La arquitectura institucional en España lleva tiempo tensionada y sujeta a amplias polémicas que en parte tienen su origen en una abundante colonización de los dos principales partidos políticos, PP y PSOE.

Pero de todos los poderes del Estado, el que protagoniza más noticias inquietantes, en un sistema democrático donde debe primar el imperio de la ley y no la arbitrariedad, es el que proviene de un cierto sector de la judicatura. Para entender qué está pasando, es necesario situar históricamente el papel de este estamento en los últimos casi 90 años, pues algo de lo que sucede ahora tiene su base en lo que hace un largo tiempo acontecía en dos sectores muy importantes, tanto el ya mencionado como el militar.

El general Franco, tras el golpe de Estado y la rebelión que provocó una guerra, se hizo con todo el poder en España mediante la implicación y participación del ejército. Los militares secundaron la desobediencia y deslealtad a su juramento de acatar las leyes (a diferencia de algunos generales leales de la Guardia Civil). Pero después, sería otro estamento, el judicial, el que tomaría el relevo.

Puede observarse con claridad la implicación de una judicatura bastante ideologizada en gran parte del largo franquismo

La represión durante los años siguientes se asentó no solo en purgas profesionales y laborales, sino también en sentencias dictadas de aquella manera en procesos sumarísimos, disponiendo con saña sobre la libertad y la vida de miles y miles de españoles y sus familias. Solo por sus ideas, millares de españoles padecieron sufrimiento y penalidades.

Tras más de “veinte años de paz”, según la propaganda, seguían aplicando leyes dictadas en tiempo de guerra, con intervención de tribunales militares y criterios más políticos que de justicia. La parodia de cómo se actuó contra el líder comunista Julián Grimau en 1963 fue una evidencia de lo que eran aquellos procesos injustos. En este caso se le aplicarían leyes dictadas para el tiempo de guerra y todo el tribunal, así como el fiscal y la defensa llevaban durante la pantomima de juicio vestimentas militares, incluso el sable, a pesar de los 24 años transcurridos desde el final de la guerra.

En ese tiempo, se reforzaría el peso de la judicatura como armazón del régimen. En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público como órgano represor por excelencia, que estaría operativo hasta el 4 de enero de 1977, fecha en la que se creó la Audiencia Nacional, lo cual evidencia que esta era en origen un órgano excepcional, que luego fue rellenado con más competencias penales e incluso contencioso administrativas.

La transición al sistema democrático fue, una vez pasado el 23F, más intensa en el ámbito militar que en el judicial

Así, puede observarse con claridad la implicación de una judicatura bastante ideologizada en gran parte del largo franquismo. Pero hay un elemento que debe destacarse respecto al otro estamento mencionado al principio. Me refiero al militar y aquí debo subrayar que la transición y la asunción plena del sistema democrático fue, una vez pasadas las conspiraciones golpistas y particularmente el 23F de 1981, más intensa en el ámbito militar que en el judicial.

La firmeza personal de Leopoldo Calvo Sotelo recurriendo el muy benévolo fallo del Consejo Supremo de Tribunal Militar y el buen hacer de los primeros gobiernos socialistas en Defensa hicieron que se impusiera en el ámbito castrense la sumisión al poder civil democrático. También la primacía absoluta de las leyes de las Cortes. En cambio, en el mundo de los togados, esa transición hacía la aceptación rotunda de los principios democráticos, y lo que suponía una ley democrática por encima de sus ideologías, quedaría, en no pocos casos, bajo la toga.

En una primera regulación del CGPJ, la UCD, como partido de derechas, haría que todos sus miembros de origen judicial perteneciesen por ley a la asociación gremial más conservadora, la Asociación Profesional de la Magistratura, entonces la única existente. Tras su configuración constitucional como “Poder”, los integrantes del órgano han ido olvidando lo que son para los ciudadanos: un servicio público.

Desde entonces, varios de esos jueces, y progresivamente más, se han empoderado en su entogamiento sacerdotal y no son sino reflejo de la evolución social y política en este país. Eran patéticas las fotos saliendo a protestar, con sus togas y puñetas, contra una ley del Parlamento, la de amnistía. Durante bastantes años, el Partido Popular representaba las concepciones ideológicas predominantes de este estamento, una fuerza política entonces de centroderecha aunque en su seno cohabitaban, prudentes en esa época, los sectores más derechistas y nostálgicos de los principios de la dictadura.

