En la campaña de las elecciones catalanas de 2006, Artur Mas resumió en 21 puntos sus “compromisos con Cataluña” y los firmó ante notario. Entre las promesas de aquella campaña estaba el carné de catalanidad por puntos, una propuesta que le valió las críticas de sus oponentes. José Montilla, candidato del PSC, dijo que Mas se comportaba al más puro “estilo Berlusconi”; Josep Piqué, del PP, que pretendía establecer catalanes de primera y de segunda, y UGT habló de medida “discriminatoria e inconstitucional.” Joan Saura, líder de ICV, la tachó de “barbaridad descomunal”, y Josep-Lluís Carod-Rovira, entonces candidato de ERC, la catalogó de “hipócrita y poco seria”. Este último partido y algunos miembros de ICV van hoy en la misma lista de Mas y han elaborado un programa en el que apenas mencionan la inmigración, asunto que para el resto de formaciones tampoco parece prioritario.

Más de tres millones de inmigrantes llegaron a España entre 2001 y 2006 y cuando Mas llevó sus propuestas ante notario, el paro y la inmigración eran, según el Barómetro del CIS, los principales problemas para los españoles. En Cataluña, Mas no ganó las autonómicas y un gobierno tripartito compuesto por PSC, ICV y ERC elaboró un Pacte Nacional per a la Immigració al que se sumó CiU gracias a un cambio de última hora: que se exigiera a los extranjeros tener la residencia permanente para poder votar. El pacto se renovó en 2012, con un gobierno convergente, pero para los comicios autonómicos de ese mismo año la inmigración ya había empezado a desaparecer de la agenda política. Joan Subirats, catedrático de Sociología, lo atribuyó a que el soberanismo empezaba a coparlo todo.

Alba Cuevas, directora de SOS Racisme: “El tema de la independencia ha fagocitado los demás. Y no es que la situación de los inmigrantes se haya normalizado, pues lo que ha hecho la crisis es complicarla”

En aquellos años surgieron varios medios de comunicación dirigidos a las comunidades de extranjeros: Sí, se puede, Latino, Raíz o Toumaï eran algunos de los que tenían delegación en Barcelona pero la crisis los hizo desaparecer a todos. Ahora no queda ninguno que informe específicamente sobre inmigración y la agenda política catalana ha aparcado este y otros temas de la prensa generalista. Alba Cuevas, directora de SOS Racisme, cree que la situación que anunciaba Subirats se ha ido acentuando: “Desde entonces, el tema de la independencia ha fagocitado los demás. Y no es que la situación de los inmigrantes se haya normalizado, pues lo que ha hecho la crisis es complicarla”.

Necesidades específicas

Tal como indica Cuevas, la crisis ha provocado situaciones de pobreza sobrevenida en muchas familias, situación que en el caso de los extranjeros puede comportar, además, una situación de ilegalidad sobrevenida. Esta realidad se confirma en el Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) del sindicato CCOO adonde cada vez llegan más inmigrantes en situación irregular. “En 2014 se produjo un aumento de cinco puntos porcentuales respecto a 2013”, reza la última memoria publicada por el sindicato.

Los extranjeros tampoco sufren el desempleo de la misma manera. A principios de 2013 la cifra de paro entre los no nacionales fue del doble (40,6%) que la de los autóctonos (20,7%) en Cataluña. Desde el Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (Quit) de la UAB alertaban en 2014 de que el desempleo de larga duración afecta a un 51,4% a los inmigrantes, mientras que entre los nacionales es del 34,7%. En el mismo estudio, se habla de la dificultad para reincorporarlos a la vida laboral y del riesgo que tienen de caer en una “estigmatización y aislamiento social indeseables.” Es cierto que en 2014 hubo un repunte en las afiliaciones a la Seguridad Social de los extranjeros pero la trampa en este caso estaba en otro lado: la precariedad laboral, que según UGT, afecta más a los extranjeros pues muchos aceptan condiciones inadmisibles para no perder su permiso de trabajo y de residencia.

La falta de trabajo comporta otros problemas al inmigrante. Por ejemplo, no poder buscarlo en otro país. Tal como informa el CITE, para ir a otro Estado de la Unión Europea a buscar un empleo es necesaria la tarjeta de larga residencia, que sólo se puede solicitar con un contrato de trabajo en España. Se habla mucho de los catalanes que salen fuera a buscar trabajo pero se dice menos que nueve de cada diez son extranjeros que en la mayoría de los casos regresan a su país de origen amparado por alguno de los programas de ayuda al retorno. Cataluña es la comunidad, sólo por detrás Madrid, que más extranjeros perdió en el último año.

