Nadie puede discutir a los políticos de la Transición el mérito de haber transformado en menos de dos años una dictadura militar en una democracia plena. Pero esos mismos políticos tienen que asumir la pesada carga de haber puesto en marcha un sistema de partidos sin ningún control eficiente de sus finanzas, lo que ha convertido el cohecho en una práctica ordinaria. En este caso no hubo ni reforma ni ruptura, solo una simple transformación de los sobornos individuales del antiguo régimen en comisiones encaminadas a la tesorería de los partidos. Al amparo del estado de necesidad de unas fuerzas políticas que venían de la nada, se creó una red que ha inundado de corrupción la vida pública de este país.

El informe de la Agencia Tributaria que equipara las donaciones ilegales recibidas por el PP con las de Cáritas o Cruz Roja, con el propósito de blanquear la caja B del partido del Gobierno, es el último escarnio a una ciudadanía cuya ética fiscal sufre continuas agresiones por parte de quienes deberían predicar con el ejemplo. Esta realidad trae causa de una teoría profundamente arraigada en el seno de los partidos: que siendo degradante el enriquecimiento individual a costa de las arcas públicas, no lo es la recaudación ilegal de fondos para el partido, actividad que incluso debería merecer cierto reconocimiento de sus camaradas.  

Este principio adquirió carta de naturaleza pública en el seno del PSOE en los años de plomo de la última legislatura de Felipe González, en los que se acuñó que Luis Roldán era un ladrón, porque saqueó los presupuestos de las casas cuartel, mientras que el diputado Carlos Navarro y el senador Josep Maria Sala eran unos probos socialistas que a través de Filesa cobraban para el partido por informes falsos de consultoría. De hecho, el exsenador fue acogido en 2004 en la Ejecutiva del PSC después de haber cumplido dos años de prisión.

Diez años después Felipe González sigue anclado en esa filosofía, que recuerda mucho, aunque suene duro decirlo, a la doctrina Berlusconi. En su última entrevista en El País, el exlíder socialista se muestra preocupado porque un amigo de cuya honestidad personal no tiene duda –Manuel Chaves- pueda ser excluido de las listas electorales por su imputación en el reguero de escándalos de Andalucía. Pero al expresidente no le merece una sola reflexión la ominosa herencia que la financiación ilegal de los partidos ha dejado sobre el conjunto de la sociedad en términos de desmoralización pública, de continua generación de dinero negro y de encarecimiento abusivo de los contratos públicos.

Los prohombres del 78 se quejan de que los partidos emergentes se muestren hipercríticos con la herencia recibida. Seguramente la convivencia de siglas sería más civilizada en el tablero político que se vislumbra si los padres de la Constitución aceptaran alguna enmienda severa a su legado. Y por encima de reformas necesarias a la ley electoral, el Estado de las Autonomías o el Senado, nada parece hoy más urgente que recuperar el crédito de nuestros representantes políticos mediante el establecimiento de mecanismos rigurosos de rendición de cuentas que en la medida de lo posible garanticen su probidad.

Sostiene González que los partidos saben cuándo una persona no merece ir en sus listas y remite este tipo de decisiones a un código de autorregulación. Si algo han demostrado los partidos políticos en los casi 40 años transcurridos desde la muerte del dictador es que sus procedimientos de depuración interna no merecen la confianza de los ciudadanos y que es preciso someterlos a normas fijadas con precisión y controladas por órganos externos.

Lamenta González el caso de Demetrio Madrid, primer presidente socialista de Castilla y León, que a mediados de los 80 dimitió para ser juzgado por un delito del que sería absuelto. El suyo debería ser justamente el ejemplo a seguir. Quizás las cosas habrían discurrido de otra manera si Alfonso Guerra hubiera dimitido en cuanto trascendieron las andanzas de su hermano Juan. La incógnita se puede resolver pronto. ¿Pagarán sus herederos la factura de unos padres fundadores que nunca supieron conjugar la expresión “responsabilidad política”?