Es llamativo y, como poco, sorprendente que algunos medios de comunicación y determinados periodistas hayan intentado desviar el foco del caso Rato hacia vertientes peculiares y peligrosas. Por ejemplo: quién filtró que el exvicepresidente se acogió a la amnistía fiscal en el año 2012 y que ahora estaba siendo investigado por blanqueo de capitales; a quién interesaba esa filtración; qué hacía Vigilancia Aduanera deteniendo a Rodrigo Rato en el centro de Madrid (¿no son estos chicos los que cogen tabaco falso en las aduanas?); cómo es posible que la mano derecha de un funcionario cincuentón apareciera por encima de la otrora cabeza privilegiada del señor Rato, como si fuera un vulgar pederasta o un narcotraficante. Algunos, incluso, han hilado más fino y entre las tinieblas del caso han llegado a ver “sombras socialistas” tras el espectáculo mediático que supuso el arresto de Rato y el registro de su casa y de las sedes de varias de sus empresas. La veda parece que está abierta. Apunten y disparen… al funcionario.

El Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT), mayoritario en Hacienda, ha tenido que alzar la voz muy molesto porque se haya puesto a la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (la DAVA) en el cadalso público cuando los agentes de la DAVA solo hicieron lo que les ordenaron: prestar apoyo operativo en la detención de Rato. SIAT asegura que habría que inventar la figura jurídica de “prevaricación periodística” tras lo leído y escuchado estos días. Su servicio jurídico estudia emprender acciones legales contra la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, que criticó el trato recibido por Rato en las horas que estuvo detenido, como si fuera un vulgar pederasta o un narcotraficante.

Los ataques han sido constantes. El director de La Razón, Paco Marhuenda, al que los funcionarios de Vigilancia Aduanera llaman “Paco meriendas”, ha puesto énfasis en la presencia de agentes de Vigilancia Aduanera en Madrid, la capital, tierra de secano, como si estos veteranos agentes (la media de edad de la plantilla del cuerpo es de 50 años) estuvieran fuera de su hábitat natural deteniendo a todo un exjefazo del Fondo Monetario Internacional en el barrio de Salamanca. Para rematar la faena, el diario ABC parece haber encontrado la clave del asunto: Jesús Asenjo, un jefe de área de la Subdirección de Operaciones de Vigilancia Aduanera, estuvo en la detención de Rato y en los registros. Y, ¡eureka!, va en la candidatura del socialista Antonio Carmona a la Alcaldía de Madrid. Todo claro, pues. Disparen al funcionario.

Porque para desviar el tiro, hay que apuntar a otro objetivo. Y la mira telescópica, en estos momentos, pasada la tormenta inicial, tiene a los 1.800 funcionarios de la DAVA en su punto de mira. Para ser concretos, a los 20 agentes de la Brigada Móvil Central que el pasado jueves 16 de abril participaron en la detención de Rodrigo Rato. Analicemos los hechos. El ministro Montoro (de él depende la Agencia Tributaria, y por tanto, Vigilancia Aduanera) conoció a finales de 2012 que su antiguo jefe, Rodrigo Rato, se había cogido a la amnistía fiscal. En marzo de 2013, a Montoro le informaron de que, además, Rato también había rellenado el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Y en este caso, no había ningún tipo de amnistía si esos bienes no habían sido previamente regularizados ante Hacienda. Lo que al parecer había pasado. Rato había mentido al acogerse a la amnistía, al no declarar todo lo que tenía que haber regularizado. Para complicar la madeja, la Agencia Tributaria realizaba a mediados del año 2013 una investigación distinta en la que casualmente apareció una empresa fuertemente vinculada a Rato. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (la ONIF), la élite de Hacienda, tuvo que abrir entonces el “expediente Rato”. Para ser rigurosos en el relato, Jesús Asenjo, el funcionario de la DAVA que va en la lista del PSOE, está adscrito a la ONIF. Y para ser rigurosos, en junio de 2013, casualmente, el entonces jefe de la ONIF, Santiago Menéndez, pasaba a ser director de la Agencia Tributaria.