Cómo atraer al inmigrante hacia el independentismo

Pero Cataluña, como el resto de España, no sólo ha perdido extranjeros y la pérdida de población es algo que, como indicaba un informe de la Fundació Nous Catalans, vinculada a CDC, preocupa a quienes trabajan por conseguir un Estado propio. Quizás por eso en 2006 años se pedía un carné de catalanidad y ahora se pide a los extranjeros apoyo para construir un país. Àngel Colom, presidente de la entidad, reconoce que ha invertido todos los esfuerzos y recursos en difundir información sobre la independencia entre las asociaciones de inmigrantes.

ERC también se ha dedicado a abonar este campo y ha incorporado un candidato de origen marroquí, Chakir El Homrani Lesfar, que ocupa el número 15 de la lista de Junts pel Sí, posición que le garantiza un escaño. El trabajo que hace en este sentido la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) también es evidente, pues cuenta con una sectorial de inmigración dirigida por el presidente del Casal Argentino, Diego Arcos, que ha realizado actividades similares a las de Colom aunque con menos tiempo y presupuesto.

Esos recursos se intensificaron durante la campaña de la consulta del 9 de noviembre de 2014. La votación se abrió a los mayores de 16 años y para los extranjeros se hicieron dos grupos: los comunitarios, que sólo debían acreditar un año de residencia, y los extracomunitarios, que debían acreditar tres. En total, más de 1.100.000 personas con derecho a participar, es decir, un 18% de todos los llamados a votar. En la práctica, sin embargo, sólo se registraron algo más de 2.300 extranjeros, una cifra muy alejada de los 400.000 que Àngel Colom previó en su día.

Se sabe poco de qué piensan los inmigrantes. Ningún colectivo vota en bloque y la única encuesta que da alguna información sobre la postura de los extranjeros de cara a la independencia es de 2012

Se sabe poco de qué piensan los inmigrantes de este asunto. Ningún colectivo vota en bloque y la única encuesta que da alguna información sobre la postura de los extranjeros de cara a la independencia es de 2012. Procede del Sondeo de Opinión que elabora el Institut de Ciències Polítiques de Catalunya (ICPC), vinculado a la Universitat Autònoma de Barcelona y dice que si se convocara un referéndum de independencia, un 31,2% de los extranjeros estaría a favor, un 30,3%, en contra y un 29,9% no iría a votar. Para las elecciones del 27 de septiembre la cifra de extranjeros con derecho a voto se reduce mucho en relación al 9N: poco más de 250.000 extranjeros podrán elegir el partido que los gobierne y que convierta, o no, a su tierra de acogida en un país independiente.

Medidas supeditadas a un Estado propio

Las competencias de la Generalitat en materia de inmigración son principalmente de acogida, pero desde 2011 también asumen las autorizaciones de trabajo. Precisamente la escasez de competencias ha sido uno de los escudos en los que CiU se ha guarecido para hablar poco del tema. “El gran argumento de Junts pel Sí para no hablar de políticas sociales durante la campaña ha sido que éstas son imposibles sin un Estado propio”, escribía Nuria Alabao en estas mismas páginas.  “Cuando no son las competencias es la falta de dinero. El partido que hasta hace poco estaba en el Govern supedita la situación de los inmigrantes a la independencia, pero también ERC”, opina la directora de SOS Racisme, Alba Cuevas. Para Cuevas, hay otro asunto que pone sobre la mesa el tema de la inmigración: la crisis de los refugiados que vive Europa. “Y este no es un tema de competencias porque la Generalitat las tiene en asilo y, sin embargo, la partida económica que destina a los refugiados es ridícula”, expone la responsable de esta ONG que se queja de que también el resto de partidos toca el tema de pasada.

