El pasado mes de marzo tres investigadores de prestigio publicaron un artículo en el diario El País titulado Por qué nos fuimos (y por qué volveríamos). En poco más de 10 párrafos, Jordi Bascompte (Premio Nacional de Investigación 2011), Carlos Duarte (que recibió idéntico galardón en 2007) y Óscar Marín (Premio Jaume I de Investigación 2011) explicaban las razones que les han llevado a abandonar el sistema español de ciencia para continuar sus investigaciones en Suiza, Arabia Saudí y Reino Unido, respectivamente.

Los tres justifican su salida por el mal momento que está pasando la institución para la que han trabajado en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero lo cierto es que los problemas del CSIC son muy similares a los del resto de organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos que componen el sistema público de ciencia y tecnología, que está atravesando su peor momento de nuestra historia reciente.

Para llegar a este punto en el que algunos de los mejores científicos abandonan el país hay que echar la vista 30 años atrás, cuando en España vio la luz la Ley de la Ciencia, aprobada en 1986. Se trataba de una normativa que buscaba reorganizar y potenciar el sistema español de I+D, renovando estructuras, impulsando la creación de nuevos centros e instalaciones, facilitando la incorporación de investigadores, reforzando la actividad internacional.

A ese momento de cambio le siguieron 20 años de crecimiento sostenido, jalonado por el desarrollo de grandes instalaciones científicas, desde el Observatorio del Roque de los Muchachos a la Plataforma Solar de Almería, pasando por el Sincotrón Alba y la Red Española de Supercomputación, entre otros, además de decenas de parques científicos y tecnológicos e institutos de investigación. Nuevas y potentes herramientas y recursos que aprovecharon con entusiasmo una nueva generación de investigadores que aportaban al sistema los éxitos de su trabajo: publicaciones, reconocimientos internacionales, patentes…

Sin embargo, un elemento de la ecuación no crecía a la velocidad esperada: el gasto del sector privado en I+D. Las inversiones de los gobiernos central y autonómicos aumentaban, se incorporaban investigadores a los centros públicos, crecían los índices de calidad de las publicaciones, el número de tesis doctorales y, en general, todos los indicadores apuntaban a que en el primer cuarto del siglo XXI convergeríamos con Europa en materia de I+D. Pero en las empresas no se vivía esa alegría por contribuir a generar conocimiento y, sobre todo, a trasladarlo al PIB en forma de productos y servicios nuevos o sustancialmente mejorados.

Entre los años 2008 y 2010 se tocó techo, también en cuanto a recursos disponibles. Curiosamente, coincidiendo con la gestión de una nueva normativa que vino a sustituir a la de 1986 para dar un nuevo impulso modernizador al sistema: La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación aprobada en el Congreso en 2011.

Se había cerrado un ciclo virtuoso de crecimiento que bien pudo haberse completado con un Premio Nobel que reverdeciera los laureles de Ramón y Cajal y Severo Ochoa, y que estuvo a punto de obtener Juan Ignacio Cirac por sus trabajos sobre la computación cuántica. Pero de pronto alguien quitó la música y se encendieron las luces. 

Los últimos cinco años han supuesto un empobrecimiento constante para el sistema español de ciencia y tecnología, con un descenso sostenido de las inversiones públicas y privadas, la paralización de nuevos proyectos y el deterioro y/o abandono de algunas instalaciones, como el Parc Científic de Girona, que entró en concurso de acreedores a comienzos de este año, o el Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias del CSIC, un proyecto millonario e inacabado cuya estructura sin terminar simboliza el final de esa belle époque científica en Alcalá de Henares.

Pero las instalaciones no son lo más importante. Hay un elemento que funciona como auténtico eje motriz del entramado científico y que ha sido golpeado con fuerza: los recursos humanos. Entre 2010 y 2013 el número de personas dedicadas a I+D en equivalente a jornada completa ha caído en 18.714, lo que supone un descenso del 8,4%. Sin una alternativa en el sector privado, la tan publicitada fuga de cerebros, en la práctica imposible de cuantificar, ha llevado a miles de investigadores (jóvenes en su mayoría, pero también seniors) a emprender la aventura científica en otros países de Europa, América y Asia. Como consecuencia de esto, los grupos de investigación de universidades y centros de investigación se han reducido y envejecido de forma considerable en muy poco tiempo.

