De un tiempo a esta parte, parece inevitable no hablar del ascenso de la extrema derecha y de la perplejidad e inquietud que nos genera el hecho de que haya tanta gente de toda condición que les apoya. Esta deriva política nos preocupa, entre otras razones, porque pueda poner en peligro los Derechos Humanos como la gran palanca que ha hecho avanzar a nuestras sociedades. Desde la Declaración Universal en 1948, hemos asistido a una revolución de los derechos humanos que se ha plasmado tanto en instrumentos jurídicos a nivel internacional (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de Ginebra, …) como también porque muchos Estados los han integrado en sus sistemas jurídicos. 

Sin embargo, debido a la deriva autoritaria que se va abriendo camino en nuestras sociedades, consideramos importante reflexionar sobre dos riesgos que constituyen el debilitamiento de los Derechos Humanos como punto de partida:

El primero tiene que ver con el marco común que crearon los Derechos Humanos, configurando algo similar a una moral universal y por tanto como espacio para denunciar cualquier tipo de violación ejercida sobre las personas en cualquier lugar del mundo. En este sentido, son la base de la idea de una humanidad compartida. Por primera vez, tras la Segunda Guerra Mundial, a los individuos (independientemente de su raza, religión, género…) se les garantizaron unos derechos que podían oponerse a las leyes estatales injustas u otros usos opresivos que pudieran estar sufriendo. 

En la actualidad, esto se está rompiendo. Porque, al ya tradicional cuestionamiento de los Derechos Humanos como algo exclusivamente occidental por parte de los llamados defensores de los “valores asiáticos” que cuestionan la universalidad de los mismos, se unen ahora también a este ataque sectores políticos desde occidente que defienden posiciones iliberales. Desde 1948, los Derechos Humanos han sido un límite a las dinámicas de exclusión que acompañan a los Estados nación; ahora, sin embargo, existe una tensión entre estos y los nacionalismos. 

Un fenómeno que se está potenciando por la polarización política y por el surgimiento de múltiples burbujas autorreferenciales que hacen imposible el entendimiento en nuestras sociedades. Resulta paradójico que una época globalizada vaya acompañada de una especie de multiculturalismo duro, pero no basado tanto en diferencias étnicas o culturales, sino en mundos paralelos. Los Derechos Humanos parecen incompatibles con este escenario.

El segundo riesgo sobre el que nos gustaría detenernos está relacionado con la mirada que se está imponiendo sobre las personas migrantes. Si actualmente hay algún sujeto al que no se respetan sus derechos, su dignidad, son las personas migrantes, especialmente aquellas que están en situación de irregularidad y ocupan los sectores más precarizados y vulnerables de nuestras sociedades. Y si hay un espacio físico en el que no se respetan los Derechos Humanos son las fronteras. 

Las personas indocumentadas presionan a favor de un derecho a la movilidad y al derecho a tener derechos (que tan importante ha sido para los derechos humanos). Aunque el derecho a migrar sólo está reconocido para salir de tu país (derecho a emigrar) y no para entrar en otro (derecho a inmigrar). Sin embargo, sí existe este derecho cuando están en juego los derechos humanos. Es la base sobre la que reposa el derecho de asilo. Esto es lo que está en peligro con el reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo y otras posturas políticas comunitarias, como el respaldo de Ursula von der Leyen a la expulsión a terceros países de demandantes de asilo.

¿Por qué el rechazo de las personas migrantes es un elemento común a toda la extrema derecha?

El miedo inducido al inmigrante se expresa de muchas maneras. La idea de invasión, de reemplazo, entre otras, forman parte del imaginario de sectores amplios de la sociedad. Las personas migrantes son un foco sobre el que se proyecta el malestar de la vulnerabilidad social (causado en gran medida por la debilidad del Estado de bienestar) y son la válvula de escape de la ansiedad por la incertidumbre ante el futuro que atraviesa actualmente a gran parte de la sociedad. En este contexto, agitar el miedo “al otro” es un recurso fácil que suele funcionar, porque conecta con ciertas reacciones primarias, instintivas, que forman parte de nuestro carácter evolutivo, atavismos, y que nos predisponen a ello, ligados a la adaptación y la necesidad de supervivencia que nos lleva a procurar nuestro interés y el del grupo al que pertenecemos frente “al otro”. Son los huecos que dejan estos miedos y malestares por donde entra la extrema derecha, que ha sabido catapultarlos hasta convertirlos en hegemónicos. 

Si el miedo es el vínculo de la comunidad (el nuevo contrato), la acogida es imposible. Las personas migrantes son como una especie de virus frente al cual hay que inmunizarse. La protección frente al contagio cierra el “nosotros”. Así, la frontera se vuelve el dique inmunitario indispensable. Por ello, los muros/fronteras no se construyen contra otros Estados o ejércitos invasores sino contra agentes transnacionales no estatales: especialmente los migrantes. De ahí, la importancia simbólica que los Estados conceden al control de las mismas.

Los Derechos Humanos han sido el gran avance para erradicar y no admitir situaciones de esclavitud, racismo u otras basadas en la jerarquía de los seres humanos. Por eso, si dejamos de aplicarlos a determinados grupos de seres humanos estamos abriendo la puerta a quebrar el principio de igualdad, de universalidad de los derechos y de igual dignidad de las personas y preparando el terreno para posteriores violaciones de las que nadie quedará exento. Por ello, como afirma Donatella Di Cesare, el inmigrante, paradójicamente, es la oportunidad de abrir la comunidad, de salvarnos, de deshacer la inmunidad. 

En el actual contexto, se pone mucho el acento en las aportaciones que los inmigrantes hacen a la economía, a rejuvenecer nuestras sociedades… pero apenas se resalta que también contribuyen a mejorar nuestras sociedades y la calidad de la democracia. La integración de las personas migrantes nos plantea retos que, bien resueltos, nos hacen avanzar, ser más tolerantes, aceptar mejor la pluralidad, ser una sociedad más abierta, más inclusiva. En definitiva, ampliar el “nosotros” extendiendo el círculo social, reduciendo la exclusión y ganando en igualdad y derechos. Los debates sobre una ciudadanía basada en la residencia o el voto en las elecciones municipales, son un ejemplo de ello. 

La ciudadanía es un concepto que ha ido evolucionando, y en las últimas décadas lo ha hecho a mejor bajo el influjo tanto de la UE como de la inmigración. La influencia de la UE, por una parte, con sus normas supranacionales basadas en los Derechos Humanos, han obligado a los Estados a respetar los derechos de los individuos tanto nacionales (ejemplo de los desahucios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  ha dictaminado varias sentencias que daban un varapalo a la legislación hipotecaria española) como de las personas migrantes (Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares), limitando las prerrogativas de los Estados cuando están en juego derechos fundamentales. 

Por otra parte, la influencia de la inmigración confirma una cierta continuidad histórica y es que la extensión de la ciudadanía se debe en parte a las exigencias de las poblaciones excluidas, antes obreros y mujeres, y ahora el reto lo plantean las personas migrantes. Así, la creciente tolerancia hacia la doble nacionalidad, de cada vez más países, bien puede entenderse como parte de una ampliación de derechos para la ciudadanía y para las personas extranjeras naturalizadas. Por ello, es importante afirmar que el avance en los derechos de las personas migrantes nos hace avanzar en derechos a todos y a todas. 

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José Sánchez Sánchez e Irene Águila Rodríguez son miembros del Área Andaluza de Migraciones. Acción en Red Andalucía.