¿Quién no quiere una factoría en la que se invertirán 800 millones de euros (buena parte de ellos de los fondos Next Generation, porque será una industria verde y sostenible), que generará 2.500 puestos de trabajo en un territorio de esos que llaman vaciados, y que además producirá algo tan innovador como tejidos de origen vegetal? Como era de esperar, los partidos sistémicos, las entidades oficiales (empezando por la Xunta de Galicia y el Gobierno de España y acabando por los ayuntamientos afectados) aplauden la iniciativa. A diario, algún representante de cualquiera de ellos remite a la prensa mainstream (y el medio la difunde como se merece) una buena nueva sobre el proyecto ¿Alguien se opone? Pues sí. No es una pequeña aldea gala quien resiste, sino un conjunto de vecinos de la zona afectada, agrupados en la plataforma Ulloa Viva y respaldados por grupos ecologistas, que consideran que el proyecto es una macrocelulosa.

El lugar donde se ubicará la factoría es, oficialmente, la comarca de A Ulloa, con cabecera en Palas de Rei (Lugo). Es la zona central de Galicia, donde se unen las provincias de Lugo, A Coruña, Pontevedra y casi la de Ourense, y los últimos años ha prosperado la denominación, entre la ironía y Tolkien, de Terra do Medio. Un territorio que atraviesa el camino de Santiago, poco poblado, como todo el interior de Galicia, pero de importante presente y mejor futuro para la agroganadería. Como en la Tierra Media original, no podía faltar un Sauron. Apareció en abril de 2022, con el nombre de Proyecto Gama. Lo presentaba el grupo portugués Altri, apadrinado por la consultoría española Acento Public Affairs.

Altri tiene una larga tradición en Portugal como impulsor de plantaciones de eucaliptos y su conversión en pasta para papel

Altri tiene una larga tradición en el país vecino como impulsor de plantaciones de eucaliptos y su conversión en pasta para papel. Posee tres factorías y gestiona unas 70.000 hectáreas plantadas con esta especie. Tiene también numerosas multas por contaminar el río Tajo, cuyas aguas necesita para sus actividades (retengan lo del agua). En Galicia, prevé consumir 1,2 millones de toneladas de eucalipto. “Todos conocemos lo bien que arde este monocultivo, y en Portugal, por este motivo, vivieron en 2017 unos devastadores incendios que provocaron 66 muertos y centenares de heridos, lo que determinó que se decretase una moratoria para plantarlos”, dice Marta Gontá, portavoz de Ulloa Viva. En Galicia existe también (hasta 2025) la prohibición de plantar esta especie en terrenos agrarios o pinares, pero basta con recorrer con regularidad la principal vía de comunicación, la Autopista del Atlántico, para comprobar que, si la norma existe, no se cumple. (En su momento, la división de medios de comunicación de Altri, Cofina –cinco periódicos, nueve revistas y un canal de televisión, todos de marcado carácter sensacionalista–, se había segregado de la matriz. Desde noviembre pasado, lleva por nombre Medialivre y el accionista principal se llama Cristiano Ronaldo).

Acento (que se define como firma de consultoría supraespecializada en asuntos públicos) es una sociedad fundada por un originario de A Ulloa, el exministro de Fomento en el Gobierno Zapatero y exeurodiputado del PSOE José Blanco (al que nadie, dicho sea de paso, ha llamado nunca en Galicia Pepiño y sí Blanquito en sus años de dirigente juvenil). En menos de lo que dura una eurolegislatura, Acento se ha convertido en el mayor lobby –si tal figura estuviese regularizada en España– por sus aciertos empresariales. Sobre todo por los de su departamento de recursos humanos, que se ha especializado en captar a una serie de personas excluidas, de una u otra forma, de los pesares de la alta política. Desde su presidente, Alfonso Alonso (exministro de Sanidad con Mariano Rajoy), hasta Elena Valenciano (exvicesecretaria general del PSOE), pasando por Valeriano Gómez (exministro socialista de Trabajo), Elena Pisonero (ex secretaria de Estado de Economía con José María Aznar), José María Lassalle (ex secretario de Estado de Cultura en los dos gobiernos de Mariano Rajoy), sin descuidar el sector de la Defensa (el teniente general Ignacio Bengoechea) y la cantera (Esteban González Guitart, hijo de Esteban González Pons). A este círculo selecto es al que estaba llamado el exministro de Unidas Podemos, Alberto Garzón, que renunció ante las críticas recibidas.

