El jueves 15 de octubre miles de personas comenzaron a llegar a Bruselas para participar en las Euro Marchas. Mientras en buena parte de los medios españoles aparecía la noticia de la detención de 30 personas, en las instituciones europeas tenía lugar un trabajo político fundamental. Por un lado, el Consejo Europeo se preparaba para la cuarta cumbre sobre refugiados, esa emergencia humanitaria para la que aún no hay solución a la vista; y por otro, en el Parlamento se cocinaba la nueva estrategia de Comercio de la Comisión Europea para los próximos cuatro años, con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa como controvertido telón de fondo.

“Damas y caballeros. Me complace estar aquí hoy con ustedes, en Praga, para hablar sobre el TTIP”. Así comenzó su intervención, el pasado 5 de junio, la comisaria de Comercio de la CE, Cecilia Malmström. Aquel día, el argumentario institucional introdujo por primera vez de forma abierta la expresión “derechos humanos” para defender los valores del comercio transatlántico, y por ende, del TTIP.

La alocución de Malmström no ofrecía fisura alguna. “Se escribe TTIP, pero se pronuncia Derechos Humanos”, parecía decir la ministra europea responsable de que el tratado llegue a buen puerto. Las Naciones Unidas y diversas organizaciones expertas en política europea sostienen la posición opuesta.  

El pasado julio, Alfred-Maurice de Zayas (La Habana, 1947) descuartizó las bucólicas palabras de la Comisaria Europea en un informe elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “La protección de inversores choca con los derechos humanos”, afirmaba De Zayas, abogado estadounidense nombrado experto independiente de la ONU para la promoción de un orden internacional democrático en 2012.

Mecanismos de protección para multinacionales y TTIP

Eso que la Comisión denomina “protección de inversores” es un mecanismo contemplado en el TTIP con el nombre de ISDS, o ICS, según la nueva propuesta de la Comisión Europea. El mecanismo permite que un inversor demande a un Estado si este legisla contra sus beneficios presentes, “e incluso futuros”, según recogen las filtraciones de Wikileaks sobre el último acuerdo transpacífico (TTP) firmado por Estados Unidos con 12 países del Pacífico.

 "El TTIP es un tratado bochornoso, que va contra los principios de Naciones Unidas”, afirma De Zayas

Las empresas coinciden en que esa protección es necesaria para garantizar las ganancias. “Si nosotros ganamos, generamos empleo y la ciudadanía se beneficia”, señala como en bucle el argumento corporativo. “Existe el riesgo de que esto cale entre los negociadores de los acuerdos”, dice De Zayas. “Pero habría algunos grandes perdedores, es decir, el resto de nosotros”, añade el relator de la ONU en declaraciones a CTXT.

A pesar de que, en su informe, el también escritor e historiador no se refiere explícitamente al TTIP sino a los tratados de libre comercio en general, De Zayas se muestra muy concreto en el cara a cara. “El TTIP es un tratado bochornoso, que va contra los principios de Naciones Unidas”, afirma, con el artículo 103 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en la mano.

De Zayas ha acudido esta semana desde Ginebra a la capital europea con motivo de la celebración de las Euro Marchas, movilizaciones que demandan una Unión en la que “primen las personas antes que el capital”.

Sus críticas a los mecanismos de arbitraje que exige Estados Unidos se apoyan en el premio Nobel Joseph Stiglitz, e incluso en el Papa. También en Devinder Sharma, expresidente indio de la agencia de calificación Standard & Poor ’s, que sostiene “que el libre comercio está matando a los agricultores en la India”.

“Lo llaman ISDS y lo adornan con nuevos nombres para defender mecanismos que llevan años sentenciando a millones de personas en los países pobres”, señala De Zayas. Tras una pausa para degustar una cerveza, añade: “El concepto de Estado de derecho desaparece si se crea una justicia paralela a la que hemos desarrollado desde hace 200 años”.

Los referentes intelectuales de De Zayas llevan años denunciado la deriva neoliberal de las políticas europeas. Pero sus críticas son marginadas del debate público “por los medios en manos del capital privado, que no les dan voz”, explican distintas fuentes consultadas.

Lo llaman ISDS y lo adornan con nuevos nombres para defender mecanismos que llevan años sentenciando a millones de personas en los países pobres”, señala

Ahora, el informe del relator de la ONU han hecho temblar los cimientos del argumentario de la Comisión, y empujan con ímpetu para que la redacción final del TTIP, cuya negociación se reanuda el 19 de octubre en Miami, respete realmente los derechos humanos.

Mark Dearn, del área de campañas de la ONG War on Want, es uno de los encargados de que el TTIP sea objeto de debate en Reino Unido. Sus ideas nutren a grupos locales de todo el país. Sobre el “atolondrado” intento de la Comisión de asociar los valores transatlánticos con los derechos humanos, Dearn se pregunta: “¿Por qué Estados Unidos y la Unión Europea no obligan a las corporaciones a someterse a la jurisdicción ordinaria?”.

