En 2023 murieron 6.618 personas intentando llegar a España por vía marítima. Eso supone una media de 18 muertes al día, durante 365 días. La cifra coloca a 2023 como el año más mortífero desde que se tienen registros de este tipo, y a la ruta atlántica hacia las Islas Canarias como la región migratoria más letal del mundo.

Estos datos forman parte del informe Derecho a la Vida 2023, elaborado y publicado por Caminando Fronteras. En él, se denuncia la “dinámica de normalización social y política de las muertes y desapariciones en contextos de migración”, que forma parte de la “necropolítica” mediante la cual los gobiernos occidentales deciden quién debe morir y qué muertes son asumibles.

Una de las conclusiones más destacables tiene que ver con la omisión del deber de socorro, que se presenta como una práctica que se repite sistemáticamente. De hecho, las autoras definen esta negligencia como un “protocolo” y un “instrumento clave en el control migratorio”. El análisis de las políticas fronterizas detecta un aumento de los llamados “métodos de búsqueda pasivos”, cuya efectividad es menor, “en detrimento de la activación de medios para labores de rescate”.

Esta decisión denota un desprecio hacia la vida de las personas migrantes que queda corroborado por el hecho de que, en “muchas de las tragedias documentadas”, las partidas de búsqueda y rescate ni siquiera se activaron o, si lo hicieron, fue con una demora que aumentó el riesgo de las personas en el mar.

La externalización de fronteras es uno de los elementos que están provocando esta catástrofe humanitaria

Caminando Fronteras señala directamente a la externalización de fronteras como uno de los elementos que están provocando esta catástrofe humanitaria. Además, el desglose que ofrece el documento sobre los principales problemas de cada una de las rutas marítimas ayuda a entender el asunto en lo concreto. Por ejemplo, en el caso de la ruta de Agadir a Dajla, se explica que España ha continuado en 2023 con su política de reconocimiento de la soberanía marroquí en ciertas zonas marítimas que históricamente eran responsabilidad de la administración española, con el objetivo de deshacerse de la obligación de rescate.

Por un lado, esto permite a Marruecos instrumentalizar la vida de estas personas en situación de máxima vulnerabilidad y utilizarlas para sus intereses políticos. Por el otro, provoca que la primera respuesta de Salvamento Marítimo ante una situación de rescate en estas aguas sea intentar que Marruecos se haga cargo de ello, lo que conlleva demoras y afecta directamente al derecho a la vida de las personas migrantes. “En muchas de las situaciones monitoreadas por nuestro Observatorio de Derechos Humanos, el reino alauita no tenía medios para afrontar los rescates, o incluso no había voluntad para proteger la vida de las personas migrantes”, afirma el informe.

La ruta que tiene como origen Senegal se cobró en 2023 3.176 víctimas mortales, casi la mitad del total de personas que murieron en su tránsito hacia España. En el apartado dedicado a esta región, queda bien plasmado que el Norte global no solo es culpable de diversas negligencias en términos de control migratorio que cuestan miles de vidas, sino que la necesidad de huir de países como Senegal también tiene su origen en las políticas occidentales. El Estado africano vive una situación de gran convulsión sociopolítica que obliga a muchísimas personas a huir en busca de una vida mejor, provocada en parte por un “empobrecimiento del país” causado porque “la pesca cada vez está más esquilmada por las multinacionales francesas y los barcos atuneros españoles”.

Los datos que ofrece el informe se complementan con múltiples testimonios que muestran el dolor ante la pasividad de unos Estados que, teniendo la posibilidad de evitar miles de muertes, prefieren usar a las personas que cruzan la frontera “como instrumento de negociación en intereses políticos entre países”.