El ático de González no es realmente un ático, es un dúplex con una terraza privilegiada de 238 metros cuadrados. Todo un lujo que ha tenido un doble precio: los 770.000 euros que Jaime Ignacio González y su mujer Lourdes desembolsaron por el inmueble, y la carrera política del “pájaro”, como le apodaron los policías que le investigaron. La vivienda, que suma 495 metros cuadrados, dispone de tres baños y un aseo, cuatro desagües que desembocan en una cloaca que ha acabado con tragarse a González, una burda metáfora de esta historia que entremezcla los sumideros más peligrosos, donde policías, políticos, jueces y testaferros juegan su papel. Este es el recorrido de las aguas fecales del ático 11.

Acto primero. El desagüe del testaferro. Quién le iba a decir al mexicano Rudy Valner Sod, de 55 años, que iba a ser un tipo famoso en España. Con un par de llamadas telefónicas desde Los Ángeles (EE.UU.), decidió comprar el ático 11 de la urbanización Alhambra del Golf, en Estepona (Málaga). Como señal, el 31 de marzo de 2008, hizo una transferencia de 100.000 dólares desde un depósito que tenía en el US Bank, un depósito que gestiona fondos de varios clientes. El vendedor fue el empresario vasco Francisco Javier Villate Pérez que, con ciertos apuros económicos, decidió rebajar el precio del dúplex en 250.000 euros. Un mes y medio después, el 12 de mayo de 2008, Rudy oficializó en una notaría madrileña la compra de la casa. Una semana antes, el 5 de mayo, había hecho otra transferencia de 650.000 euros para completar el pago de la casa desde la misma entidad financiera, el US Bank, pero en esta ocasión desde una cuenta distinta, la 153458023980, a nombre de Coast Investors LLC.

Coast Investors LLC. Un nombre cualquiera. Suena bien. Rudy había creado esta sociedad semanas antes, el 19 de marzo de 2008. La domicilió en el Estado de Delaware (EE.UU.), que tiene más empresas que habitantes. Rudy se autonombró gerente y se hizo con el 1% de las participaciones. El resto de acciones fue a parar a otra empresa, Waldorf Overseas Investments, radicada en Panamá, el país con más ratio de abogados por habitante. Esta firma había sido constituida a su vez por un famoso bufete, Mossack & Fonseca. Tan famosos que la agencia antidroga estadounidense, la DEA, les investigó por colaborar en actividades de blanqueo procedentes del tráfico de drogas. Pero no todas sus actividades rayan lo delictivo. Mossack & Fonseca también patrocinó el Festival del Cine de Panamá, al que es asiduo el empresario y presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo. Para rizar más el rizo, Waldorf, creada en el año 2000, tiene a su vez otras dos empresas administradoras: Dulcan INC y Winsley INC, una especie de testaferros jurídicos, ya que la legislación panameña obliga a disponer del aval de dos sociedades que ya operen en el país para constituir otra sociedad. Para que el lector no se pierda: el testaferro Rudy crea una empresa en EE.UU. que cuelga de otra empresa de Panamá que tiene a su vez otros dos testaferros jurídicos.

El 10 de junio de 2008, Lourdes Cavero Mestre, esposa de Ignacio González, puso sus ojos en el casoplón de Rudy. Suscribió un contrato de alquiler con Coast Investors por 2.000 euros al mes. Un chollo para los precios de la zona. María Luisa Barrie López, la comercial de una inmobiliaria que trabaja en la zona, ya le había mostrado el piso un par de veces semanas antes. El matrimonio González Cavero disfrutó de su nido de veraneo, tranquilos, durante cuatro canículas, ajenos a que la maquinaria del Estado había empezado a moverse, lenta pero inexorable. En marzo de 2012, el diario El Mundo destapó el caso: González, servidor público, con unos ingresos fiscalizados, tiene un ‘apartamentazo’ en la mejor zona de Estepona. 

