Europa se ha retratado esta semana. Una vez más, y lo ha hecho a gritos: postrándose al dictado del poder financiero de la Troika al ignorar al pueblo griego; pero también en silencio, aceptando ceder a las grandes empresas la soberanía de los ciudadanos europeos a los que representan. 

Martin Schulz y Jean-Claude Juncker, presidentes del Parlamento y de la Comisión Europea,  respectivamente, y dos de los hombres con más influencia en la Unión, optaron por la política del miedo con Grecia. Tanto el primero, cuando alertó de que si Grecia votaba ‘No’ en referéndum debería introducir otra moneda, como Juncker, que pidió el sí tras apelar al temor: “No hay que suicidarse por tener miedo a la muerte”. 

Más allá de Grecia, el Tratado de Libre Comercio que negocia en secreto la UE con EE.UU., el conocido como TTIP (por sus siglas en inglés) o Tratado de Piratería Empresarial, por su verdadera intención. 

Esta semana ha sido clave para el devenir de este Acuerdo Transatlántico, y más, después de la fractura socialista que se produjo hace unas semanas y que estuvo a punto de tumbarlo. Las recomendaciones del Parlamento Europeo no son vinculantes, pero sí poseen un gran valor simbólico de cara a ser ratificado. Por ello, el 8 de julio se votó el informe que finalmente se aprobó gracias al pacto entre los grupos socialistas (PSE) y conservadores (PPE).  

El gran problema y la dicotomía que dividió en su momento a los socialistas --que preside el citado socialista germano, Martin Schulz-- es si aceptar los tribunales secretos de arbitraje (ISDS por sus siglas en inglés) y postrarse a las grandes empresas, o ponerse del lado de los ciudadanos y rechazarlos. A pesar de la propaganda del presidente del grupo socialista en el Parlamento, que propone tribunales públicos, los socialista cedieron y pactaron las enmiendas del Tratado de Piratería Empresarial. A sabiendas, claro, de que EE.UU. no lo aceptará nunca.

Como tampoco dejará que los servicios públicos se abran a los inversores extranjeros. Los socialistas señalan de nuevo que su postura es la de respetar estos servicios, pero si el Tratado de Piratería Empresarial no contempla la privatización de los servicios públicos, ¿por qué lo primero que hizo Francia fue exigir que se excluyeran de la negociación los audiovisuales para proteger así su cine? 

Obviando que el Tratado es un traje a medida de las transnacionales y que los políticos europeos son sus sastres, otro de los argumentos que han señalado los grupos mayoritarios a la hora de apoyarlo es que se han dado pasos históricos en la transparencia.

La cruda realidad es que los textos que se negocian siguen escondidos al público, la posición de la UE en los aspectos es un secreto --como lo es el acceso a los documentos de los europarlamentarios, únicos políticos elegidos por los ciudadanos-- y que los negociadores del citado Tratado de Piratería Empresarial siguen reuniéndose a escondidas con los lobbies industriales --muchos además ni siquiera está inscritos en el Registro de Transparencia-- sobre temas que afectan a millones de europeos.

La entrada de más de 1.000 productos cosméticos ilegales, la venta de alimentos que no superen los estándares ecológicos y la regulación a la baja de los derechos laborales para adaptarse a los de EE.UU. son solo algunos ejemplos. 

La Unión Europea ha optado en un momento clave para defender a sus ciudadanos por acatar las órdenes de las empresas en cuyos consejos después se asienta. Ni Grecia necesita más medidas de austeridad, ni Europa un tratado de libre comercio que implica condicionar los beneficios de las grandes empresas a la soberanía gubernamental.