Felipe González ha decidido abandonar el Consejo de Administración de Gas Natural porque, en sus propias palabras, se aburre. Muy aburrido hay que estar para renunciar a un sueldo de 125.000 euros anuales, que es lo que cobra el expresidente del Gobierno por asistir a una reunión al mes como consejero de la empresa energética. La actitud displicente del exlíder del PSOE es una muestra de lo alejadas que las élites están del ciudadano de a pie y de la nula preocupación de muchos políticos por los conflictos de intereses entre sus actividades públicas y privadas. ¿Qué pensarían los miles de pequeños accionistas de Gas Natural al oír que uno de los consejeros de la compañía se aburre en las reuniones? ¿Y los ciudadanos, que prácticamente no tienen otra opción a la hora de contratar el suministro de gas y que pagan por él una fortuna?

Por la prensa nos enteramos en 2013 de que Felipe González era, además, asesor de la presidencia de la empresa tecnológica Indra, que un día fue completamente pública y cuya privatización se inició, precisamente, con él al frente del Gobierno. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene aún una participación del 20 por ciento en la compañía, heredada del desastre de Bankia.

González ha sacado un buen rendimiento de su relación con Indra. El político sevillano compró en 2011 un 10 por ciento de la pequeña empresa tecnológica Oyauri Investment, en la que trabajaba su hijo Pablo González Romero, por un precio simbólico de 376 euros. Poco después, cuando Indra compró una participación del 33 por ciento de Oyauri por 1,5 millones de euros, Felipe González vio multiplicada por mil su inversión. En solo un mes, su parte del capital pasó a valer 310.000 euros.

En abril de 2013 Indra anunció que había adquirido el 100 por ciento de las acciones de Oyauri sin pagar ni un euro, pero haciéndose cargo de toda la deuda de la empresa. En esa deuda figuraba un préstamo de alrededor de un millón de euros concedido de su propio bolsillo por el expresidente del Gobierno, que se aseguró así la recuperación de su dinero. Tras la integración de Oyauri en Indra, Pablo González Romero acabó incorporándose a la plantilla de esta última con un contrato blindado y una jugosa indemnización en caso de despido.

A José María Aznar tampoco le va mal en el mundo de los negocios. Un político con una agenda como la suya abre muchas puertas y consigue que ministros y altos cargos reciban a representantes de empresas interesadas en hacerse con suculentos contratos. El expresidente del Gobierno es asesor externo de la presidencia de Endesa, y por ello recibe una retribución de 200.000 euros al año. Es también consejero del grupo de comunicación News Corporation, propiedad del magnate Rupert Murdoch, donde gana una cantidad similar. Además da clases en la Universidad de Georgetown y en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), asesora al Consejo Atlántico y preside la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), un centro de estudios vinculado al PP. Como conferenciante, cobra entre 25.000 y 40.000 dólares por intervención, según la página web del Washington Speaker Bureau, una empresa de contratación de figuras de la política, el deporte y la motivación que tiene a Aznar en su catálogo de expertos. Los honorarios del expresidente corresponden a la tarifa 5, la segunda más cara de la lista.

Gracias a eldiario.es supimos que Aznar también se gana la vida como comisionista y que sus tentáculos llegaban hasta la Libia de Muamar al-Gaddafi. Según desveló el periódico, Aznar firmó en 2010 un contrato de intermediación con Befesa, entonces filial de la multinacional sevillana Abengoa dedicada a la construcción de obras públicas medioambientales. La compañía española contrató al expresidente del Gobierno como intermediario para lograr la adjudicación de cuatro grandes plantas desaladoras que quería construir el gobierno libio a un coste de 950 millones de euros. El contrato firmado por Befesa y Aznar definía al expresidente como “una persona con reputada experiencia en el mercado internacional y en particular en el libio”, que cuenta con “conocimiento de las instituciones públicas, así como de la legislación reguladora de las ofertas, programas de promoción público-privada y concursos públicos”. Hablando en plata: Aznar podía conseguir los contratos gracias a su buena relación con Gaddafi, labrada en su época de presidente del Gobierno. Befesa se comprometía a pagar a Aznar una comisión del 1 por ciento hasta que la cifra de los contratos adjudicados llegase a los 250 millones. A partir de esa cifra la comisión se reduciría al 0,5 por ciento. En total, si Befesa hubiera conseguido los 950 millones de euros por las adjudicaciones a las que aspiraba, Aznar habría cobrado una comisión de 6 millones de euros. La operación finalmente no salió adelante debido al estallido de la insurrección que acabaría derrocando al líder libio.

