El pasado mes de diciembre ocurrió algo que pasó casi inadvertido: la Junta de Andalucía vendió 70 inmuebles de su propiedad al fondo de inversiones WP Carey, una operación por la que ingresará 300 millones de euros. La Administración regional continuará ocupando dichos inmuebles para el uso administrativo al menos durante 20 años, por lo que abonará 23,6 millones de euros anuales. La Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, un céntrico palacete, por ejemplo, forma parte de la operación, y nos encontramos al Gobierno regional inquilino de un fondo de inversión en su propio territorio. La Junta defendió su operación por la posibilidad de mantener los servicios públicos con estos ingresos y por la flexibilidad que introducen estas operaciones de compra y venta de inmuebles públicos.

En febrero del pasado año se hizo público el dato correspondiente a 2011 por el cual el PIB de la economía andaluza vuelve a estar por debajo del 75% de la media de la UE, en concreto el 73%, dato por el que volvería a ser objetivo 1, en lugar de “en transición”, como pasó a considerarse en la negociación del marco 2014-2020. Desde el año 2007 hasta 2011 Andalucía perdió 8 puntos de convergencia, que fueron 9 en el caso de España, que se encuentra en un 96% de esa renta media. En el marco señalado, Andalucía recibirá 9.357 millones en fondos europeos, un 22% menos que en el anterior, 2007-2013.

Es imposible no leer estas dos noticias sin un gesto de contrariedad, de fracaso, como si al final de muchos esfuerzos e impulsos Andalucía volviera a la casilla de salida, comprobando que en la confianza y el crecimiento había algo de espejismo, como si hubiéramos naturalizado la ayuda europea cuando quizás era una excepción que en el fondo encubría una debilidad que sigue ahí y que ha emergido con especial crudeza con la crisis. Quizás la realidad no es tan rotunda, y en Andalucía se dan los dos rostros que emergen en debates como los que vemos en estos días en la campaña electoral, o con frecuencia en las páginas de los periódicos: la Andalucía que dilapida, que invierte en infraestructuras prescindibles o fuera de escala, que no llega a convertir en inversión realmente productiva los fondos allegados; o la Andalucía que ha dejado de ser una excepción, que ha avanzado en su reconversión hacia la sociedad del conocimiento, que muestra pautas similares a otros países europeos. Estas líneas procurarán dilucidar en algo este dilema, aproximarnos a una realidad que en alguna medida seguirá siendo inasible, objeto de debates encendidos.

Convergencia

Es indudable que ha habido un proceso de convergencia europea en estos años, proceso que ha formado parte del acercamiento general de la economía española a las medias europeas y con intensidades similares, siendo así que nos encontramos con una práctica ausencia de este fenómeno si tomamos como referencia Andalucía y el Estado español. Así, en 1985 [1], Andalucía tenía un PIB per cápita equivalente al 52,92% de la Europa de los 15, cifra que se mejoró  con un ritmo medio de un punto por año entre 1985 y 2004, año en que fue del 71,27%. Es indudable que esta evolución se ha visto favorecida por los fondos europeos, que entre 1986 y 2013 supusieron una inversión de 40.985 millones de euros, con una media de 1.463 millones de euros anuales. Pero esta evolución positiva, que ha remozado las ciudades, dotado de infraestructuras al territorio, y generalizado la educación y la asistencia sanitaria gratuitas, no ha conseguido transitar con decisión hacia un nuevo modelo económico, más allá de la profunda desagrarización [2] culminada en estos años en favor del sector servicios, desagrarización que no evita que la aportación al PIB del sector sea casi el doble que en España, el 2,26% en 2012, relación que se da también en la población activa agraria, del 4,4%. Por cierto, que este sector acogió a 125.000 personas en el “desempleo agrario” erróneamente denominado PER, en 2012. Ni se ha culminado dicho proceso ni se ha acabado con el auténtico hecho diferencial andaluz, la alta tasa de paro, en torno a diez puntos por encima de la media nacional, y en la actualidad en torno al 34%.

