Desde hace unos días resulta complicado leer algo que no sea Grecia. El miedo que reflejan los grandes medios alegra a los que en Bruselas negocian con un pueblo que no tiene nada que perder. Es difícil añadir algo al debate, contar una cifra que no se pierda entre la espiral de información y percepciones de los enviados especiales. A riesgo de simplificar y de que la opinión venza a la objetividad, es tan sencillo como que tres organismos no elegidos por el pueblo --eso es Europa-- decidan su devenir. Ningún gobierno puede salirse de la línea, una dieta de austeridad y recortes sociales que han lastrado lo que algunos aún definen como Unión Europa. Una dieta enfermiza que pretende ser combatida con los mismos alimentos. Como si la Troika --ese nombre tabú-- pensara que la economía es como una resaca, que se quita bebiendo más alcohol.

La protesta, si como ocurrió en Grecia se ejerce en las urnas, se controla cortando el grifo de la economía. Y si se produce en las calles, como lleva años ocurriendo en la España del austericidio vestido de corbata, se pone una mordaza disfrazada de traje de seguridad.

Los trabajadores y trabajadoras de Coca Cola llevan en la calle más de 18 meses, han vivido todo ese tiempo en la puerta de la fábrica que les arrebataron entonces con su lugar de trabajo. 400 manifestaciones después, se preguntan dónde están los políticos que ponen banderas gigantes defendiendo España y consienten que una empresa se ría de su justicia. Ellas y ellos tienen cuatro sentencias a su favor, la última del Tribunal Supremo hace unos meses. También tienen hijos y el derecho, aún, de estar con ellos. "Dónde están los políticos y la justicia cuando nos están matando", decía Gema, con la voz entrecortada, días antes de que se dictara la Ley Mordaza.

"Por muchas leyes que aprueben, que se enteren de que vamos a seguir en las calles luchando por nuestros derechos y por que se haga la justicia que nos han otorgado. Somos personas y tenemos derecho a que nos escuchen", exclamaba Gema, ahora sí, al borde del llanto.

Desde el 1 de julio, el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre. El 1 de julio entró en vigor la ley por la que muchos ya han perdido la legitimidad de protestar cuando se produce una injusticia. Los trabajadores de Coca Cola, a los que grandes medios privados ayudaron a callar, son sólo un ejemplo más. Como lo son esos 74 días que estuvieron en huelga indefinida los empleados de contratas, subcontratas y autónomos de Telefónica --compañía que mantiene en nómina a un imputado por los ERE de Andalucía-- para tumbar el contrato que la multinacional firmó y que supone nuevos recortes. Gerardo Tecé pone sobre estas líneas otras cinco historias reales que podrían verse afectadas por la entrada en vigor de la nueva norma.

Pero la mordaza que el Gobierno decretó con mayoría absoluta no sólo afecta a los trabajadores, a los ciudadanos valientes que les apoyan y a los medios que les dan voz, sino también a las organizaciones que tratan de llevar la protesta más lejos. Pongamos el ejemplo de Greenpeace o  Amnistía Internacional, cuya forma de hacerse ver ante los ministros de turno son eventos llamativos que desafían sus políticas, muchas veces al servicio del interés privado. Ahora lo pagarán caro, aunque no tengan recursos para hacerlo. Y ahí está la clave.

La Ley Mordaza es el intento de silenciar una mayoría que desprende hartazgo con cada manifestación, pero también un arma jurídica de defensa de los intereses de las grandes empresas. Y desgraciadamente no es la única. El movimiento de la #BrigadaTuitera lleva años luchando, no sin mucha publicidad, para tumbar la Ley de Tasas, por la cual, hasta hace poco, los ciudadanos debían abonar una cantidad desorbitada para iniciar un tratamiento legislativo.

Es decir, no podían protestar y tampoco denunciar, a menos que tuvieran dinero; difícil cuando la mitad de los españoles no puede ahorrar más de 100 euros al mes. Algo similar les ocurre a las ONG, para las que la tasa sigue siendo obligatoria, y a quienes España ya ha recortado un 70% de su ayuda al desarrollo en cuatro años. Por último, la reforma del Código Penal, la punta que cierra el triángulo neoliberal y cansa los derechos de los ciudadanos.

Los griegos han sufrido hasta la extenuación unas políticas que ahora les quieren volver a imponer y toman un día tras otro las calles, como si esa fuera su única oportunidad. España, ese país "serio" del que presume su presidente, ya ha perdido el derecho. Grecia puede elegir decir no en un referéndum. Aunque, como dice la ministra española de Agricultura, Isabel Tejerina, "las urnas son peligrosas".