Para las elecciones del 27 de septiembre la cifra de extranjeros con derecho a voto se reduce mucho en relación al 9N: poco más de 250.000

Efectivamente, los programas electorales para las elecciones del 27 de septiembre sólo citan a los inmigrantes, proponen alguna cosa pero no entran en detalles. La coalición Junts pel Sí habla de crear una ley de extranjería catalana, reforzar la Agencia de Migraciones y consolidar el sistema de integración y acogida de la Generalitat. Todo para cuando Cataluña tenga un Estado propio. “¿Y cómo va a ser esa ley? ¿Cómo van a ponerse de acuerdo partidos tan dispares en temas migratorios como ERC, ICV y CDC? Y aunque hablen en futuro, es el momento de que especifiquen cómo se van a desgranar esas promesas si finalmente Cataluña consigue la independencia”, dicen desde SOS Racisme. 

Propuestas vagas o ya realizadas

La CUP propone algunas cosas más concretas y en sus redactados se contempla la posibilidad de seguir siendo una comunidad autónoma. Espacios en colegios y medios de comunicación para las lenguas que hablan los extranjeros y “plenos derechos para las personas inmigrantes” son las dos referencias al tema que hay en su programa. El voto, sin embargo, lo limita al ámbito local: “Así se garantizará que en Cataluña, ya sea en la futura República Catalana o en un marco autonómico, las personas extranjeras, mediante la política municipal, puedan gozar de los mismos derechos políticos, civiles y de recursos y servicios que el resto de la población.”

Catalunya Si que es Pot es la única que recoge algunas medidas adaptadas a la realidad de los extranjeros y que todavía no existen. Por ejemplo, la de pedir la gratuidad de los trámites para evitar que la extranjería “sea recaudatoria”. Otro de los puntos en los que ponen mucho hincapié desde los sindicatos también está recogido en el programa de esta coalición: la homologación de títulos académicos. Y también se extienden en las campañas de sensibilización en medios de comunicación y colegios para conseguir una integración plena. Es la formación que más espacio dedica a la cuestión y la que entra en más detalles aunque no precisa cómo gestionarían la legalización de todos los migrantes en la República Catalana que la coalición defiende.

Unió Democràtica de Catalunya también tiene un apartado en su programa dedicado a la inmigración. Uno de sus puntos dice así: “Conseguiremos que la Generalitat de Cataluña sea la administración que gestione la totalidad de las autorizaciones de permisos de extranjería, conjuntamente con los de trabajo”. El resto de sus promesas hace referencia a cuestiones de acogida pero todas están contempladas ya en el Pacte Nacional per a la Immigració vigente.

El PSC, artífice de dicho pacto cuando encabezaba el tripartito, cita tres veces a la población extranjera en su programa. “Impulsaremos el ejercicio de la plena ciudadanía, garantizando los derechos políticos y sociales de la población inmigrada”, dice uno de los puntos. En el otro se limita a decir que garantizarán que los inmigrantes conozcan las dos lenguas oficiales de Cataluña. También dice que su formación apuesta por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) pero esa apuesta ya está jugada: en julio Cataluña se convirtió en la primera comunidad autónoma en aprobar una resolución para exigir al Gobierno español que cierre los CIE. Y el PSC también la apoyó.

El discurso del miedo

Quienes no la firmaron fueron Ciutadans ni el PP. Los primeros también dedican un bloque a hablar del asunto pero se limitan a adherirse a la normativa europea ya existente y a hacer declaraciones de buenas intenciones sin propuestas ni contenido concreto. Un ejemplo: “valorar sus contribuciones. Hay que facilitar la inserción social, laboral y empresarial al inmigrante que se encuentra en situación legal, ya que con sus aportaciones contribuye a generar riqueza y bienestar en el país de acogida.”

El PP la incluye en un apartado que ha titulado “Libertades” y en el que hace alusión a su discurso habitual sobre derechos y deberes de los inmigrantes. Los populares también garantizan que los extranjeros que no cumplan la ley serán expulsados y prometen ser contundentes contra el yihadismo limitando “la financiación extranjera de los centros de culto” y pidiendo “expulsión de los líderes comunitarios que hagan apología de la violencia”.

El candidato popular, Xavier García Albiol, es el único que hace referencia constante a la inmigración tal y como hacía cuando era alcalde de Badalona. No ha llegado al extremo de Alicia Sánchez Camacho, su antecesora, que en la campaña de 2010 se convirtió en Alicia Croft, una heroína de videojuego en el que aparecía matando inmigrantes ilegales. “Albiol sigue jugando con el discurso de la xenofobia”, dicen en SOS Racisme y, de hecho, la Fiscalía contra delitos de odio y discriminación lo investiga por amenazas racistas entre los comentarios de los usuarios recogidos en su página de Facebook.