A la atención de la Mesa del Congreso de los Diputados

Francina Armengol Socias

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis

José Antonio Bermúdez de Castro Fernández

Esther Gil de Reboleño Lastortres

Marta González Vázquez

Gerardo Pisarello Prados

Isaura Leal Fernández

Guillermo Mariscal Anaya

Carmen Navarro Lacoba

La plataforma cívica Acción contra el Odio (ACO) solicita a sus señorías, como órgano rector y de representación colegiada del Congreso de los Diputados, que revisen con carácter de urgencia los criterios de acreditación de periodistas a la Cámara Baja para dar así cumplimiento a una de las máximas de una democracia de calidad: el derecho a la información veraz de la ciudadanía. 

La presencia como periodista acreditado en el Congreso del señor Vito Zoppellari Quiles (Vito Quiles), jefe de prensa de facto del señor Luis Pérez Fernández (Alvise Pérez) –líder de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta y diputado del Parlamento Europeo–, y número 57 de la lista electoral de su formación en las últimas elecciones europeas, supone una anomalía institucional y un ataque directo a las buenas prácticas periodísticas.

La actuación diaria del señor Zopellari demuestra que actúa como un agitador político y no como un periodista, pues difunde bulos y mentiras a sabiendas en sus intervenciones, y practica un acoso y un matonismo que nada tienen que ver con el derecho a la información. La libertad de prensa no incluye la libertad de bulos ni la de acosar físicamente a los diputados.

El Sr. Zopellari tiene derecho a militar en el partido que quiera, faltaría más, e incluso a defender su repugnante propaganda fascista, pero al hacerlo bajo el aval de periodista acreditado por la sede de la soberanía popular, y desde la misma sala de prensa del Congreso, la institución está renunciando a su obligación moral de promover una información de calidad y un periodismo ético y veraz, que promueva los valores democráticos y los derechos humanos.  

La plataforma Acción contra el Odio (ACO), fundada gracias al apoyo de más de 1.700 ciudadanas y ciudadanos, se suma por tanto a la petición que ya realizó en junio de este año la Asociación de Periodistas Parlamentarios a la Cámara y las propias quejas formuladas en la junta de portavoces del Congreso. 

Señorías, es un deber constitucional salvaguardar la información veraz y la ética periodística. Ustedes representan a los ciudadanos que les han dado sus votos. Protejan a los profesionales de la prensa y a los ciudadanos de los bulos, el odio, el matonismo y el intrusismo profesional.