No queda más remedio. Hay que hacer el paripé. El matrimonio González Cavero compró el piso a Coast Investors el 18 de diciembre de 2012 por 770.000 euros. No solo la casa, también tres plazas de garaje y tres trasteros. La pareja pagó en una sola transferencia 741.100 euros. Pero solo hay que rascar para que la verdad asome. ¿A quién han comprado el piso, ese mismo que llevaban alquilando cuatro años? A una empresa sin sede, radicada en un territorio con atributos propios de un paraíso fiscal, sin empleados, sin actividad comercial y financiera, que se creó exclusivamente para comprar el dúplex, y que quedó inactiva legalmente el 19 de julio de 2010, lo que, según la legislación de Delaware, la dejaba sin competencias para vender el piso dos años después. Ignacio González, licenciado en Derecho, no se enteró de nada.

Y no queda otra. Hay que construir una coartada. Hacen falta las facturas del alquiler. Coast Investors tenía 14, con una numeración correlativa, lo que demuestra que la empresa no tenía otra actividad porque no emitió más facturas. Son trimestrales, comprendidas entre el 11 de julio de 2008 y el 1 de octubre de 2011. Legamente, las facturas no son válidas, porque deben numerarse en cada ejercicio contable. Tampoco están selladas ni rubricadas. Además, hay un detalle peculiar, una especie de defecto tipográfico que revela que las facturas se han podido confeccionar todas a la vez, con un corta-pega: no hay espacio entre la “C/” y la palabra que le sigue “Hoces” donde se indica el domicilio de la pagadora, Lourdes Cavero.

Más chapuzas, porque la prisa es mala consejera. Cuando Rudy compró el piso en mayo de 2008, no inscribió la finca en el Registro de la Propiedad de Estepona, pese a que el notario que intervino sí remitió las escrituras. Tenía 10 días para hacerlo, pero nunca ejecutó este trámite. Lo hace cuatro años después, el 28 de junio de 2012, alegando que en 2008 había perdido su NIE (número de identificación fiscal), algo imposible porque solicitó su NIE en el Consulado de España en Los Ángeles el 2 de abril de 2012, cuando el caso ya se ha destapado en la prensa. Otro indicio, el Impuesto sobre la Renta del No Residente (al que están sujetas todas las empresas no residentes en España que tengan bienes en nuestro país). Coast Investors lo paga precipitadamente el 17 de septiembre de 2012. “Está claro que las cuestiones registrales sólo cobran importancia en este caso cuando los hechos ya habían sido denunciados y sus autores sintieron la necesidad acuciante de tener que acreditar formalmente la documentación que legalmente debe acompañar a la operación de compraventa para darle la apariencia de una operación regular”, señala un abogado de la acusación.

Acto segundo. El desagüe policial. En julio de 2011, Miguel Ángel Fernández Chico, entonces número 1 de la Policía, recibió en su despacho al comisario de Marbella, Agapito Hermés de Dios. En el encuentro había un tercer policía, un comisario conocido en todo el cuerpo, José ‘Pepe’ Villarejo, compañero de promoción de Agapito. Fernández Chico y Villarejo le dicen que hay que investigar discretamente a Ignacio González. Su nombre se ha relacionado con la trama Gürtel y un pelotazo urbanístico en Arganda del Rey. Todo procede de una delación, al parecer de dos enviados de un ex diputado autonómico del PP, imputado en la trama por cobrar comisiones, que aseguran que González también se llevó su ‘mordida’. El dúplex de Estepona es el pago. Agapito no debe informar a nadie de sus pesquisas, solo a Fernández Chico y Villarejo.

En Marbella, Agapito se rodeó de un equipo reducido. El 14 de agosto de 2011, David, el portero de la urbanización, contó a los agentes que el piso pertenece a Ignacio González. También lo afirmaron Pedro e Isabel, empleados de la gestoría Golf Valley Administraciones, responsable de la urbanización La Alhambra. Días después, son apartados de sus funciones. Alguien filtró a González que había policías preguntando por su piso. Estrella, presidenta esos meses de la comunidad de vecinos, explicó que la empresa propietaria del piso parecía solo un “señuelo”. El PP ganó las elecciones el 20 de noviembre de 2011. Pero aún queda un mes para el cambio de Gobierno. El 29 de noviembre, Villarejo y González se reúnen en una cafetería madrileña, escándalo destapado de nuevo por El Mundo hace unos días. 

