciones entre los Estados miembros, se da la opción a los países que no quieran reubicar de pagar 20.000 euros para eludir el compromiso que les correspondería. Es la llamada “solidaridad obligatoria”. En realidad, estamos asistiendo a una “mercantilización de la solidaridad”. En cualquier caso, algunos países como Hungría ya han anunciado que no van a respetar el Pacto.

En definitiva, es más que previsible que el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo siga sin resolver la gobernanza de las migraciones y más pronto que tarde se planteen nuevas revisiones del mismo. Es un pacto que no se adelanta a lo que pueda pasar en el futuro con los movimientos de población originados por la crisis climática, conflictos, hambrunas... No tiene en cuenta las necesidades demográficas de los países de la UE ni los intereses de los países de origen. Normaliza hechos que van contra las más elementales normas humanitarias y de respeto a los Derechos Humanos. Con estos mimbres, no parece que la nueva norma sea una respuesta diferente a las deficiencias que demostró la SECA. Es más, estamos seguros de que con estas políticas se “banaliza el mal” y se consolidan, de hecho, las peores prácticas en materia de gestión de flujos migratorios en detrimento de los derechos humanos, la convivencia, la justicia y la solidaridad.

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José Sánchez Sánchez e Irene Águila Rodríguez son coordinadores del área de Migraciones de acciónenred Andalucía.