Según el décimo informe La privatización sanitaria de las CC.AA., realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) con datos del Ministerio de Sanidad, del Instituto Nacional de Estadística, del Barómetro Sanitario y de la Fundación IDIS, la Comunidad de Madrid repite un año más como la región con la sanidad más privatizada de toda España, seguida de Baleares, que durante 2023 adelantó a Cataluña.

La federación señala que la privatización del sistema sanitario se ha extendido a todo el modelo nacional de salud, y tiene una intensidad variable según las CC.AA., dependiente, de forma significativa, del partido en el gobierno de la región. Las privatizaciones fueron creciendo a partir de la descentralización de las competencias en Sanidad del gobierno central y las transferencias a las comunidades, proceso que culminó en 2001, durante el primer gobierno Aznar, y se han acentuado en gran medida aprovechando los recortes durante la Gran Recesión (2008) y las grandes inversiones en salud de la pandemia (2020). 

Con respecto al resto de integrantes de la OCDE, los datos proporcionados por la Fundación IDIS indican que España es el tercer país que más invirtió en sanidad privada en 2023. El gasto sanitario privado alcanzó los 36.805 millones de euros (3,1% del PIB), únicamente superado por Suiza (3,6%) y Portugal (4,1%). Si a esto se suman los conciertos y externalizaciones, la cifra asciende a un 3,81% del PIB.  

El estudio evalúa aspectos relacionados con los porcentaje de población total que, estando cubierta por las Mutualidades de Funcionarios, elige la atención sanitaria por seguros privados, la financiación privada (tanto en seguros sanitarios como en gasto per cápita), los recursos y utilización del sector privado y el porcentaje de gasto sanitario público dedicado en exclusiva a la contratación de centros privados, así como el uso de fórmulas de colaboración público-privadas establecidas en cada comunidad autónoma. 

El informe refleja que tres de las cuatro comunidades con mayores niveles de privatización en 2024 ya se situaban en estas posiciones en 2014, solo que en puestos diferentes, con la excepción de la Comunidad de Madrid, que siempre ha encabezado la lista desde el inicio.  

La inversión en los conciertos por comunidad alcanzó el 6,31% del gasto sanitario. Sin embargo, en Madrid esta cifra alcanzó el 12,3% y en Catalunya el 22,6%. Mientras que en el caso de Castilla y León se quedó en el 2,9% y La Rioja en el 3,4%. De media, el 18,76% de las camas hospitalarias del Estado están en centros privados, aunque Canarias (33,19%), Cantabria (31,98%) y Madrid (30,2%) casi duplican estas cifras. En el extremo contrario se sitúan La Rioja (4,83%), Extremadura (5,07%) y Castilla-La Mancha (6,01%). Además, el estudio muestra que el 24,75% de la población utilizó las consultas de médico de cabecera en el sector privado como su primera opción. Por comunidades, Catalunya (33%), Andalucía (31,9%) y Castilla-La Mancha (30%) fueron las regiones en las que más se optó por la atención primaria privada.  

El estudio muestra además la cuantía que destinó cada ciudadano a contratar seguros privados, que en 2024 aumentó hasta los 178,52 euros de media, con grandes diferencias dependiendo de la región. Mientras los madrileños dedicaron 362 euros, los baleares 312 y los catalanes 294 de media. Por el contrario, los navarros apenas desembolsaron 104 euros, los murcianos, 108, y los cántabros, 109. El documento también menciona los denominados “gastos de bolsillo”, aquellos que no cubre la sanidad pública como el dentista o, en muchos casos, el psicólogo, y que de media alcanzaron los 504,23 euros. 

La FADSP subraya que el aumento de la inversión y de los seguros privados va unido a una mayor desigualdad, debido a la incapacidad de acceso de las personas con menos recursos. Eso, junto al aumento de la derivación de la financiación pública hacia el sector privado, produce un incremento de la mortalidad evitable, y debido, en gran medida, a la desfinanciación de los centros públicos. El estudio advierte que la falta de transparencia es uno de los grandes déficits del sistema sanitario, por lo que es complicado obtener datos exactos de las distintas administraciones y más aún si se pretende realizar un análisis homogéneo para todas las CC.AA.