Rato había mentido al acogerse a la amnistía, al no declarar todo lo que tenía que haber regularizado

A finales de 2013 solo un grupo muy reducido de funcionarios de la ONIF, entre los que no estaba Jesús Asenjo, y un grupo aún más reducido de altos cargos de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, entre los que estaban la directora de la ONIF, Mar García-Valdecasas; la inspectora jefe de Investigación de la ONIF, Ángela Carrasco, y, obviamente el ministro Montoro, conocían el “expediente Rato”. No entraba en ese grupo, por ejemplo, la delegada de Hacienda en Madrid, Raquel Catalá, hermana del actual ministro de Justicia. Para mantener estanca la investigación, ni siquiera se hicieron pesquisas sobre las cuentas bancarias del exvicepresidente para no alertar a las entidades financieras. El Sepblac, la unidad de inteligencia fiscal del Ministerio de Economía, no recibió una copia del “expediente Rato” hasta febrero de 2015. El martes 14 de abril, el diario Vozpópuli soltaba la bomba y el titular elegido no era baladí: el Sepblac (no la ONIF) investiga si Rodrigo Rato cometió blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal. En enero de 2015 otro protagonista entró en liza. La ONIF acudió a la Fiscalía Anticorrupción para intentar judicializar el caso. No hubo suerte en esos momentos.

Lo que está claro es que si no se hubiera filtrado la noticia el 14 de abril, la ONIF no hubiera acudido el miércoles 15 a la Fiscalía de Madrid para que presentara una denuncia ante un juzgado de guardia para ordenar la detención de Rato y el registro de ocho direcciones. Publicada la noticia, era importante el efecto sorpresa para evitar que se destruyan pruebas. Es ese miércoles cuando la ONIF recurre a Vigilancia Aduanera, la policía fiscal, cuyos agentes actúan como policía judicial y que obviamente van armados (con una pistola KH, la misma que utiliza la Policía Nacional), factor este último que ha supuesto una sorpresa para algunos afamados tertulianos.

Noche en el calabozo

La precipitación es tal que el jueves 16 por la mañana el responsable de la DAVA aún no había comunicado al jefe territorial de Madrid que sus agentes van a participar por la tarde en la detención de Rodrigo Rato. “Se enteraron pocas horas antes”, señalan fuentes solventes. Se tuvo que montar incluso rápidamente un dispositivo de seguimiento al ex director gerente del FMI, dispositivo que fue detectado por los policías nacionales que Interior puso hace ya tiempo como escolta permanente para Rato. Las mismas fuentes explican que fue la ONIF, que depende directamente de Hacienda, es decir, de Montoro, la que se puso en contacto ese mismo jueves con la Policía Nacional para que la comisaría de Chamberí, situada en la calle Rafael Calvo, reservara un calabozo para esa misma noche para un detenido.

Al final no hizo falta. La Fiscalía finalmente no apoyó el traslado de Rato a comisaría. Como la figura de la retención no existe, Rato fue detenido solo unas horas para que conociera sus derechos, no entorpeciera en los registros (en ningún momento lo hizo), y sobre todo para que la opinión pública tuviera la impactante foto de un Rodrigo Rato, serio pero sereno, arrestado y rodeado de agentes y cámaras de televisión. “Se le trató correctamente, no se le esposó, y no se le rozó cuando entró en el coche. Fue un movimiento protector, no humillante, para que no se diera un golpe. Como se hace con todos los detenidos”, argumenta desde Vigilancia Aduanera.

Desde la DAVA sí están bastante estupefactos por la sorpresa que ha provocado la presencia de sus agentes en Madrid en una operación de blanqueo de capitales. Su sede central está en Madrid, donde desarrollan decenas de operaciones de fraude y blanqueo. En Madrid está el aeropuerto de Barajas, una de las principales aduanas españolas, y en la capital, la DAVA, por ejemplo, controla si los bares del barrio de Huertas ponen garrafón, o si los restaurantes madrileños no cometen fraude en el IVA (acaban de pillar a uno muy famoso que solo facturaba las operaciones con tarjeta, las de efectivo las pasaba a una contabilidad B). Vigilancia Aduanera no solo asalta barcos repletos de cocaína y hachís en alta mar o intercepta contenedores en los puertos marítimos llenos de tabaco falso procedentes de China, también participa en complejas operaciones económicas, como los casos Pokemon (el mayor sumario de corrupción instruido en Galicia, que afecta a políticos del PP y del PSOE), Pujol y Nóos. De hecho, en el último año, Vigilancia Aduanera ha estado presente en 136 operaciones de blanqueo y 29 de fraude.

El último en aparecer en escena ha sido el omnipresente Federico Jiménez Losantos, que maneja diestramente su micrófono como si fuera una metralleta. Él lo tiene claro, y ya ha disparado contra la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y su verdugo Cristóbal Montoro, a los que acusa de montar la operación Rato. El ministro de Hacienda es “la inquisición fiscal al servicio del proyecto de Soraya de ser la candidata del PP en las elecciones generales de noviembre sobre los escombros del Partido Popular”, dijo Losantos en antena. Otros, en Hacienda, también acusan a Montoro, al que ya llaman el “llanero solitario” a lomos de un caballo desbocado, de ser el capo en la sombra, el que ha desencadenado todo. Mientras, la veda sigue abierta. Pueden disparar al funcionario.