Aznar, azote del terrorismo de ETA, no dudó entonces en salir en defensa de Gaddafi, que trató de masacrar a su propia población y cuyos servicios secretos ordenaron cometer en 1988 el atentado de Lockerbie (Escocia), en el que murieron 270 personas. El presidente de honor del PP fue uno de los pocos líderes europeos que se opuso a la intervención militar internacional contra el dictador libio, argumentando que era “muy difícil entender una política que deja que los amigos caigan y que los enemigos permanezcan en el poder”.

Felipe González y José María Aznar no son los únicos políticos que han utilizado las puertas giratorias para ganar un buen dinero. Trabajar para la empresa privada ha permitido a muchos hacerse millonarios o disfrutar de unos sueldos que nunca tuvieron mientras ejercían la función pública. Los ejemplos son muy numerosos. Quien fuera número dos de González en el Gobierno entre 1991 y 1995, Narcís Serra, presidió Caixa Catalunya y posteriormente CatalunyaBank, con los desastrosos resultados ya conocidos. El político socialista y varias decenas de sus colaboradores están imputados por otorgarse a sí mismos salarios desproporcionados mientras la entidad se iba a pique por culpa de los créditos concedidos a promotores inmobiliarios en plena burbuja del ladrillo. Serra, que no tenía labores ejecutivas sino exclusivamente representativas, se duplicó el sueldo al final de su mandato, cuando era evidente que la entidad atravesaba un momento crítico. El político catalán ganó unos 250.000 euros anuales entre 2007 y 2010 contando salario y dietas.

Tres exministros de Economía —los socialistas Pedro Solbes y Elena Salgado y el popular Rodrigo Rato— trabajan en grandes compañías como consejeros o asesores con sueldos anuales de seis cifras. Se trata en todos los casos de empresas que operan en mercados regulados, en los que la acción de las autoridades es decisiva para la rentabilidad del negocio. Solbes es consejero de Enel, la compañía semipública italiana que compró la eléctrica española Endesa en 2009 tras unas rocambolescas negociaciones cargadas de intereses políticos. La sucesora de Solbes en el cargo, Elena Salgado, es precisamente consejera de Chilectra, filial de Endesa.

El sector energético se lleva la palma como refugio de altos cargos, sin importar colores o ideologías. Casi medio centenar de políticos y familiares están en nómina de empresas del sector. El Consejo de Administración de Endesa tuvo entre sus miembros a Luis de Guindos hasta que este fue nombrado ministro de Economía por Mariano Rajoy. Sigue siendo consejero de Endesa el expolítico catalán Miquel Roca Junyent, un personaje que da la impresión de estar en todos lados cuando se trata de ejercer influencia y ganar dinero.

En el Consejo de Administración de Enagás, participada en un 5 por ciento por el Estado, hay tantos militantes del Partido Popular que la empresa podría celebrar sus reuniones en la calle de Génova. De los dieciséis consejeros de la sociedad, cinco son cercanos al partido en el poder: Antonio Hernández Mancha, Ana Palacio, Isabel Tocino, Gonzalo Solana (presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia entre 2000 y 2005) y Luis Valero (exdirector general de Industria y de la Pyme). Ninguno de ellos es especialista en energía ni tiene experiencia en la gestión de empresas.

Ángel Acebes, uno de los colaboradores más cercanos de Aznar cuando este fue presidente del Gobierno, se sienta en el Consejo de Administración de Iberdrola desde abril de 2012. Como destaca la propia empresa en su página web, “su amplia carrera política le reporta un conocimiento extenso en el ámbito regulatorio, así como sobre el funcionamiento de las instituciones públicas”. Además de ministro de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior, Acebes fue secretario general del PP, senador y diputado nacional. En octubre de 2014 fue imputado por su presunta relación en la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B del partido durante su época como secretario general en la calle de Génova. Al concluir el año la causa fue archivada.