Con este padrinazgo es lógico que en diciembre de 2022 la Xunta de Galicia lo declarase Proyecto Industrial Estratégico, lo que le permitía agilizar los trámites administrativos. Tanto que los documentos en los que se basaba la declaración se elaboraron al año siguiente. A pesar de las facilidades, el proceso fue un tanto tortuoso. Las solicitudes para la imprescindible captación de agua se presentaron en las tres provincias afectadas en fechas muy dispares, con muchos meses de diferencia. Y cuando la información pública sobre procedimiento ambiental y solicitud de concesión para una captación de aguas salió en el Diario Oficial de Galicia (DOG), ya en diciembre de 2023, la empresa solicitante había cambiado. Ya no era Altri, sino Greenfiber, participada por la pastera portuguesa y por Greenalia, una compañía de energías renovables (que había fichado poco antes como directora de estrategia y desarrollo corporativo a Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente). La Xunta le quitó importancia al cambio de titularidad del proyecto porque Greenfiber era “una sociedad mercantil experta y especializada en la fabricación de fibras textiles a base de celulosa soluble de eucalipto”, a pesar de que se había constituido el año anterior, y no había ejecutado ningún proyecto.

Si los trámites administrativos seguían un curso sinuoso, las altas gestiones sobre lo que oficialmente se denominaba “fábrica de fibras sostenibles” discurrían como un torrente, y con una colaboración entre administraciones de uno y otro signo inédita en la España actual, ajena incluso a la agitada época preelectoral que atravesaba Galicia. A pesar de que Altri achacó en su día el retraso en la instalación “a la inestabilidad política en España”, hasta tres ministros –Reyes Maroto, Héctor Gómez y Jordi Hereu– realizaron gestiones para incluir el proyecto en los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de la UE. El anterior responsable de Industria, Héctor Gómez, viajó a Lisboa para entrevistarse con los directivos del grupo portugués. El actual, Jordi Hereu, aseguró el pasado febrero en el Senado que procederán a tramitarlo. Cierto es que primero habían optado por acogerse al PERTE de Economía Circular y ahora, según Hereu, al de descarbonización. Los fondos previstos para este PERTE son 3.100 millones de euros, y Altri-Greenfiber solicita 250 millones, el 8% del total.

El alcalde de Palas de Rei recibe los currículos de los que optan a trabajar en la futura factoría y, según Ulloa Viva, identifica en el registro a los vecinos que han presentado alegaciones

También la administración local aporta su esfuerzo. El alcalde de Palas de Rei (Lugo, PP) es quien recibe los currículos de los que optan a trabajar en la futura factoría y, según Ulloa Viva, se dedica a identificar en el registro a los vecinos que han presentado alegaciones. En Agolada (Pontevedra, alcalde trumpista que se ofreció voluntario a luchar en Ucrania, y no fue) no admitían alegaciones ni daban información. Muchos vecinos fueron al municipio próximo de Santiso (A Coruña, BNG) para presentarlas. A toda esa demostración de fuerza económica e institucional se opone Ulloa Viva, una plataforma en la que figuran personas a título individual y asociaciones, desde vecinales a musicales o culturales. Tienen el apoyo de dos organizaciones ecologistas (ADEGA y Ecologistas en Acción) y del Sindicato Labrego Galego. Algo tan precario que incluso facilitan el móvil de la tesorera para recibir fondos por bizum.

“Hace dos años empezamos a ver en medios de comunicación lo que nos vendían como una fábrica de telas, de fibra textil, eco, bio, y no sé cuántas cosas más. Con el tiempo, el eco y el bio no aparecían por ninguna parte. Así que nos organizamos y convocamos a las administraciones y a la empresa para que nos explicaran exactamente en qué consistía el proyecto”, recuerda Marta Gontá. “Al primer encuentro sólo vino el Concello de Palas, ni la Xunta ni Altri. En el segundo ya ni apareció el Concello, pero expertos en el sector industrial y ecológico nos alertaron de que todo apuntaba a que lo que se quería hacer en Palas era una macrocelulosa. La más grande de Europa, 360 hectáreas, diez veces la de Ence en Pontevedra”. En Galicia los efectos de una factoría de celulosa son conocidos por la imparable eucaliptización, sobre todo por los vecinos de Pontevedra, en donde está situada. La concesión de la contestada instalación finalizaba en 2018, pero Mariano Rajoy (pontevedrés residente en Madrid) prorrogó la concesión hasta 2073 cuando ya estaba de presidente en funciones.

