Gürtel, Aneri o Púnica no bastaron para que la Asamblea de Madrid iniciara en los últimos años una sola investigación con la que depurar responsabilidades. El Partido Popular ha conseguido que la corrupción, protagonista de la actualidad política, se paseara por la Cámara de Vallecas sin apenas consecuencias. Esta impunidad, sustentada en una mayoría absoluta con la que el PP, ahora en minoría, ha bloqueado discusiones e iniciativas incómodas, peligra a partir de ahora con la puesta en marcha de diversas comisiones de investigación amparadas por toda la oposición.

No solo la corrupción: la privatización sanitaria, Caja Madrid, Eurovegas, Telemadrid, la Memoria Histórica, el Canal de Isabel II o la polémica sobre el ático de Ignacio González son algunos temas que la Mesa del hemiciclo, controlada por el PP, bloqueaba o retrasaba, torpedeando hasta hacer prácticamente imposible el control de la oposición al Gobierno de la Comunidad. Mucho menos hacer que los populares asumieran responsabilidades políticas.

UPyD, ausente hoy en el hemiciclo madrileño tras las últimas elecciones autonómicas, llegó a presentar seis recursos ante el Tribunal Constitucional por las continuas negativas de la Mesa a debatir o votar algunas de estas cuestiones. Hasta la fecha, el Alto Tribunal ha dado la razón en cinco de los seis recursos a la formación magenta, que espera el veredicto del sexto.

“Todo lo que era polémico nos lo vetaban, y luego a los siete meses se debatía cuando ya había pasado el interés mediático”, apunta Ramón Marcos, número dos de UPyD en la pasada legislatura. “Era un puro ritual”, apostilla Mauricio Valiente, diputado de IU en Vallecas durante la pasada legislatura y ahora tercer teniente de alcalde de Manuela Carmena. “Decían que no se precisaba el tema y cuando se precisaba te argumentaban que no tenían competencia”, explica. “¡Si es que les pedías información y no te la daban! Yo ya casi ni la pedía porque sabía que no me la iban a dar”, sostiene José Manuel Freire, del PSOE.

Los comicios del pasado 24 de mayo revirtieron esa situación. El PP volvió a ser la fuerza más votada, sí, y conservó el gobierno en la Puerta del Sol gracias al apoyo brindado por Ciudadanos, pero la formación liderada en Madrid por Ignacio Aguado no ha tardado en recordarle a Cristina Cifuentes su comprometida situación. La oposición tiene, veinte años después, las llaves para abrir puertas controladas hasta ahora por el Partido Popular. Y no ha tardado en empezar a abrirlas.

Sendas propuestas de los dos partidos que se estrenan en la Asamblea, Podemos y Ciudadanos, han dado pie a un pacto de toda la oposición (también el PSOE) para iniciar dos comisiones: una dedicada a examinar el endeudamiento y la gestión del gasto de la Administración autonómica durante los últimos años y otra de investigación de los casos de corrupción (los conocidos y los que pueda descubrir la primera comisión). Una auténtica fiscalización política de los dos gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

En busca de irregularidades en los modelos de gestión

La primera de las comisiones estudiará el modelo de gestión llevado a cabo por el PP, y analizará si el engrosamiento de la deuda autonómica está relacionado con unas prácticas ineficientes o con irregularidades en los contratos. La deuda ha pasado de 10.073 millones en 2006 (un 5,6% del PIB regional) a 24.632 millones a finales de 2014 (un 12,5%), aumento que la oposición relaciona con “sobrecostes vinculados con el modelo de contratación”.

En el punto de mira de la comisión estarán las cesiones y concesiones de suelo público al sector privado en el ámbito de la educación, los sistemas de formación gestionados por la Comunidad, la implantación de sistemas informáticos en la administración y los procesos de subcontratación con otras empresas. Sin embargo, la sanidad será presumiblemente la ‘estrella’.