La empresa semipública Red Eléctrica Española (REE) tiene como presidente a José Folgado, que fue secretario de Estado en varios gobiernos de José María Aznar y alcalde de Tres Cantos (Madrid) por el Partido Popular. En el Consejo de Administración se sentaba hasta octubre de 2014 el economista Juan Iranzo, muy cercano al PP e implicado en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. A punto estuvo de entrar en el máximo órgano de gobierno de la compañía Ignacio López del Hierro, esposo de la secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Llegó a ser nombrado, pero renunció al puesto poco después ante el escándalo suscitado.

López del Hierro sí continuaba a finales de 2014 como consejero de Iberdrola Energía, puesto para el que fue nombrado tan solo seis meses después de que el PP ganase las elecciones. También se sienta en los órganos de dirección de Iberdrola Inmobiliaria, de Iberdrola Ingeniería y Construcción y del gestor de infraestructuras Itínere.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, es otro usuario destacado de las puertas giratorias. Fue secretario de Estado de Defensa en la primera legislatura de José María Aznar; y en la segunda, secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior y secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tras la derrota electoral del PP en 2004, Morenés volvió al sector privado. Al llegar el gobierno de Mariano Rajoy, era director general de la empresa de misiles MBDA y presidente de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, una de las encargadas de proteger a los pescadores españoles que faenan en el océano Índico. Las dos compañías tenían en esos momentos firmados contratos de suministro con el Ministerio de Defensa. Anteriormente, durante cuatro años, Morenés fue consejero de Instalaza, principal fabricante español de bombas de racimo.

Objetivo: estar a bien con los políticos

Para justificar el fichaje de políticos las empresas suelen argumentar que se trata de personas de experiencia y criterio, pero en realidad no se les contrata por su competencia profesional o su conocimiento técnico del sector en cuestión, sino por sus contactos, su dominio de los resortes del poder o simplemente por su mera pertenencia a una casta dominante que no suele dejar tirados a sus miembros. Solo así puede explicarse que Rato, una de las figuras más representativas del desastre económico español, haya trabajado como asesor de Telefónica, del Banco Santander y de Caixabank. Para estas empresas no debe de ser plato de buen gusto tener en sus filas a un personaje con una imagen tan deteriorada ante la opinión pública —y sus propios clientes—, pero los favores hay que devolverlos. Tras el estallido del escándalo de las tarjetas black, el Santander decidió cortar por lo sano y no solo despidió a Rato, sino que eliminó de un plumazo el consejo asesor al que este pertenecía. Tras su accidentada salida de Bankia, Rato entró en Telefónica como miembro de los consejos asesores de la compañía en Europa y América Latina, cargos sin dedicación exclusiva por los que cobra 200.000 euros anuales en cada uno. Se da la circunstancia de que el político popular era ministro de Economía cuando César Alierta fue nombrado presidente de Telefónica en el año 2000 en sustitución de Juan Villalonga, compañero de estudios de José María Aznar en el colegio del Pilar.

Rato no es el único sapo que se ha tenido que tragar Telefónica, la empresa que mejor desempeña el papel de solucionador de problemas para el gobierno de turno. La multinacional de las telecomunicaciones contrató en 2009 a Iñaki Urdangarín como delegado en Estados Unidos, un cargo por el que el marido de la infanta Cristina percibió 1,5 millones de euros anuales. La empresa pagaba aparte los gastos de alquiler de la casa, los billetes de avión entre Washington y Madrid y parte de la escolta que protegía a la familia. Telefónica, que tiene en su Consejo a Fernando de Almansa, exjefe de la Casa del Rey, llegó incluso a pagar la defensa legal del duque de Palma cuando estalló el caso Nóos. No fue hasta el verano de 2012 cuando el propio Urdangarín solicitó una «excedencia temporal» a la empresa y dejó su puesto en la capital de Estados Unidos y en los consejos de Telefónica Internacional y Telefónica Brasil. En la sede de la compañía respiraron, sin duda, aliviados.

Un caso peculiar es el de Javier de Paz, quien fuera presidente de Juventudes Socialistas, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE e íntimo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. De Paz entró en el Consejo de Administración de Telefónica en 2007, con Zapatero en el poder, y ahí sigue. Fue presidente de la empresa de atención al cliente Atento durante cuatro años, hasta 2012, cuando Telefónica vendió su filial a Bain Capital. Desde septiembre de 2014 preside otra filial, Telefónica Gestión de Servicios Compartidos (Tgestiona), y además es consejero de Telefónica Brasil y Telefónica Argentina.

