Las patatas llegan de Israel, las judías de Marruecos y España exporta cerdos a China. Es la globalización alimentaria, pero un buen retrato de lo que significan los mercados globalizados lo encontramos en el atún. Tres ejemplos recientes.

China es propietaria de la mayor flota industrial de alta mar, tanto en número de buques como en volumen de pescado capturado, pero, como denuncia la organización española de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), “la Unión Europea debería poner fin a su indiferencia ante la violación de los derechos humanos que ocurren a bordo de los buques de pesca chinos”. Y lo exigen en base al reciente informe “Marea de injusticia” de la ONG británica Environmental Justice Foundation (EJF) que ha analizado su actividad específicamente en el suroeste del Océano Índico, frente a Kenia, Tanzania y Mozambique, donde surcan 95 atuneros enarbolando la bandera de esta potencia. Pues bien, la mitad de ellos están involucrados en pesca ilegal y/o abusos de los derechos humanos de la tripulación (violencia física y sexual, confiscación de la documentación, horas extras excesivas, retención de salarios, condiciones de vida y de trabajo abusivas, servidumbre por deudas, etc.). Tomando el caso de Mozambique, hablamos también de una presión sobre la población de atunes que ha provocado al menos un 30% del descenso de las capturas artesanales en los últimos 25 años, complicando mucho tanto la alimentación como la economía de un país que posee la cuarta costa más extensa de toda África. Y la denuncia de esta organización española llega porque la mayoría de estos buques están autorizados para exportar sus capturas hacia la Unión Europea, provocando la tan repetida ‘competencia desleal’. En concreto, de las tres empresas que controlan estos buques denunciados, una de ellas, Zhejiang Ocean Family Co., Ltd. (ZOF), según el informe, parece que ha vendido lomos de atún a grandes empresas españolas como el Grupo Frinsa, que enlata marca blanca para Carrefour, Alcampo o Lidl; también a Jealsa, con su marca Rianxeira; o a Hijos de Carlos Albo, con su marca Albo.

Si bien se le pide a la Unión Europea que tome cartas en el asunto, son sus propias políticas las que en base a tratados de libre comercio, acuerdos de protección de inversiones, tribunales internacionales de arbitraje y otras medidas legislativas, las que han hecho posible que algunas de estas mismas empresas y otras multinacionales pesquen atún en Centroamérica, que luego exportarán a España, mermando los recursos que deberían satisfacer las necesidades de la población local. La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, con su informe El Impacto De Las Empresas Españolas Pesqueras En Centroamérica, analiza y denuncia la presencia y actividad de Jealsa y Nueva Pescanova en Guatemala y la de Calvo en El Salvador.

Por último, cuando parece que es necesario traer atún de cualquier lugar del mundo, en Catalunya los pescadores de sardinas de la Costa Brava explican que “los atunes se han convertido en una plaga, son el equivalente a los jabalís en la tierra”, lo que les genera dos problemas. Primero, porque comen sardinas, muchas, y segundo porque tienen que devolver al agua los atunes que accidentalmente caen en sus redes de pesca, ya muertos, porque están protegidos y no los pueden vender.

¿Pueden las administraciones regular lo que hacen o dejan de hacer los barcos industriales en alta mar, invisibles a todos? ¿Podemos pedirles a los atunes que solo se dejen pescar allí donde está permitido? ¿Las multinacionales, y sus fondos de inversión, tendrán el detalle de tener en cuenta las prioridades y la soberanía de las poblaciones dónde ellas pescan a sus anchas? Hay quien piensa que sí, que la globalización es gobernable, incluso bajo el paradigma del libre mercado, y proponen nuevas normativas muy bien pensadas y razonables. Hay quien piensa que la respuesta es radicalmente diferente. A desglobalizar, a desglobalizar que el océano es de nosotros y no del que tenga más.