El PP verá cómo su modelo privatizador de la sanidad se examina, en una de las facetas por las cuales los sucesivos gobiernos de Aguirre y González defendían su implantación: su supuesta mayor eficiencia y el menor coste para el ciudadano. En virtud del escrito presentado por la oposición, se analizará el sistema de concesión y colaboración con el sector privado en hospitales y otros servicios, la contratación de material sanitario, así como los efectos económicos de la organización por distritos sanitarios.

También se pone en duda una de las prácticas que más polémica genera: la derivación de pacientes del sistema público a centros privados. Por último, se analizará el grado de implantación del sistema de compra centralizada dentro del Servicio Madrileño de Salud.

La comisión, que inicia su actividad tras su aprobación en el primer pleno de la legislatura el jueves 9 de julio, contará con el trabajo de auditorías externas realizadas por el sector privado, así como con la colaboración de la Cámara de Cuentas. El portavoz de Podemos, José Manuel López, cuyo partido ocupará la presidencia de la comisión encargada de analizar la deuda, ha explicado que “es necesario saber qué ha pasado y por qué nos hemos endeudado tanto. Si es por ineficiencia o porque se han cometido irregularidades; en este caso, pasarán por la comisión de investigación”.

La Asamblea investigará la corrupción por primera vez en diez años

La comisión a la que aludía López es la otra pata de la factura que la oposición pretende pasar a los dos últimos gobiernos populares en Madrid: una investigación sobre la corrupción política e institucional en la Comunidad. La primera que tendrá lugar en más de diez años en una región, epicentro de la Gürtel y origen de la Púnica, salpicada periódicamente por esta lacra.

Por mucho que el PP se escude en 139 iniciativas desarrolladas en la Asamblea en materia de corrupción, lo cierto es que la última comisión de investigación dedicada a estos menesteres fue la que trató de esclarecer sin éxito si existía algún procedemiento ilegal tras la ‘espantada’ en 2004 de los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

Fue el caso conocido como el ‘Tamayazo’, que dio al traste con el único y breve paréntesis de veinte años de mayorías absolutas del PP e inauguró la presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad. La propia Aguirre nombró presidente de aquella comisión a Francisco Granados, hoy en prisión acusado de ser uno de los cerebros de la trama Púnica.

Once años después, se intentará determinar responsabilidades políticas por todos los casos que han ido destapándose en los últimos ocho años. “Son ocho años porque fue en 2007 cuando la Fiscalía Anticorrupción levanta la liebre del caso Gürtel”, especifica Dolores González, diputada de Ciudadanos en la Asamblea.

“Queremos debatir las responsabilidades políticas independientemente de las responsabilidades penales y temas que pueden estar en juicios, porque siempre se escudan en el tema judicial para poder evadirse de las responsabilidades políticas. Queremos ver a políticos defendiendo su trabajo político frente a políticos ejerciendo su función de control”, subraya.

Esta comisión iniciará sus pasos más tarde, en octubre, junto al resto de comisiones ordinarias de la Asamblea, y al igual que su ‘hermana’ tendrá un rasgo significativo: para poder funcionar y pronunciarse deberá llegarse a acuerdos de más de dos partidos (salvo que se llegue entre PP y PSOE) debido al reparto de los 18 miembros que compondrán cada comisión (6 del PP, 5 del PSOE, 4 de Podemos y 3 de Ciudadanos, que ocupará la presidencia, mientras que el PSOE se encargará de ambas secretarías). Una muestra más de los inevitables cambios que previsiblemente experimentará la Asamblea.

La oposición ya ha mostrado su intención de cambiar el reglamento de la cámara y convertirla en el centro de la actividad política en Madrid. “Justo lo contrario de lo que es ahora”, según López. Por el momento, se espera que los plenos no se desarrollen en una sola sesión, que se acababa alargando hasta altas horas de la noche, alejándose de la repercusión informativa. “Hacía falta un cambio de actitud y ya solo por no tener la mayoría absoluta están obligados a pactar”, apunta Mauricio Valiente, concejal hoy de Ahora Madrid, que gobierna en minoría el ayuntamiento de la capital.