Otros datos del desarrollo

Pero muchas cosas han cambiado. Así, entre 1990 y 2010 el número de investigadores creció de 8.828 a 25.097; aunque tras los recortes Andalucía se encuentre tan solo en el 1,06% del PIB destinado a investigación, un 1,24% en España. En el mismo periodo  el número de centros educativos [3] pasó de 4.255 a 10.000, el número de profesores creció un 50%, esfuerzo con el que se ha conseguido una universalización de la educación obligatoria casi total. Siendo esto así, las evaluaciones de los informes PISA y otros de carácter internacional muestran que no faltan problemas, ni déficits en la formación que hoy día se imparte en Andalucía. Quizás mejor valoración cabe hacer de lo que probablemente sea la joya de la corona de la Andalucía contemporánea, el sistema de salud. Desde 1984, en que tienen lugar las transferencias de las competencias sanitarias, hasta la actualidad se crea un sistema que integra o sustituye  multitud de centros dependientes de variadas instituciones públicas y privadas que articula la atención primaria a través de una amplia red de centros de salud, con desarrollos punteros en determinados segmentos, y una atención general que encuentra entre la población altos niveles de satisfacción

Algo más que datos

La Andalucía de hoy es distinta, y también lo es el momento y la expectativa con la que encara su futuro. Si recordamos los discursos desde mediados de los ochenta, en Andalucía se concentra una intensa confianza en la autonomía y la democracia recién estrenada, Europa como espacio de referencia y aspiración, y algún que otro mito que ayudó a construir un buen relato, como fue el de “la California del Sur de Europa”. Este relato tuvo como continuador el que el gobierno regional denominó “ la segunda modernización”, un programa elaborado en los primeros años de la década de 2000, y que quizás sea el último articulado por la clase política andaluza, que en el nivel regional ha estado hegemonizada siempre por el PSOE-A (no así el municipal, en el que el PP-A lleva años controlando las principales ciudades). En él aparece ya la sociedad del conocimiento como eje vertebrador, en cualquier caso, una propuesta bastante genérica aplicable a cualquier país de nuestro entorno, que además ha sido arrollada por la dura crisis económica. Por si esto fuera poco, la generación política que todos estos años protagonizó estas transformaciones ve ahora cuestionados a sus más destacados referentes, algunos de ellos imputados por casos de corrupción, corrupción que lleva cientos de imputados en casos como ERE o EDU.

Por tanto, contamos ahora con una sociedad más articulada, con adecuados niveles de formación, y ciudades generalmente bien dotadas, pero llevamos ya prácticamente diez años en los que las élites políticas han sido incapaces de reformular proyecto alguno, y todo suena ya a una repetición de los mitos fundacionales, en los que cierto andalucismo institucional está teniendo particular presencia. Europa, comúnmente aceptada por los andaluces como un marco político positivo para Andalucía, no es capaz ya de generar entusiasmos, la democracia que perciben los ciudadanos tampoco (las valoraciones sobre las instituciones y la clase política de los barómetros de opinión del último lustro son demoledoras),  y la utopía tecnológica comienza a perder credibilidad, ante las desigualdades y continuas burbujas que están caracterizando la economía financiera,  que están situando a Andalucía en una situación de auténtica emergencia social.

Este vaciamiento del proyecto político y social se ve ahora sacudido por la reconfiguración política que parece a punto de iniciarse en todo el Estado, y que tuvo su antecedente en las pasadas elecciones europeas. El 22 de marzo se enfrenta este PSOE más enrocado y huero que nunca pero con un fuerte liderazgo y sólida presencia social, un Partido Popular que no consigue llegar a los andaluces, un Podemos que suma a la propuesta populista articulada por sus promotores cierto relato de la Andalucía no oficial (economía social, jornalerismo), y un Ciudadanos y UPYD que improvisan sus cuadros en una comunidad que no se ha caracterizado por el protagonismo de burguesías liberales profesionales. La noche del domingo comenzaremos a saber quién va a gestionar esta Junta de Andalucía de alquiler y de nuevo objetivo 1. Lo que sí parece claro es que los nuevos relatos requerirán de más negociación y reflejarán una mayor diversidad que los anteriores, que no bastará una labor tecnocrática de gabinete para que Andalucía retome el hilo que en algún momento perdió.

[1] Comunicación ‘Los retos del nuevo marco de la política de cohesión: concentración temática y especialización inteligente’. El caso de Andalucía: Luis Palma,Ignacio González Vázquez,: Francisco Yépez Muñoz (Universidad de Sevilla)
[2] Pérez Yruela, Manuel.  Un relato sobre identidad y vida buena en Andalucía (CENTRA,  2014)
[3] Bolívar Botia, Antonio. ‘La Educación y los servicios educativos: balances y retos futuros’ en La Transformación de Andalucía 1990-2010 (IECA2014).