Pasar una temporada de formación en el extranjero es casi una obligación para cualquier investigador. Los doctores de todas las disciplinas científicas son animados a completar sus conocimientos y vivir una experiencia en un entorno distinto, generalmente al concluir el tercer y último ciclo de su formación universitaria. Ese sistema es igual en la mayoría de los países de nuestro ámbito y está demostrado que funciona.

El problema es que, desde finales de la década pasada, ese modelo sigue funcionando para salir de España, pero se convierte en un embudo a través del que es muy difícil regresar. Y los investigadores lo saben. 

Para solucionar esta situación se han puesto en marcha algunos mecanismos con desigual fortuna. El más conocido, el Programa Ramón y Cajal, lleva desde 2001 ofreciendo contratos quinquenales en centros públicos a investigadores brillantes, de cualquier nacionalidad, que quieran trabajar en España y acrediten un alto nivel de excelencia. El problema, endémico desde su creación y solo parcialmente resuelto, es que muchos de ellos vuelven a marcharse al término de esos cinco años ante la imposibilidad de consolidar su carrera aquí. Y, por otro lado, el número de plazas ofertadas ha pasado de más de 700 al año a poco más de 100 a causa de los recortes presupuestarios, que han supuesto un descenso del 40% de la inversión pública en I+D en los últimos cuatro años.

Otras iniciativas orientadas a fomentar la contratación de doctores en el sector privado, como el Programa Torres Quevedo, no han terminado de funcionar por la razón apuntada anteriormente: las empresas españolas no destacan en innovación y eso lastra el desarrollo de todo el sistema. En el conjunto de la inversión en I+D, la aportación de las empresas ha sido siempre inferior a la de las administraciones públicas. Paradójicamente, ese equilibrio se ha invertido en el último año, pero motivado por el desplome de la inversión pública.

Los presupuestos de 2015 han supuesto un respiro en los recortes, al tiempo que la estricta cuota de reposición de empleados públicos, que en el caso de universidades y centros de investigación ha impedido el recambio de miles de investigadores seniors, regresa a porcentajes razonables.

En estos cinco años malditos han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, el modelo de financiación pública de los proyectos de investigación está girando de un sistema en el que el grueso de los fondos iba directamente a los grupos de investigación, como ayudas directas, a otro en el que cada vez más dinero, en forma de créditos a bajo interés, se destina a las empresas para que estas contraten a los investigadores del sector público y se potencie la I+D empresarial. Esto ha motivado, entre otras cosas, que la mayor parte del presupuesto para el fomento y coordinación de la investigación científica y técnica y desarrollo tecnológico industrial sea en forma de este tipo de créditos. Y también que una cifra cercana al 50% de los 3.477 millones presupuestados en 2014 no se llegue a ejecutar.

Ante semejante panorama, muchos investigadores han redoblado sus esfuerzos para tratar de obtener fondos a través de Horizonte 2020, el macroproyecto europeo de financiación de I+D dotado con 77.028 millones de euros para el periodo 2014-2020. Y lo están consiguiendo: el porcentaje de retorno de fondos a través de este programa para los investigadores españoles está por encima del 11%, solo superado por alemanes (16%) y británicos (15%). 

Estamos ante la posibilidad de salir del quinquenio negro de la ciencia en España, pero para ello será preciso que administraciones y empresas incrementen el esfuerzo inversor en I+D. Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación en el último Gobierno de Zapatero y actual presidenta de la Fundación Cotec, lo decía hace unos días en Barcelona: "Necesariamente tiene que haber un punto de inflexión presupuestaria", porque el sistema “no tiene capacidad para soportar más recortes”.

La ciencia, cuyas fronteras se expanden al ritmo de los avances de los nuevos descubrimientos, ha encontrado un nuevo límite que determina el futuro no solo del propio sistema y de sus integrantes, sino de todo el país: el dinero. Sin ciencia no hay futuro y sin dinero no hay ciencia.

Mientras las cosas cambian, seguiremos esperando a que el flujo de talento se invierta, con la esperanza de que, más pronto que tarde, investigadores como Bascompte, Duarte y Marín regresen a casa.