Tratados de Derechos Humanos, no; de Libre Comercio, sí

Dearn recuerda que, en junio de 2014, la ONU lanzó, a petición de Ecuador, Bolivia, Cuba, Sudáfrica y Venezuela, la iniciativa Tratado de los Derechos Humanos y los Negocios, que proponía regular específicamente las actividades de las multinacionales en relación con los individuos y los derechos fundamentales.

Veinte países votaron a favor de la resolución; en su mayoría Estados africanos, como Congo o Etiopía, y tres potencias emergentes: India, China y Rusia. “Los países africanos ya no quieren firmar más tratados que contengan el mecanismo del ISDS”, explica Mark Dearn desde Londres. “Saben que está destruyendo los derechos humanos, pero los grandes aliados occidentales siguen anteponiendo la defensa de los inversores”, añade.

Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o Austria, así como Estados Unidos, están entre los 14 países que votaron contra la iniciativa multilateral. Desde Ginebra, María Muñoz, directora de programas de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, explica que la delegación de la Comisión Europea puso en marcha una estrategia para bloquear el acuerdo en Ginebra. “Estuvieron todo un día simplemente para establecer la agenda de ese día. Fue desesperante”, señala.

Las afirmaciones del informe De Zayas chocan con la postura de la Comisión, expresada en su nueva estrategia de Comercio presentada el 14 de octubre. “Apoyamos la implementación de los Principios Rectores de la ONU para empresas y derechos humanos y alentaremos a las empresas transnacionales a cumplir con estos principios”, afirma el punto 4.2, referido a la defensa y promoción de estos derechos.

Según Alfred de Zayas, esa declaración es “una farsa”. “Están sentando las bases para que los tratados internacionales sigan violando los derechos humanos”, dice. “Más allá del juego retórico de la Comisión, no hay compromisos vinculantes”.

“Protección de inversores obligatoria en el TTIP, sí. Pero cláusulas que garanticen los derechos humanos en los tratados, no”, le dijo el 15 de octubre la eurodiputada verde Ska Keller a Cecilia Malmström en la comisión de Comercio.

“Hemos escuchado con atención el debate y los europeos no quieren ver comprometidos sus derechos”, respondería posteriormente la comisaria en una conversación de pasillo con CTXT.

Al ser preguntada explícitamente por el mecanismo ICS (nuevo nombre del ISDS) y su relación con los derechos humanos, Malmström insistió a este medio en que la nueva propuesta europea sobre el ISDS pondrá fin a esas críticas.

“Mienten de nuevo”, replica Alfred de Zayas. “La Comisión obvia lo más simple, el ISDS sigue siendo el elefante en la habitación: no es necesario.”

De fondo, la soberanía nacional

Las críticas al TTIP no son “una campaña populista de los activistas”, dijo en el aula el presidente de la comisión de Comercio Internacional, el socialista Bernd Lange. Las preocupaciones sobre la pérdida de soberanía que supondrá el TTIP son cada vez más patentes en el seno de las instituciones europeas. El eurodiputado alemán Helmut Scholz, de la Izquierda Unida Europea (GUE/NGL) señaló a CTXT que es evidente que el tratado “tendrá implicaciones directas para los derechos de los ciudadanos y sobre la soberanía de los Estados para ejercerlos”.

Más allá de las palabras, están los hechos. En 2011, Australia presentó una de las legislaciones más duras del mundo en relación a los paquetes de tabaco. Trató de obligar a los fabricantes de cigarrillos a suprimir sus marcas y vender su producto en envases de color marrón con advertencias sanitarias. Tras el intento fallido de las tabacaleras por revertir la legislación en los tribunales ordinarios, Philip Morris recurrió al ISDS, apelando a un acuerdo comercial de 1993 entre Australia y Hong Kong --donde tiene su sede Philip Morris Asia--, y demandó al gobierno de Canberra. El caso aún está pendiente de resolución, pero se estima que los contribuyentes australianos han tenido que desembolsar el equivalente a 34 millones de euros en gastos de abogados solamente en la primera fase del litigio.

Por otra parte, en Europa, la compañía eléctrica sueca Vattenfall ha recurrido a los ISDS para reclamar al gobierno alemán 4.500 millones de euros. La decisión bávara de eliminar gradualmente la energía nuclear se produjo después del accidente de Fukushima de 2011. Vattenfall exige daños y perjuicios por el lucro cesante que le produciría el cierre prematuro de la planta.

Alfred de Zayas sabe tanto sobre orden internacional que no puede parar de hablar. Tiene 65 pajaritas distintas y desde hace 25 años presume de ellas por los pasillos de las Naciones Unidas en Ginebra. Sus palabras derrochan conocimiento. “Algunos políticos europeos no se dan cuenta de que el resto del mundo les observa y ve la hipocresía reflejada en su mirada”, concluye el relator, antes de despedirse con una comparación odiosa y seguramente excesiva: “Hitler nunca creyó que fuera malo. Tampoco Europa piensa que su compromiso con los derechos humanos es un espejismo. Pero lo es”.

En todo caso, lo fundamental es que su informe abren la puerta a que cualquier particular demande el TTIP ante los tribunales ordinarios, ya que, según afirma, “el tratado vulnera sin duda la actual legislación internacional sobre derechos humanos”.