El problema de la calidad de las aguas del Ulla no es solo local, el río desemboca en la ría de Arousa, una de las zonas marisqueras más ricas

Entre los meandros de los trámites y en su letra pequeña, no en la información que deberían facilitar las administraciones, los vecinos afectados fueron descubriendo la profundidad real del Proyecto Gama. La fibra innovadora (lyocell) constituiría únicamente el 20% de la producción total, y el grueso, 400.000 toneladas, sería de pasta de celulosa. Pero lo que más impactó fue la información pública sobre las necesidades de agua del complejo, 46 millones de litros al día, una cantidad superior a la que consumen todos los habitantes de la provincia de Lugo. En una de las dosis diarias de tranquilizante mediático, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez (natural también de la zona), aseguró que Altri tendrá todos los filtros “habidos y por haber” y que el agua se captará del embalse de Portodemouros “y el 75% de la que consuman volverá a verterse en el río Ulla incluso en mejores condiciones de las que tenía”.

Las alegaciones presentadas por Adega señalan que el agua del embalse tiene un exceso anormal de nutrientes, que se refleja cada año en el crecimiento de cianobacterias. “La realidad demuestra ya que todos los usos y demandas de la cuenca del río Ulla repercuten directamente sobre la calidad de las aguas, y si no fue posible mejorar su estado hasta ahora, detraer caudales degradará mucho más la cuenca”. Marta Gontán lo expresa de otra forma: “Captan 46 millones de litros y devuelven 30. ¿Y el tratamiento químico al que han sido sometidos? ¿Y los 16 millones de diferencia que se detraen del sistema fluvial no importan? ¿Qué pasa si hay sequía?”. El problema de la calidad de las aguas del Ulla no es únicamente local, el río desemboca en la ría de Arousa, una de las zonas marisqueras más ricas de Galicia. También es un problema la calidad del aire. El Proyecto Gama reconoce que arrojará a la atmósfera “azufre reducido total, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado”, pero que eso no constituirá problema porque la “chimenea tendrá una altura suficiente para la dispersión atmosférica”.

A la par que crecía la desconfianza de los habitantes de la Tierra Media sobre los beneficios de vivir al lado de un polígono industrial y en medio de un eucaliptal, decrecía el cebo de los puestos de trabajo prometidos. En marzo de 2023, la Xunta (el entonces vicepresidente y hoy diputado en Madrid, Francisco Conde) mantenía en sede parlamentaria el mantra de los 2.500 puestos. En octubre, en un viaje a Lugo, Pepe Blanco los rebajó a 1.500. Un mes más tarde, el director del proyecto, Bruno Dapena, hablaba, en declaraciones a los medios, de 500 empleos. Ahora, en la letra pequeña del DOG viene que la empresa prevé tratamiento de aguas sanitarias en la fábrica para 200 personas (se supone que toda la plantilla hace uso de ese servicio). Esas cifras son más acordes con el personal total que tiene Altri en Portugal, en sus oficinas centrales y en sus servicios de gestión forestal y en sus tres factorías de celulosa: 816 trabajadores.

En marzo de 2023, la Xunta hablaba de 2.500 puestos de trabajo. En octubre, Pepe Blanco los rebajó a 1.500. La empresa prevé tratamiento de aguas sanitarias para 200 personas

“¿Y si esos 250 millones de euros se invirtiesen en proyectos de economía de la zona no se generaría más riqueza, más empleos y más sostenibilidad?”, se pregunta Gontá. “¿No pensaron en los puestos de trabajo que pueden desaparecer en la Ría de Arousa si todavía se les agrava más la contaminación de las aguas; o qué va a pasar con las explotaciones agrarias y ganaderas? ¿Cuál creen que va a ser el efecto sobre la reputación de la denominación de origen Queso Arzúa-Ulloa, que es la primera de España de vacuno en volumen de ventas, pero sobre la que impactarán directamente los efectos dos gases emitidos por una chimenea de 75 metros en un radio de 30 kilómetros?”.

Paradójicamente, esta misma semana se ha hecho público (pero poco) que la multinacional gallega Inditex realizará una fuerte inversión en la empresa finlandesa de fibras innovadoras Infinited Fiber, que pondrá en marcha la primera factoría circular europea de “infinna”, una fibra parecida al algodón, a base de celulosa, que se elabora a partir de ropa usada. Nadie es profeta en su tierra.