El surgimiento de Vox, su implantación en el Congreso, su presencia en muchas comunidades autónomas y con abundantes pactos con un PP más ultra, hicieron que no pocos de esos jueces bastante derechizados fueran saliendo del armario y mostrándose sin temor tal cual eran. El Tribunal Constitucional (fueron muy disparatadas las sentencias dando la razón a Vox sobre el estado de alarma durante la pandemia de covid) contribuyó, igual que otras instancias, a blanquearlos.

El surgimiento de Vox hizo que no pocos de esos jueces derechizados fueran saliendo del armario

El resurgimiento de un sector judicial minoritario pero muy ideologizado y empoderado es evidente. Ahí se produce un hecho que dio alas a sujetos que pasaron de ser –o aparentar ser– conservadores, a manifestarse y ejercer su jurisdicción con la línea dura de la ultraderecha. Me refiero, como también hace Joaquín Urías en su último libro La justicia en el banquillo (2024), a lo que supuso que el poder político en tiempos de Rajoy delegase el asunto del procés catalán en los tribunales, dándole un tratamiento netamente criminalizado.

A ello se sumaron con fervor los togados fiscales del Tribunal Supremo (conocidos como la banda de los cuatro), amantes de los masajes periodísticos inmundos. Pese a estos, la Sala II no tuvo más remedio que absolver a los procesados por una rebelión inexistente –lo contrario habría sido más que disparatado–, pero hizo un retorcimiento grave tanto de los hechos como de las leyes para conseguir unas condenas muy altas por otros delitos. El entusiasmo y aliento de la derecha mediática, política y social era indescriptible y contagioso en otras señorías. Junto a esto, debe recordarse la actuación, que más que judicial fue inquisitorial, contra dirigentes de Podemos en varios juzgados (y el juez Escalonilla sigue siendo juez), manteniendo vivos veinte procesos donde no había nada de nada, pero que los medios agitaban.

Manuel Marchena ha recibido, tras su papel militante en el juicio contra los independentistas, muy numerosos premios

En cualquier asunto con trasfondo político, ahí está la judicatura para dejar su sello, en no pocas ocasiones haciendo pinza con ciertos medios de comunicación. Esto sucede claramente en la instancia penal, pero también en el ámbito contencioso administrativo. Se han visto sentencias donde se transparenta la ideología muy de derechas en asuntos como el cambio de nombres de calles, manteniendo el de personas participantes en el golpe de Estado de 1936, revocando nombramientos del Gobierno o, como hace días, rechazando el Tribunal Superior de Valencia que la Delegación de Gobierno luzca en fachada una tela arco iris igual que hay centenares en España.

Pero quien marcó tendencia de esta línea ha sido el presidente de la Sala II, Manuel Marchena, que ejerce amplia influencia e incluso seducción en sus compañeros de Sala y que ha recibido, tras su papel militante en el juicio contra los independentistas, muy numerosos premios de entidades como colegios de abogados, procuradores, periódicos, etc, lo cual es un aplauso por lo que políticamente representa.

Otro también bastante premiado, con generosas conferencias de grandes empresas, es el juez Llarena, cuya carrera judicial estaba ya marcada por sus mentores, particularmente Marchena. Tras ser portavoz de la muy conservadora APM, pasaría en 2013 a ser su presidente. Dos años después dejaría el cargo para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo por el CGPJ, el mismo que antes le hizo presidente de la Audiencia de Barcelona. Podríamos preguntarnos si hubiera alcanzado tales dignidades si no fuese miembro destacado de la asociación gremial de derechas.

Además, siendo recién llegado al TS, fue elegido para llevar el asunto de los independentistas, cosa que incumplió las reglas de designaciones de juez instructor. Desde allí, su actuación merece un claro suspenso, pues si no hubiese imputado por rebelión, el asunto hubiera correspondido al Tribunal Superior de Cataluña, no al Supremo (así lo quiso). Además, sus varias órdenes de detención giradas a países de la UE han sido un total fracaso, pues ni Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia ni el Tribunal de la UE han accedido a sus pretensiones. Tal ridículo evidencia la poca confianza de los tribunales europeos en la Judicatura española.

La última del Alto Tribunal ha sido erigirse por encima de la ley soberana y democrática. Como no les gusta políticamente la amnistía aprobada por ley de las Cortes, en lugar de aplicarla, la cuestionan y desprecian lo que dictó la representación del pueblo español que son las Cortes Generales.

Es una pena que existiendo tantos jueces honestos y profesionales, una minoría esté provocando tal desprestigio de la Administración de Justicia.