Fue el comisario quién convocó la reunión. Duró 43 minutos y Villarejo, acompañado de otro comisario, Enrique García Castaño (jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), es decir, de los servicios de escucha de las investigaciones), grabó el encuentro. Villarejo es un viejo zorro. Grabaciones que también se han filtrado ahora a la prensa, aunque solo algunos minutos seleccionados. No obstante, el cambio de Gobierno calmó las aguas. Fernández Chico, quien encargó la investigación del ático, murió el 27 de enero de 2012 y Agapito Hermés, que solo podía reportar a Villarejo, guardó en su despacho un informe preliminar de lo averiguado. En marzo de 2012, salta a la prensa que la Policía investigaba el ático. Y el comisario Agapito, solo sin el paraguas del ya fallecido Fernández Chico, informa el 23 de marzo al nuevo número 1 de la Policía, Eugenio Pino, de las pesquisas “reservadas y secretas” que le encargaron. También denuncia que el informe que hizo ha desaparecido de su despacho y ha aparecido en la prensa.  

En abril de 2012, la Unidad de Asuntos Internos eleva un informe señalando que Agapito había seguido su investigación sin haber informado de la misma a ninguno de sus superiores, muchos de los cuales habían cambiado con la llegada del nuevo Gobierno. También, que los resultados de esta investigación habían sido infructuosos. ¿Quién es el jefe de Asuntos Internos? Marcelino Martín Blas. Villarejo y Marcelino se llevan a matar. El jefe de Asuntos Internos había involucrado al hijo de Villarejo en la trama china de Gao Ping, y todo porque el hijo de Villarejo, que tiene una empresa de ambientadores, había mantenido contactos telefónicos con algunos de los chinos implicados. El 18 de abril, la Dirección General de la Policía informaba de que había abierto un expediente disciplinario al comisario Agapito, relevado del cargo. Le caen diez días sin empleo y sueldo, pero no por efectuar una supuesta investigación ilegal (así la había calificado ya el ministro), sino por perder el informe de las pesquisas. 

Aquí entra en liza un nuevo protagonista, José Manuel Sánchez Fornet, entonces secretario general del sindicato policial SUP, un sindicalista guerrillero que no rehúye el combate. Junto con Agapito, la Policía había abierto expedientes a tres agentes de su equipo, dos de ellos afiliados al SUP. Empieza una nueva batalla. El SUP amenazó al entonces comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, con llevarle a los tribunales si no ordenaba una investigación oficial sobre el dúplex de González. El 8 de junio de 2012, la UDEF explica que lo que hizo Agapito “son comprobaciones ordinarias de Policía Judicial”. Otro informe de la UDEF del 18 de junio de 2012 ya expone que se “aprecian algunos aspectos que inducen a pensar que en la operación de compraventa pudiera estar tratándose de ocultar la identidad de las personas que ocultaron el inmueble, así como el origen de los fondos utilizados”. La UDEF solicitó nuevas diligencias. El caso se le iba de las manos a González, que mueve sus hilos. El 3 de julio, Rodríguez Ulla es destituido. Y González llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2012 tras pasar su último verano como arrendatario en el piso de Estepona.  

Acto tercero. El desagüe judicial. Un juzgado de Estepona investiga desde octubre de 2012 quién es el verdadero dueño del ático y de dónde proceden los fondos con los que Rudy Valner compró el inmueble. Hay tres acusaciones populares, el SUP, el gran impulsor del caso; el Partido Socialista de Madrid; y la Asociación de Afectados de Telemadrid (los extrabajadores despedidos por el ERE). Ya se sabe, la venganza es un plato que se sirve frío. Esta asociación ha aportado a la causa una elaborada “relación indiciaria” de 700 páginas que dejan entrever una posible relación entre el pago de comisiones de Enrique Cerezo a Ignacio González tras la adjudicación de contratos y concesión de licencias a diferentes empresas del primero, que se cuantifican en 306 millones de euros. 

Pero en este caso la justicia es lenta, más que nunca. El juzgado lleva 29 meses sin hacer grandes progresos. Todo va lento y extrañamente torpe. Pongamos un ejemplo. El juzgado solicitó el 9 de julio de 2013 a la Policía de Estepona que emitiera una comisión rogatoria a Reino Unido para recabar información sobre el banco londinense de Rudy Valner. La Policía obedeció y emitió la comisión el 12 de julio a Interpol Manchester. Pero este respondió el 18 de julio que él no era el órgano competente para recibir la petición, “ya que Reino Unido no admite la vía Interpol para la tramitación de comisiones rogatorias”. Hay que hacerlo vía Ministerio de Justicia. Vuelta a empezar. Sin olvidar que toda comunicación al extranjero debe pasar por el Gabinete de Intérpretes adscrito al juzgado. Y con Panamá, las acusaciones han encontrado un duro hueso de roer. La Fiscalía General de ese país ha tumbado en varias ocasiones la solicitud judicial procedente de España para obtener información de la empresa Waldorf Overseas, ya que en Panamá la evasión fiscal no es delito.