Eduardo Zaplana fichó por Telefónica en 2008. Exalcalde de Benidorm, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro, el político popular dejó su puesto de consejero en Telefónica Europa en 2013, pero sigue en nómina de la multinacional española como “adjunto a la secretaria general técnica adjunta a la presidencia”. No acaban ahí los vínculos de Telefónica con el poder político. Iván Rosa Vallejo, abogado y esposo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entró en marzo de 2012 en el gabinete jurídico de la compañía.

El fallecido Emilio Botín fue siempre un maestro a la hora de atraer a políticos de uno y otro signo hacia el Banco Santander, en cuyo Consejo de Administración se sientan exministros y exsecretarios de Estado de gobiernos del postfranquismo, UCD, PSOE y PP. Matías Rodríguez Inciarte fue ministro de la Presidencia con Leopoldo Calvo Sotelo; Guillermo de la Dehesa, secretario de Estado de Economía con Felipe González. Junto a ellos se sienta Isabel Tocino, ministra de Agricultura con José María Aznar, y Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, que fue ministro de Hacienda y vicepresidente con el gobierno de Carlos Arias Navarro.

Botín definió una vez a Rato como “el mejor ministro de Economía que ha tenido la democracia española”, un calificativo que también ha utilizado Luis de Guindos, que trabajó con él en los gobiernos de Aznar. Por grave que sea la implicación de quien fuera vicepresidente económico del Gobierno en el escándalo de las tarjetas black, peor es si se confirma el conflicto de intereses en que pudo incurrir durante su época al frente de Bankia. La Fiscalía Anticorrupción, concretamente, investiga los 6 millones de euros que Rato recibió del banco Lazard en 2011. El fiscal sospecha que Rato tenía interés en beneficiar a esa entidad —en la que trabajó entre 2008 y 2009, tras dejar el FMI y antes de presidir Bankia— para poder cobrar ese dinero en forma de opciones sobre acciones que vencían ese mismo año. El exdirigente del PP ocultó a Bankia esa relación con Lazard en los informes de gobierno corporativo que la entidad enviaba a la CNMV. Lazard, cuyo presidente en España es Jaime Castellanos, íntimo amigo de Rato, cobró casi 8 millones de euros de Caja Madrid por asesorar su fusión con Bankia, colaborar en la salida a bolsa de esta última y servicios adicionales. En marzo de 2012, cuando Bankia estaba ya al borde del precipicio, Rato firmó con Lazard un nuevo contrato de 10,6 millones de euros para que el banco de inversión encontrase una entidad con la que fusionarse. Al llegar a la presidencia de Bankia, una de las primeras decisiones de su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, fue rescindir dicho contrato.

La contratación de políticos, expolíticos y familiares en las grandes empresas muestra el afán de los altos ejecutivos por estar a bien con el poder, ya sea con los actuales gobernantes, los pasados o los futuros. El fenómeno de las puertas giratorias se da con más frecuencia en mercados como la energía, la banca, las telecomunicaciones o la asistencia sanitaria, en los que la cuenta de resultados de una empresa depende en buena parte de la regulación y la supervisión del Gobierno. Cualquier decisión en esta materia puede suponer decenas o centenares de millones de euros de beneficios o pérdidas. Es un fenómeno que no solo se da en España: el alemán Gerhard Schröder fichó por Gazprom tan solo semanas después de que el gobierno que presidía llegase a un acuerdo de aprovisionamiento de gas con la empresa rusa.

La facilidad con que los políticos cruzan la línea divisoria entre el sector público y el privado ha hecho sonar las alarmas fuera de nuestras fronteras. Un informe sobre España elaborado por el organismo del Consejo de Europa encargado de prevenir la corrupción mostró en enero de 2014 su preocupación ante el hecho de que “un parlamentario pueda usar su posición para asegurarse el empleo en una empresa privada una vez que deja el cargo”. Para evitar más abusos en la utilización de las puertas giratorias, el informe insta a las autoridades a reforzar las incompatibilidades posteriores al mandato de los diputados y senadores. 

Extracto del libro Capitalismo a la española (capítulo VI), que publica esta semana La Esfera de los Libros.

Juan Pedro Velázquez-Gaztelu es periodista. Ha sido corresponsal en Washington y Nueva York para la Agencia Efe. Trabajó en El País más de diez años y en 2014 se integró en el equipo de la revista Alternativas Económicas. Este es su primer libro.