Tablas y un mar de dudas. El Alto Tribunal de Inglaterra y Gales ha pronunciado este 26 de marzo un veredicto sobre el recurso de apelación que presentó Julian Assange que no deja ganadores ni perdedores definitivos. Al fundador de WikiLeaks le reconoce el derecho a recurrir puntos legales de la sentencia favorable a su extradición a Estados Unidos, contraviniendo una orden anterior que quiso dar carpetazo a la vía de las revisiones judiciales en Reino Unido. Pero la Corte ofrece al mismo tiempo otra oportunidad a Washington y Londres para que impidan la celebración del juicio de apelación en suelo británico.

“La decisión deja en el limbo a Julian Assange y a todos los defensores de la libertad de prensa”, admitió Simon Crowher, director legal de Amnistía Internacional. El exdirector de WikiLeaks ve aplazada su expulsión del Reino Unido para ser juzgado en el estado de Virginia por 18 imputaciones relacionadas con la obtención y difusión de documentos que desvelan abusos y crímenes de guerra por parte de operativos y mandos estadounidenses.

Assange seguirá confinado en una celda de la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh

Pero, por el momento, Assange seguirá confinado en una celda de la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, sin cargos pendientes, a la espera de la resolución del procedimiento. Este abril cumplirá cinco años en prisión provisional, que se añaden a los siete que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

“Julian es un preso político. Jamás debería haber cumplido un solo día en prisión, es una vergüenza para cualquier democracia”, protestó su mujer, madre de sus dos hijos pequeños y asesora legal, Stella Assange.

La abogada acudió al juzgado flanqueada por el equipo de WikiLeaks –su actual director, Kristinn Hrafnsson, y el ‘embajador’ Joseph Farrell– y la letrada australiana Jennifer Robinson. “Este caso es una advertencia para todos vosotros: si exponéis los intereses que lideran la guerra, irán a por vosotros, os encarcelarán e intentarán asesinaros”, dijo a los periodistas que aguardaban la decisión judicial.

Formaban una masa más numerosa que los cientos de políticos, activistas y simpatizantes que participaron en la protesta de solidaridad con Assange y en defensa de la libertad de expresión durante las últimas dos jornadas de vistas orales, el 20 y 21 de febrero.

La resolución de los jueces –la presidenta Victoria Sharp y Jeremy Johnson– admite como debatibles en apelación tres de los nueve puntos argumentados por la defensa del australiano. La decisión implica que “no será extraditado inmediatamente” y podrá recurrir la extradición en un nuevo juicio si Washington no cumple las condiciones impuestas por ambos magistrados este 26 de marzo.

El Gobierno estadounidense tiene tres semanas de plazo para presentar garantías

El Gobierno estadounidense tiene tres semanas de plazo para presentar garantías sobre tres aspectos cruciales para la defensa del exdirector de la plataforma digital: que tenga asegurado el amparo de la Primera Enmienda constitucional en protección de la libertad de expresión; que su condición de ciudadano extranjero no resulte un factor discriminatorio durante un eventual juicio ni en las consideraciones sobre la sentencia; y que no haya margen posible de que sea condenado a la pena capital.

Sin estas promesas diplomáticas, el Alto Tribunal dará luz verde a un juicio de apelación contra la extradición basado principalmente en estos mismos puntos. Si, por el contrario, el Gobierno de Estados Unidos ofrece “garantías satisfactorias” en el plazo acordado, se celebrará una vista en la que ambas partes disputarán el alcance, significado y credibilidad de la disposición remitida por el Gobierno de Joe Biden.

Aitor Martínez, abogado de Assange en España, explica que “es incomprensible que el tribunal habilite un plazo para que Estados Unidos pueda aportar unas garantías que jamás ha aportado después de años de extradición. Cualquier garantía que dé ahora estará sometida a las fluctuaciones de las elecciones estadounidenses, donde un nuevo gobierno podría heredar y desatender esas garantías”.

El experto en Derecho Constitucional, que dirige la querella de la trama de espionaje en posible interés de Estados Unidos montada en torno al australiano en la embajada de Ecuador, considera que la decisión de la jueza Sharp genera “dudas enormes”. Las garantías diplomáticas las ofrecen los gobiernos en representación del Estado, pero, cuestiona Martínez, “¿puede un Gobierno garantizar una decisión judicial?”. La separación de poderes permite suponer que el Ejecutivo carece de competencias para imponer a un tribunal que aplique o no la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La Administración norteamericana ya ofreció garantías que le aseguraron la victoria en la apelación anterior, cuando estaba en liza la salud mental y la supervivencia de Assange en el sistema penitenciario aplicado a los sospechosos y convictos de delitos contra la seguridad nacional. Washington prometió entonces atención médica y un régimen penal apropiado antes y después de ser juzgado por prácticas periodísticas bajo la Ley de Espionaje de 1917 y pirateo informático.

Será prácticamente imposible que jueces británicos cuestionen la integridad de garantías dadas por EEUU

Ahora se ve ante una tesitura de mayor calado y difícil compromiso, según fuentes legales. En contrapartida, también será prácticamente imposible que jueces británicos cuestionen la integridad de garantías dadas por Estados Unidos, pese a los precedentes en la Unión Europea. “Hemos argumentado repetidamente que las garantías diplomáticas entregadas por Estados Unidos en otras extradiciones con países europeos fueron violadas cuando el extraditable se encontraba en suelo norteamericano”, advierte Aitor Martínez.

Rebecca Vincent, directora de campañas de Reporteros Sin Fronteras, tiene la “esperanza” de que Assange obtenga justicia “finalmente en Reino Unido”, pese a la posibilidad de que Estados Unidos cierre la vía del recurso. “Mientras, sigue detenido en la prisión de máxima seguridad, donde su salud física y mental corre un grave riesgo. No solo su destino, sino el futuro del periodismo está en juego con el peligroso precedente que se establecería si se convierte en el primer editor extraditado y juzgado bajo la Ley de Espionaje”, declaró la veterana periodista de RSF, antes de remarcar que “nadie ha de afrontar la posibilidad de cadena perpetua por publicaciones de interés público”. Vincent urge al Gobierno de Rishi Sunak a “proteger la libertad de prensa impidiendo la extradición de Assange y permitiendo su excarcelación inmediata”.