Resumiendo, ¿qué es lo que queda? Casi todo. Tres comisiones rogatorias a Panamá, Reino Unido y EE.UU.; peticiones de información a Caixabank, Barclays, Bankia, Banco Santander y Banco Popular; informes al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, al Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de EE.UU., al Crimes Nacional Agency (CNA) del Reino Unido, a la Unidad de Inteligencia Financiera de Panamá y al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado. 

Casualidades del destino, más rápida va la instrucción en el juzgado número 47 de Madrid, donde hábilmente recayó la denuncia que puso González en 2013 a los policías que le investigaron como una pieza separada del también famoso ‘caso de los espías’. El titular de este juzgado es Adolfo Carretero, hermano de Agustín Carretero, hoy alto cargo de la Comunidad de Madrid. Agustín Carretero también es famoso por salir en prensa. Hace días se publicaron unas grabaciones, otra vez las malditas grabaciones, que revelaban que Carretero intentó sobornar con un puesto de trabajo que doblaba su sueldo a uno de los imputados clave en la causa que investiga el espionaje a varios altos cargos del PP de Madrid con fondos públicos.  

Para González, es clave que la causa del 47 se dirima antes que la del 5 de Estepona. Si el comisario Agapito es condenado como autor de una investigación ilegal, se podría aplicar la teoría de la “fruta del árbol envenenado”, según la cual, si el origen de una investigación es ilegal todo lo demás es nulo de pleno derecho. Es decir, si se condena al policía que lo investigó, se podría anular el caso del ático.

Acto cuarto. El desagüe político. ¿Cómo llegó a Fernández Chico la información de que González y su esposa disfrutaban de un dúplex de lujo en Estepona de dudoso origen? Seguramente el propio González está intentando averiguar quién le traicionó. Hay varias teorías. La primera, que un cable de la oficina de Interpol en París (Francia) llegó a la Policía española pidiendo ayuda para que investigara a tres ciudadanos rusos, que traficaban con droga, y que se alojaban en la urbanización Alhambra. La investigación de las casas del complejo llevó a la mujer de Ignacio González, así como a la de un vehículo alquilado. En cambio, los comisarios Villarejo y Agapito Hermés ya han declarado en el juzgado 47 que Fernández Chico les habló de un delator dentro de la trama Gürtel, sin dar nombres, aunque ese testimonio no está judicializado ni aparece en los casi 800.000 folios de sumario. Fernández Chico se llevó su secreto a la tumba. 

Elisa Pinto Romero, la dermatóloga que ha denunciado por acoso sexual a Javier López Madrid, yerno del empresario Villar Mir, ha desvelado recientemente que López Madrid le confesó en su momento que había contratado al comisario José Villarejo para unos asuntos por recomendación expresa de Francisco Granados, en prisión provisional por el caso Púnica. Algunas fuentes hablan de una venganza de Granados, gran enemigo político de González. Granados podría habría ido con el cuento directamente a Villarejo, aunque otras fuentes apuntan a que pudo contárselo a Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, que habría solicitado a su amigo Fernández Chico que realizara una investigación discreta al respecto. Sea como fuere, el secreto y lujoso nido del “pájaro” González fue descubierto. 

“Todo lo que le ha pasado a González en los últimos días es culpa suya, por ir judicialmente contra el comisario Agapito”, señalan fuentes del caso. Este, para defenderse en la causa que se sigue contra él, aportó la minuta que Villarejo había confeccionado tras su cita con Ignacio González en noviembre de 2011 y acreditar así que no hizo ninguna investigación ilegal. Esa minuta, incluida en el sumario, acabó, cómo no, en El Mundo, al igual que las grabaciones, que no forman parte del sumario. A partir de ahora, comienza otra historia, que está por escribir y que con toda seguridad también discurrirá por las cloacas del Estado.